El fiscal Roberto Apullán reveló ayer que la investigación sobre el arreglo ficticio de móviles policiales, alcanza a toda la provincia y que "se conformó una organización ilícita con diferentes roles de sus integrantes". En esa línea reveló que "el civil arrepentido confesó que pagaba el 70 por ciento de lo facturado a la fuerza". Para ponerle cifras contó que Facundo Testi, el arrepentido, "manifestó que facturaba 100 mil pesos por mes a un área, imagínese si esto se amplía a otros sectores de la policía". El funcionario judicial está convencido que el ex jefe de policial Rodolfo Grau sabía de las irregularidades. "Es más, uno de los imputados manifestó que había sido presionado por el señor Grau por unos certificados que eran necesarios para cerrar todo el circuito de esta maniobra ilícita". Según un imputado, "esta situación irregular era conocida por toda la policía", y "los funcionarios que están involucrados sabían de esta irregularidad, ya que este proveedor era gráfico, mientras arreglaba autos y cambiaba repuestos de móviles policiales y lo hacía en la Unidad Regional I (URI) y en la Unidad Regional II (URII)", precisó el funcionario del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El caso tiene hasta el momento a tres personas en prisión domiciliaria: Rafael Grau (54) ‑exjefe de la Policía provincial‑, José María Leiva (50) ‑exjefe del D4‑ y Facundo Testi (40). Este último fue quien en la audiencia declaró bajo la figura del arrepentido.

Por otro lado, el juez Sergio Carraro dispuso medidas alternativas a la prisión para los otros imputados en la causa: Andrés Soto (39), Rodrigo Ruiz (28), Noelia Viscari (39) y Artemio Viscari (41).

En tanto, el magistrado ordenó que Ariel Villanueva, el efectivo policial al cual se le secuestró en uno de los allanamientos una suma total de 900.000 pesos, 60.000 dólares y cientos de euros, permanezca detenido en un penal provincial hasta que llegue el juicio.

Durante la audiencia desarrollada entre la tarde del lunes y la madrugada del martes en los tribunales de Santa Fe, en el marco de la causa que investiga los fraudes al Departamento de Logística (D4) de la Jefatura policial, uno de los imputados declaró ante el juez Sergio Carraro cómo era la metodología utilizada para estafar al Estado en los arreglos "truchos" de automóviles de la fuerza.

Así lo indicó Apullán, al revelar que el acusado de ser el jefe de la asociación ilícita, Facundo Testi, creó la maniobra fraudulenta y luego la presentó a la fuerza policial para concretar el delito. "Dio detalles sobre los roles de cada una de las personas y hasta habló del porcentaje de coima que le correspondía a uno de los funcionarios policiales", aclaró Apullán. "Habló de un porcentaje exacto de la coima que le daba a los funcionarios policiales", agregó el fiscal del Ministerio Público de la Acusación. "El 70 por ciento (del total de la coima) era lo que le daba al funcionario infiel", destacó Apullán en torno a cuánto cobraba y pagaba uno de los líderes de la organización para poder efectuar la maniobra ilícita denunciada. En ese sentido, afirmó que la estafa consistía en "facturar arreglos y compras inexistentes". Pero además agregó que la actividad podía ser más extendida: "Surgió con un proveedor que tenía una situación irregular, toda la policía lo conocía y se siguió trabajando con este proveedor", afirmó.

En ese sentido, Apullán expresó que el imputado manifestó que "la irregularidad era conocida por toda la policía de la provincia". Al ser consultado acerca de esa afirmación amplió: "No sólo está al tanto la jefatura de la provincia sino a nivel de la Unidades Regionales I y II".

Para Apullán, en otras palabras, "se le robó al Estado y para ello se ideó una organización. No son conductas de dos trasnochados", definió el fiscal.

Al ser consultado sobre el plazo en el que duró la actividad ilícita, Apullán fue tajante al momento de decir que "lo esencial es que se ideó una organización". "Es más, uno de los imputados manifestó 'yo armé el negocio y lo presenté a la policía'. Se ideó una organización para actuar sistemáticamente que, cuando hubo oportunidad de defraudar a la administración pública, se realizaba. No lo relacionemos con los 96 mil pesos", apeló con énfasis.