Los diez imputados en la megacausa por estafas inmobiliarias volverán a desfilar mañana por los pasillos de Tribunales, cuando la Cámara Penal revise el dictado de la prisión preventiva que recae sobre la mayoría de ellos. También fueron apeladas cuestiones como la fianza que debieron pagar dos de los llamados acusados "de guante blanco", para obtener su libertad. Las defensas pedirán al juez Daniel Acosta la libertad de sus clientes, que están presos hace casi dos meses, luego de ser detenidos por delitos como estafas, falsificación de documentos públicos, falsedad ideológica y hasta lavado de activos, en al menos siete hechos que les imputó el fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Complejos, Sebastián Narvaja. Se espera que la audiencia termine entrada la noche.
Esta semana habrá varias novedades en torno a la causa que mantiene pendientes a los rosarinos; sobre todo porque los acusados ‑‑la mayoría tras las rejas‑‑ tienen nombres de peso en la ciudad y transitan esposados por el Tribunal.
El agente bursátil Jorge Oneto, que estuvo al frente de la construcción del edificio Acqualina; el dueño de la clínica de implantes dentales, Marcelo Jaef; el gerente del diario La Capital, Pablo Abdala; el empresario automotriz y ex pareja de la vedette Victoria Xipolitakis, Leandro "Lelo" Pérez; el titular del sindicato de Montes, Maximiliano González de Gaetano; los escribanos Luis María Kurtzeman, Juan Bautista Aliau y Eduardo Torres; además del vendedor de autos Roberto Aymo aparecen implicados en las sucesivas ventas de un campo de Villa Amelia que pertenecía a la familia del ex camarista fallecido Ernesto Navarro. Según la acusación fiscal, lucraron con el campo de 120 hectáreas, que requirió la firma de un falso poder de la viuda de Navarro a Aymo, quien se lo "vendió" al sindicalista González de Gaetano por 3 millones de pesos. Luego éste, antes del año, lo "vendió" a Jaef y Abdala, por 3,2 millones. Estos dos se lo "vendieron" a Jorge Oneto, por 3,5 millones de pesos. Finalmente, se lo vendieron a Borghi, quien aparece como comprador de buena fe, a 1,6 millones de dólares. En la maniobra intervinieron los escribanos Aliau y Kurtzemann.
Algunos de los mencionados, con la esposa y el chofer de Aymo, están acusados por maniobras similares con otras propiedades. Según la acusación, se aprovechaban de personas que estaban fuera del país o fallecidas; y hasta intentaron engañar a un personal de Bauen Pilay.
En la imputación, Narvaja habló también de una vinculación entre los acusados con personas relacionadas a la banda de Los Monos, ya que el prófugo Tránsito Manuel Portillo Retamar es hermano de la madre de Andrés Fernández, acusado por su participación en el crimen de Diego Demarre, dueño del boliche donde mataron a Claudio "Pájaro" Cantero.
Las estafas, según detalló el fiscal, ascienden a más de 40 millones de pesos. Sin embargo, en sus descargos ante la jueza Mónica Lamperti, todos los implicados dijeron haber actuado de buena fe. La mayoría dijo desconocer que había un poder falso mediante el cual se iniciaron las maniobras.
Si bien el fiscal dijo tener probada la culpabilidad de los acusados, mediante pruebas que los incriminan directamente, como las 800 escuchas que se sumaron en los alrededor de dos años de investigación; algunos de los abogados dijeron tener cómo demostrar que no hay delito en esas comunicaciones.
En la causa se denunciaron situaciones llamativas como el extravío del legajo original del campo de Villa Amelia que estaba en trámite en el Registro de la Propiedad, de donde se apartó a una empleada de la mesa de entradas, porque se denunció que favoreció a los imputdos en la agilización de determinados trámites. Es posible que en la audiencia de mañana el fiscal destaque esta situación para pedir que se confirme la prisión preventiva ante cuestiones como la peligrosidad procesal o peligro de fuga, frente a la pena en expectativa.
En octubre la jueza Lamperti ordenó las prisiones preventivas por 60 días para Aymo, López, Torres, Gaetano, Jaef, Aliau (días atrás se le dio domiciliaria por problemas de salud) mientras que le dio 30 días (que después se extendieron por 30 días más) a Oneto y Zárate; y libertad bajo fianza de 800 mil pesos para Abdala y Kurtzemann. Así, las prisiones y restricciones se vencen el 12 de diciembre, y deberá haber otra audiencia en primera instancia si se confirma lo resuelto, en la Alzada.
La causa tiene también su pata política ya que el gobernador Miguel Lifschitz instó a que la provincia se presente como querellante, cuestión que se resolverá pasado mañana, cuando la jueza Lamperti dé a conocer su decisión, tras la extensa audiencia del viernes pasado en la que los defensores se quejaron porque "el Estado ya está representado en el Ministerio Público de la Acusación". También el último comprador del campo de Villa Amelia pretende ser parte en el proceso penal, contra los implicados.
