El 25 de octubre de 1983, cinco días antes de los comicios que formalizarían la restitución democrática, los diarios más importantes de la Argentina amanecieron con una solicitada de ocho páginas titulada en mayúsculas: “¿Cómo y dónde votarán los detenidos-desaparecidos?”. El formato de exhibición de los datos simulaba el de un padrón electoral. Era un recurso gráfico para visibilizar un absurdo: todos ellos aparecían en condiciones de votar, a pesar de que sus familiares y conocidos habían denunciado sus desapariciones.

El texto, publicado por cada medio con el aviso de “espacio de publicidad”, enumeraba una por una a más de seis mil personas con nombres, apellidos, edad, número de documento y fecha de desaparición. La solicitada era firmada en conjunto por Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, la APDH, el CELS, Familiares de Detenidos-Desaparecidos, el Serpaj, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos.

El detalle venía con un argumento que, en perspectiva, sigue valiendo hoy: “Estas listas, incompletas, son las que se hallan en poder de los organismos de Derechos Humanos, y por diversas razones no reflejan la totalidad de los detenidos-desaparecidos”. Naturalmente, otros tantos quedaron fuera de esos registros iniciales que debieron valerse de la creatividad para sortear la desinformación oficial. El duro trabajo de documentar material también desaparecido.

En la lista figuraban Héctor Oesterheld y sus hijas Diana y Marina, los escritores Haroldo Conti y Rodolfo Walsh y el intendente de Libertador San Martín tras La Noche del Apagón de Ledesma, Luis Arédez. También las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo Azucena Villaflor, Esther Ballestrino y Mary Ponce de Bianco, las monjas francesas Leónie Duquet y Alice Domon y el militante Santiago Villanueva, cuyo cuerpo fue identificado tres décadas después en una tumba NN del cementerio de Villa Gesell, a 400 kilómetros de donde vivía.

Todos ellos formaban parte del inciso “Argentinos empadronados detenidos-desaparecidos”, el más nutrido de todos. Claudia Falcone y otras víctimas de La Noche de Los Lápices aparecen entre “Adolescentes detenidos-desaparecidos que hoy tienen derecho a votar”. También figuran extranjeros con esa misma doble condición: estar empadronado para votar en alguna escuela a pesar de que no se tiene registro alguno de su paradero.

Por último, un apartado busca cerrar con una presentación desafiante: “Estos niños que fueron secuestrados con sus padres, o que nacieron durante el cautiverio de sus madres, ¿podrán votar en el futuro con su verdadera identidad si no son reintegrados a sus legítimas familias?”. Son, en total, más de cien. De algunos se tienen los nombres completos. De otros, relatos sobre cómo sus padres imaginaban llamarlos, según recordaban quienes habían compartido con ellos el secuestro en algún centro clandestino de detención. Con el tiempo, Abuelas logró determinar el paradero de 44 de esa lista. Ocho de ellos, además, antes del juicio a las Juntas.

“Exigimos a las Fuerzas Armadas, responsables de esta trágica y aberrante situación, la aparición con vida e inmediata libertad de los detenidos-desaparecidos. E instamos a los futuros gobernantes a que hagan suyas estas exigencias”, postulaba el comunicado publicado simultáneamente.

A pesar del efecto que generó el tema con esa irrupción en la agenda pública, la acción de las organizaciones no se limitó únicamente a la solicitada. Según el diario Tiempo Argentino en su edición del 30 de octubre, fecha de los comicios, “las Madres de Plaza de Mayo sugirieron a sus adherentes que concurran hoy a las mesas donde les correspondería votar a sus hijos detenidos-desaparecidos, presentarse ante las autoridades del acto eleccionario la documentación necesaria para justificar la ausencia del votante”.

La estrategia residía en lograr, finalmente, una documentación del Estado que certificara la ausencia de quién se encontraba desaparecido o desaparecida. “Las personas que realicen ese trámite deberán exigir que la presentación se registre en el acta electoral”, agregaba el comunicado. “Se ha llegado al aberrante absurdo de que muchos de ellos fueron designados como autoridades comiciales”, subrayaban con perplejidad.

Lo que los medios de ese entonces nunca contaron quedó registrado para siempre en un legajo de espionaje de la Policía Bonaerense. La entonces DIPPBA siguió de cerca las posibles derivaciones de ese llamado a exigir hábeas corpus en los colegios donde debían votar los desaparecidos. Así, en estos términos, lo calificaba el documento que llamaba “organización de solidaridad” a Madres de Plaza de Mayo, y explicaba que una de ellas se había presentado en una escuela de La Plata, la Número 33 de 8 y 38, “a los efectos de presentar un recurso de Habeas Corpus que justifique que su hija desaparecida no puede concurrir a emitir el correspondiente voto”.

“Es dable mencionar que en dicha escuela se estaba llevando con absoluta normalidad la recepción de votos”, explicaba el agente de la Bonaerense en el memo. “Hasta el momento en que se presentó la persona indicada, con un visible pañuelo de color blanco en su cabeza”. Las Madres cumplían ese mes cinco años utilizando ese distintivo desde que decidieron identificarse en la multitud de la peregrinación a Luján de octubre de 1977 con los pañales de tela de sus hijos desaparecidos.

Según el documento de Inteligencia, la Madre de Plaza de Mayo “se dirigió con términos injuriosos a los militares encargados de la seguridad local”. En otro párrafo, el mismo escrito deja a entender los motivos de ese encono: la mujer esgrimió un Habeas Corpus en favor de su hija y exigió a la mesa electoral que extendieran un certificado donde constara que su hija no podía emitir su voto, pero las autoridades solo aceptaron efectuar una “observación en el padrón” y anexar el recurso, aunque negándose a firmar certificado alguno.

El memo de la DIPPBA, fechado el 30 de octubre de 1983 en La Plata y desclasificado mucho después por la Comisión Provincial por la Memoria, deja el cierre a un textual que la madre tira a todos los demás votantes, ya en retirada: “No tengan miedo, porque ese es el causal de la destrucción del país”.