Más de tres mil personas privadas de su libertad egresaron de la escuela primaria y secundaria, y de nivel superior, luego de cursar sus estudios en 60 cárceles de la Provincia de Buenos Aires. El cierre del ciclo lectivo 2023 arrojó un balance más que positivo al sumar 16.240 matriculados, un récord histórico para un servicio penitenciario.
Transitando sus últimos días al frente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia, Julio Alak, y el Director General de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, cerraron este viernes en la Unidad Penitenciaria 57 de Campana el ciclo lectivo en el que más de tres mil personas terminaron sus estudios en los diferentes niveles educativos a los que se puede acceder en las cárceles bonaerenses.
El sistema penitenciario de la Provincia, a través de la Dirección General de Escuelas, el Ministerio de Trabajo y las universidades nacionales y provinciales, cuenta actualmente con el servicio educativo más grande de Latinoamérica, con 32.364 personas privadas de su libertad que estudian y realizan cursos en escuelas de oficios, y avanzan en sus trayectos educativos en terciarios, escuelas técnicas y carreras universitarias.
De esta manera, a quienes realizan su formación escolar y académica se le suman otras 16.124 personas que, con docentes del Ministerio de Trabajo a cargo, se capacitan en diversos cursos de formación laboral: electricidad, plomería, carpintería, herrería y otros oficios que tienen correlato con demanda laboral actual, a efectos de favorecer la inserción laboral extramuro.
En el complejo Campana, además, se dictarán licenciaturas en Emergencias médicas y Economía popular, mediante un nuevo convenio con la Universidad Nacional Arturo Jauretche, que permitirá brindar esa oferta académica por primera vez.
Las Universidad Públicas que tienen convenio con el Ministerio de Justicia son: Universidad Nacional de La Plata, Lomas de Zamora, Arturo Jauretche, Quilmes, Provincial del Sudoeste, del Sur, del Centro, Avellaneda, San Martín, José C. Paz, entre otras.
Los programas de formación se enmarcan en el Plan de Inclusión Penitenciaria, destinado a cambiar el paradigma de la ejecución de la pena, y que permitió reducir la reincidencia en la Provincia, pasando del 44 por ciento en el 2019 al 26 por ciento en la actualidad, según estudios de universidades nacionales.
