Desde Santa Fe.
La desaparición de un preso de 32 años, Roberto Agustín Yrusta, cuando lo trasladaban desde la cárcel de Bouwer, en Córdoba hasta la de Coronda, donde encontró una muerte aberrante, en febrero de 2013, volvió a poner esta semana bajo la lupa al gobierno del Santa Fe y al Poder Judicial de la provincia. Ya en marzo de 2016, el Comité contra la Desaparición Forzada de Personas de Naciones Unidas había declarado que los "actos" que padeció Yrusta "durante más de siete días que siguieron a su traslado a Santa Fe constituyen desaparición forzada", exigió que se "procese, juzgue y castigue a los responsables de las violaciones cometidas" y condenó a la Argentina por impedir el acceso a la justicia de la familia del joven, que también es "víctima". El viernes, el Comité profundizó el "seguimiento" del caso, así que intimó al Estado nacional a informar el "resultado de la investigación, incluyendo la identificación" de los desaparecedores de Yrusta, reclamó que se reconozca a sus hermanas el estatus de "querellantes" y pidió un informe "adicional" sobre el sumario por supuestas "irregularidades" del "magistrado (Sergio Carraro) y de la fiscal (Elena Perticará)" que intervinieron en "la instrucción de la causa" por el supuesto "suicidio" del detenido, que se archivó sin imputados.
La de Yrusta es una de las cinco "desapariciones forzadas" en Santa Fe desde que gobierna el socialismo, que el ex defensor general Gabriel Ganón denunció -en su mayoría- ante los organismos internacionales: Natalia Acosta, en mayo de 2009, en el gobierno de Hermes Binner. Yrusta, en 2013; Franco Casco, en octubre de 2014 y Gerardo "Pichón" Escobar, en agosto de 2015, durante el gobierno de Antonio Bonfatti. Y Valentín Reales, un niño de 14 años, en noviembre de 2016, ya en el turno de Miguel Lifschitz.
La investigación de la desaparición y muerte de Yrusta es un intríngulis que sólo se entiende por un fallo de la Corte Suprema de la provincia que desdobló la causa, en octubre de 2016. Por los votos de cinco de los seis ministros: Daniel Erbetta, Rafael Gutiérrez, María Angélica Gastaldi, Mario Netri y Eduardo Spuler despachó la denuncia por la "desaparición forzada" de Yrusta al fuero federal y devolvió el expediente de la muerte del detenido al juez que lo archivó. El ping pong siguió después con el juez federal de Santa Fe, quien también se desligó del caso y lo remitió a su colega de Córdoba al entender que la "desaparición" de Yrusta había comenzado fuera de su competencia territorial.
En marzo de 2016, el Comité contra la Desaparición Forzada de Personas de la ONU planteó al Estado nacional, y por ende a Santa Fe, cinco reclamos:
- Que "asegure que la investigación desarrollada en el caso Yrusta no se limite a las causales de la muerte", sino que la "integre a una investigación exhaustiva e imparcial de su desaparición con ocasión de su traslado de Córdoba a Santa Fe". (Lo contrario a lo que resolvió la Corte de Santa Fe).
- "Procese, juzgue y castigue a los responsables de las violaciones cometidas".
- Reconozca a las hermanas de Yrusta como querellantes en el proceso y les "conceda una reparación y una indemnización rápida, justa y adecuada".
- Adopte todas las medidas para que no se repitan los hechos.
- Y publique el dictamen del Comité de la ONU, en particular entre "las fuerzas de seguridad y el personal penitenciario encargado de cuidar y atender personas privadas de la libertad".
El viernes, ante los incumplimientos de Argentina (y de Santa Fe), el Comité volvió a exigir que se investigue la "desaparición de Yrusta" y se identifique a los desaparecedores, advirtió que la familia de un desaparecido también es "víctima" y por lo tanto tiene derecho ser "querellante" y a una "reparación y compensación" por el crimen aberrante. Pero además, solicitó un informe "adicional" sobre "la investigación de las irregularidades por parte del magistrado (Carraro) y de la fiscal (Perticará)" que intervinieron en la "instrucción de la causa". El Comité pidió:
- "Los resultados de las investigaciones de referencia y las decisiones adoptadas con relación a las autoridades y actores judiciales involucrados.
- "La manera como la investigación de las irregularidades identificadas ha sido vinculada con la investigación de la desaparición forzada y de la muerte del señor Yrusta". Y concedió plazo para la respuesta hasta el 29 de enero de 2018.
