A pesar de la férrea resistencia de sus legisladores, Cambiemos no consigue evitar que el Congreso se convierta en caja de resonancia de los reclamos por la desaparición forzada de Santiago Maldonado y la represión a los pueblos originarios. Un grupo de diputados de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara Baja –con la ausencia del oficialismo– firmó una nota para acompañar la recusación del juez federal Guido Otranto (que interviene en la causa sobre la desaparición de Santiago) y su presidenta, Victoria Donda, viajará a Esquel para reunirse con integrantes de la Pu Lof en Resistencia de Cushamen. El bloque de diputados del Frente para la Victoria-PJ repudió el “violento desalojo” y la detenciones en tierras de la confederación mapuche en Vaca Muerta (Neuquén) y volvió a reclamar el tratamiento de la prórroga de la ley 26.160 (sobre la posesión de tierras de los pueblos originarios) que vence el 23 de noviembre y cuyo tratamiento Cambiemos bloqueó en la última sesión especial de la Cámara Baja. Mañana habrá también un debate público en el Salón Azul del Senado –promovido por Fernando “Pino” Solanas– en reclamo de la prórroga de la misma ley y de la que participarán comunidades indígenas. 

Los distintos bloques opositores firmaron ayer en la comisión de Derechos humanos de la Cámara baja una carta dirigida a la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia que acompañará el reclamo de la familia Maldonado de recusar al juez Otranto, por su parcialidad en la selección de las líneas de investigación y los “nulos” avances en la causa por la desaparición forzada de Santiago. La misiva fue firmada por Donda (LdS), Remo Carlotto (PpV-ME), Walter Santillán y Fernanda Raverta (FpV-PJ), Oscar Martínez (MPF), Facundo Moyano y Horacio Alonso (FR), y Pablo López y Juan Carlos Giordano (FIT).

La ausencia de algunos legisladores impidió que se alcanzara al menos un tercio de sus miembros presentes para firmar dictamen sobre un proyecto de Santiago Igon (FpV-PJ), para que la comisión se constituya en Esquel y realizar un seguimiento de las causas. De todas maneras, viajará la presidenta de la comisión. “Es importante que desde el poder legislativo, donde la mayoría de las visiones políticas que conviven en nuestro país están expresadas, tenga allí una presencia importante, observando el correcto desarrollo de la investigación de la justicia, y también de las fuerzas de seguridad, respecto las cuales es intolerable el grado de protección y falta de cuestionamiento a su accionar por parte del Ejecutivo nacional”, sostuvo Donda tras la reunión. La diputada de Libres del Sur se reunirá allí con el hermano del artesano desaparecido, Sergio Maldonado, y con Victoria Heredia, la abogada de la querella que representa a la familia Maldonado–, buscará reunirse con integrantes de la Pu Lof y solicitó una audiencia con la defensoría oficial y la fiscal de la causa.

En tanto, tras una reunión en el Palacio legislativo con representantes de los pueblos originarios, el bloque de diputados del FpV-PJ repudió “el violento desalojo” de la comunidad mapuche Fvta Xayen ubicada en Tratayen (cerca del yacimiento Vaca Muerta en Neuquén), y reclamó la “prórroga de la Ley 26.160, que declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas y suspende la ejecución de desalojos de las tierras”. El tratamiento de ese tema fue bloqueado por Cambiemos en la última sesión especial de Diputados, donde existen proyectos de los bloques, entre ellos cinco del FpV: de Héctor Recalde, Luis Basterra, Silvina Frana, Juan Manuel Pedrini y Daniel Di Stéfano.

Los representantes de los pueblos originarios expresaron ante los diputados su temor que si se cae la ley, muchas tierras rurales ocupadas por los pueblos indígenas podrían ser desalojadas y vendidas a empresarios o a diversos emprendimientos. “Este gobierno viene por nosotros, por nuestras tierras y por nuestros recursos”, advirtieron, al tiempo que denunciaron que en el desalojó violento de la Lof Fvta Xayen (en Neuquén) se llevaron detenidas a tres personas, y aseguraron que “han plantado falsas pruebas para ensuciar nuestra justa causa”.