Al igual que en numerosas ciudades de todo el país, este jueves por la noche tuvo lugar un importante cacerolazo en el centro de Córdoba, donde más de 3000 personas se hicieron presentes para repudiar el ajuste de Javier Milei y el mega DNU que se manifestaban de manera pacífica hasta que la Policía cordobesa intentó realizar un desalojo con gases y empujones. A pesar de ello, el grueso de manifestantes se mantuvo en el lugar hasta que hubo un segundo embate de los uniformados, que tenían la orden de "liberar la calzada". El cacerolazo había comenzado en la plazoleta pero la cantidad de gente que fue llegando hizo que la misma se desbordara hacia la calle. Los organismos de derechos humanos exigen la liberación inmediata de las cinco personas que fueron detenidas e imputadas.
La Policía de Córdoba --provincia gobernada por el peronista Martín Llaryora, sucesor de Juan Schiaretti-- reprimió pasadas las 22. Además de heridos, hay cinco personas detenidas, entre ellos un menor de 17 años. A las 23 horas aún se mantenían alrededor de 1500 personas en la zona de Patio Olmos.
Entre los presos está el periodista del medio cooperativo Enfant Terrible, Rodrigo Savoretti, junto con Maximiliano Ciambrella, Juan Celli, Santiago Cabral y Agustín Savoretti, hermano de Rodrigo, quien además participa de la comisión de familiares y amigos del desaparecido Facundo Rivera Alegre. En tanto, Celli y Cabral son militantes de la juventud del PTS-Frente de Izquierda.
Fueron trasladados al Centro de Recepción de Personas Aprendidas y quedaron a disposición del tribunal federal 2, subrogado por el juez Alejandro Sánchez Freites, y el fiscal Ernesto de Aragón, que fueron quienes habían solicitado el desalojo del Patio Olmos en primer lugar. Están acusados de obstrucción de medios de transporte y resistencia a la autoridad. A uno de ellos, además, lesiones. Intervienen los abogados de la CTA Córdoba.
El ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, no explicó si el accionar policial contó con el aval de su cartera. Días atrás en una reunión organizada por el Comipaz (Comité Interreligioso por la Paz), Quinteros reafirmó que “Córdoba no adherirá al nuevo protocolo nacional antipiquetes, elaborado por Patricia Bullrich”. Todo indica que en el juzgado y la fiscalía entendieron lo contrario.
Contra el protocolo Bullrich
Por su parte, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos regional Córdoba repudió "la represión policial sobre manifestantes". En un comunicado firmado Mabel Edith Sessa, Luis Baronetto, Alfredo Schclarek Curutchet y Carlos Vicente, el organismo expresó exigió "la inmediata la inmediata liberación de los detenidos por el accionar represivo ilegal y antidemocrático de la policía de la provincia". En su descripción de los hechos expresó que "integrantes de la Policía de Córdoba se movilizaron hacia dicho sector, comenzando a hostigar y violentar a los manifestantes, disparando balazos de goma, a los palazos y utilizando gas pimienta", lo cual "configura un actuar represivo de extrema gravedad, que violenta Derechos Constitucionales fundamentales, y que repudiamos enfáticamente".
La APDH Córdoba enfatizó: "Como defensores del respeto por los derechos humanos y los valores de la democracia, nos invade una gran preocupación la aplicación en nuestra provincia de Córdoba, de las medidas emanadas del Ministerio de Seguridad de la Nación mediante el dictado de la Resolución 943/2023 donde claramente de manera inconstitucional se establece un protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación ante el legítimo ejercicio de marchar y de la protesta social, habilitando la intervención de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales, que fuera aplicado anoche en Córdoba, en una protesta pacífica y replicada en varias provincias, sin visos de represión en otras partes del país".
El organismo de derechos humanos consideró que "es notorio en Córdoba se ha legitimado una suerte de criminalización de la protesta social contra dirigentes sindicales y de organizaciones sociales, por parte del gobierno anterior y el actual, también de sectores del poder judicial, con imputaciones y procesamientos a manifestantes; como también del plan de reprimir a los sectores que reclaman contra el ajuste y por mejoras en las condiciones de vida con estas medidas inconstitucionales de parte del gobierno nacional, avaladas por el local".
Por último, la sede cordobesa de la APDH indicó que "en una provincia donde los índices de pobreza, indigencia e inflación son uno de los más altos de Argentina criminalizar y reprimir a los sectores populares sólo recorta las garantías constitucionales como son el derecho a manifestarse y a la libertad de expresión. Venimos denunciando estas prácticas ilegales de represión, espionaje a organizaciones y dirigentes populares, además de las tareas de inteligencia por parte de la policía cada vez que se realizará alguna movilización, que incluye la actuación de infiltrados y personal de civil". Y concluyó: "En estas épocas donde la democracia se ve amenazada por sectores negacionistas que reivindican al terrorismo de Estado y sus prácticas, desde la APDH Córdoba entendemos que deben realizarse acciones políticas que involucren a todos los actores de la sociedad civil, para que Nunca Más haya regímenes o políticas antidemocráticas violatorias de los Derechos Humanos".
