La jueza Alejandra Abrevaya aceptó la recusación presentada por la lista que encabeza Juan Román Riquelme. La magistrada debió mandar el expediente a sorteo el mismo viernes o en la mañana de este lunes para que se haga cargo un nuevo juez, pero ella viene demorando ese trámite. 

El motivo de la recusación fue que la jueza, para su fallo suspendiendo las elecciones en Boca Juniors, utilizó dos testimonios de personas cuyos nombres escondió en la resolución y cuyas declaraciones no están en el expediente. Una maniobra grotesca. El viernes, tras la presentación del apoderado de Boca, Walter Krieger, la juez notificó los nombres de los testigos, pero sigue escondiendo las declaraciones. A media mañana de este lunes, Abrevaya no había mandado el expediente a la Cámara Civil para que ésta realice el sorteo del nuevo juez. Todo indica que juega a demorar las cosas lo máximo posible para que las elecciones se hagan, sí o sí, con el nuevo gobierno y, por lo tanto, bajo la supervisión de una Inspección General de Justicia (IGJ) influenciada por el macrismo. Es posible que antes de sortear el nuevo juez, la Cámara se pronuncie sobre la recusación de la jueza.

La situación de Abrevaya ya era insostenible. El oficialismo demostró con toda claridad que actuó con parcialidad, entre otras cosas porque buena parte de los socios activos objetados fueron traspasados en épocas de la presidencia de Daniel Angelici. Entre ellos, figura nada más y nada menos, el hermano de la magistrada, Sergio Abrevaya, exdirigente de la fuerza de Margarita Stolbizer, que se unió al macrismo.

Es muy posible que también la jueza haya visto venir la multitudinaria marcha que se realizó el domingo y, por lo tanto, seguramente decidió que lo mejor era dar un paso al costado.

En la conferencia de prensa de la semana pasada, Riquelme y el apoderado Krieger explicaron las irregularidades:

  • Quien tiene la facultad de pasar socios adherentes a activos es la Comisión Directiva. Esa atribución la usó largamente el macrismo cuando gobernó el club.
  • Cualquier socio, de todas maneras, cuenta con la facultad de objetar a alguien que se haya incorporado a la categoría de socio pleno. Pero el límite de tiempo es un año, y casi todos los socios objetados fueron traspasados en 2021. El plazo de objeción está vencido.
  • La jueza usó dos testimonios en su fallo. No los identificó como corresponde y sus declaraciones no figuran en el expediente. Ambos testigos están en conflicto con el club. Se trata de una empleada en litigio judicial y un socio que reclama ser puesto entre los activos. Es evidente que los aportó la lista de Andrés Ibarra y Mauricio Macri.

A partir de la maniobra con los testigos, el apoderado Krieger recusó a la jueza y la magistrada aceptó esa recusación. El oficialismo entonces pidió la nulidad de varias resoluciones de la jueza, pero lo asombroso fue que la propia Abrevaya rechazó las nulidades cuando debió dejarle esa cuestión al juez que resulte sorteado. A esto se sumaron las demoras. La magistrada retrasa el envío del expediente a la Cámara Civil, que es la que hace el sorteo.

Todo indica que el macrismo no apuesta a intervenir el club ni a depurar el padrón. Lo que busca es que se vote con el nuevo gobierno y con alguien afín en la IGJ, de manera de mover la estantería si la diferencia es chica. En esa hipótesis no es imposible que terminen habilitando la elección el 17 de diciembre, cuando ya haya asumido Javier Milei. Un dato que tiene cierta relevancia es que la IGJ depende del Ministerio de Justicia. El futuro ministro será Mariano Cúneo Libarona, dirigente y abogado de Racing, a quien -por lógica- no le va a gustar nada la intervención de un club.

Tras la impresionante movilización de este domingo, es muy posible que cualquier funcionario se cuide mucho en las decisiones que tome. Riquelme no sólo objetó lo hecho por Ibarra-Macri en Tribunales, sino que puso a la gente en la calle, con una marcha que no tiene antecedentes en ninguna asociación civil de la Argentina.

Seguí leyendo