Es complejo definir a una generación a través de sus intereses, establecer sobre qué eje trazar un perfil o una unidad. Sin embargo, ante las elecciones por venir, en un panorama social que cambió y donde los focos se posan en ellos, vale la pena intentar articular un perfil del joven, del sujeto social que se incorpora a la vida política y que en estos años comienza a decir lo que tiene para decir, y se hace notar. ¿Cuáles son esos asuntos? La inseguridad y la baja de imputabilidad, la reforma educativa y la laboral, la desaparición forzada de Santiago Maldonado, el antipatriarcado, los femicidios y el Encuentro Nacional de Mujeres, sea por aplicación de políticas como por discursos que encuentran a los jóvenes en el centro de la escena.

Este año se sumaron más de un millón de votantes al padrón electoral: son los pibes de entre 16 y 18 años que están habilitados para votar a partir de la aplicación de la llamada ley de voto joven, sancionada en 2012, y representan poco más del 3 por ciento del total. Aunque no están obligados, los números de la Cámara Nacional Electoral indican que casi un 60 por ciento de ellos va a votar.

Pero más allá del voto, en tiempos en los que el sentido común busca imponer la noción de que la acción política se acaba en él –el lema “Si no te gusta, armá un partido y ganá las elecciones” hizo escuela–, los jóvenes muestran que no es así. Que a la cosa pública la debaten con el cuerpo y en todo momento. Pasó con la toma de escuelas porteñas, con las movilizaciones por Santiago Maldonado, con las marchas Ni Una Menos, y con el reciente encuentro de la mujer.

Como foco casi central de los discursos del oficialismo están los jóvenes como elemento criminal y factor de riesgo para la sociedad. La realidad es compleja y los índices de represión institucional no son oficiales, pero Correpi (la coordinadora que lleva las estadísticas desde el retorno de la democracia) explicó en sus últimos informes que con el macrismo el fragor represivo ha crecido: se pasó de un muerto cada 28 horas por gatillo fácil a uno cada 25 horas.

El eje sobre los jóvenes es claro porque son la población “a disciplinar, a controlar”, indican: datos públicos y oficiales muestran que hay en Argentina un millón de pibes que no estudian ni trabajan, que uno de cada dos pibes vive bajo la línea de la pobreza, que cerca el 45 por ciento de los jóvenes están desempleados, que más de un millón y medio de jóvenes buscan trabajo y no encuentran (la expo porteña Empleo Joven, en mayo, tuvo propuestas precarias y escasas). Por otro lado, mientras se discutió si estaba bien bajar la edad de imputabilidad hasta los 14 años, los números oficiales mostraron que la población de esa edad implicada en homicidios es prácticamente nula.

En ese contexto, las fuerzas de seguridad se multiplican, los barrios están militarizados y llovieron casos de detenciones improcedentes tras varias manifestaciones, de agresiones al tun tun y hasta la detención de chicas por besarse en la vía pública: el punto máximo de este escenario represivo fue la desaparición de Santiago Maldonado el 1º de agosto, en un operativo de Gendarmería en el departamento Cushamen, dentro de una comunidad mapuche cercana a Esquel.

Las movilizaciones y los debates, a más de dos meses y medio, están repletos de jóvenes que responden a quienes parecen cuestionar a Maldonado por sumarse a la protesta, por vestirse como jipi, por llevar rastas, o que incluso lo asocian a movimientos rebeldes a los que tildan de sediciosos. Los datos de la causa muestran una sola cosa: la desaparición forzada es la única hipótesis que cobra fuerza.

Jorge Larrosa

 

La juventud no se queda quieta. Entre las marchas del mes y de los dos meses que piden la aparición con vida de Santiago Maldonado, en la ciudad de Buenos Aires florecieron tomas de secundarias en oposición a la reforma educativa planteada por el Gobierno porteño; y aún antes y después hubo masivas movilizaciones de mujeres –y no solo mujeres– que salieron a las calles para reclamar ante femicidios, abusos, ataques y desigualdades.

En esas tres instancias de acción directa, la juventud ha señalado sus intereses y preocupaciones, a los que pueden añadírseles la discusión constante acerca del uso de drogas –el comienzo de la venta de marihuana legal y estatal en Uruguay también sembró el debate– y el aborto. Es cierto que, ante el clima de época, los otros ejes parecen más fuertes.

Así también hay discursos –entre algunos candidatos incluso– que cuestionan la participación de los jóvenes y sus protestas. El caso de las tomas en casi una veintena de escuelas fue clave, y a los estudiantes se les cuestionó la capacidad de discutir cuestiones educativas que hacen a su formación académica y laboral. Pero ése es el punto central: las pasantías previstas para los alumnos de quinto año, según el bosquejo que se conoció de la “secundaria del futuro”, que se implementaría en 23 escuelas durante 2018, y luego se llevaría a las más de 140 secundarias públicas porteñas, es una muestra del esquema buscado.

Y también se ha anticipado la existencia de pasantías laborales en las insinuaciones sobre la o las reformas laborales. Presionados por la propia lógica de la reducción del costo laboral (por Brasil, por el dólar, por el mundo y por cualquier excusa a mano), se agitan reformas poco claras y en las que los más precarios –trabajadores en general, jóvenes en particular– llevan las de perder. En las últimas horas, el Coloquio empresarial IDEA planteó bajar el costo laboral y que no se pueden tolerar las protestas.

No se trata de reforma sí o no –de la escuela, de los convenios de trabajo– sino de qué clase de reformas. Y los pibes, si se trata de su futuro, quieren definir.