El ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, anticipó que este año el Gobierno presentará un proyecto de ley para bajar la edad de punibilidad de 16 a 14 años. Cúneo confirmó que está trabajando en su redacción, y agregó que su criterio es que la baja se aplique para todos los delitos y no sólo para delitos graves. Su anuncio fue cuestionado por especialistas en minoridad, así como por organizaciones que trabajan con adolescentes y contra la violencia policial. Los argumentos para oponerse a la baja son muchos: que el sistema penal no es una solución para los adolescentes que violen la ley porque no reeduca sino que, por el contrario, tiende a reproducir el delito; que la baja de la edad de punibilidad va en contra de los tratados internacionales a los que adhirió el país; que los datos muestran que la participación de chicos y chicas de 14 o 15 años en delitos es ínfima; que “soluciones” como el encarcelamiento en la adolescencia, más que reeducar, generan adultos reincidentes.
Cúneo Libarona hizo el anuncio en una entrevista de Radio Rivadavia. "Hay dos sistemas en el mundo. Tenés el criterio suizo, o inglés, que divide según los delitos y hace graduaciones según la edad, empieza con los 10 años. Pero en principio, de todo lo que llevo leído, prefiero algo sin tanto vericueto", expresó.
"¿Por qué? Porque al margen del delito en particular cometido, el chico muestra ya una conducta desviada, una conducta socialmente disvaliosa a partir de los 14, por ejemplo, que es la edad que me gusta. Y es la que sostienen casi los 30 proyectos que tengo sobre mi escritorio que se han presentado y no han tenido acogida legislativa. Casi todos toman 14 años como edad de imputabilidad".
Consultado acerca de si el proyecto apuntará a determinadas infracciones, dijo que será "para todos los delitos. Porque el chico, así sea un hurto, robo, abuso o demás, ya muestra una personalidad que merece atención y sanción. Entonces, dividir según los delitos y dejar alguno sin castigo o educación, carece de sentido".
Las razones del no
El anuncio generó repercusiones inmediatas. Es que en 2017 y en 2019, el gobierno de Mauricio Macri intentó bajar la edad, generando un debate que todavía está fresco.
“Lo que quiere Cúneo Libarona es que los niños y niñas más pequeños, es decir a partir de los 14 años, sean incorporados al sistema penal; a un sistema penal especial, pero que termina teniendo los mismos problemas que el sistema penal para adultos”, planteó Claudia Cesaroni, integrante del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos, que integra la Red Argentina No baja.
“ Su idea es que el castigo resuelve los problemas. Nosotros entendemos que el sistema penal no es una solución para los adolescentes que están involucrados en alguna situación delictiva, que en la mayoría de los casos son adolescentes a los que no se les ha cumplido sus derechos previamente. Los adolescentes utilizados para el delito son el eslabón más débil, en todo caso, de la cadena delictiva, y pensamos que introducirlos en el sistema penal, que es un sistema de puro castigo, no resuelve el problema porque se utilizarán otros niños más pequeños o se los seguirá utilizando como carne de cañón”. Por otro lado, agregó Cesaroni, la participación en el delito de los adolescentes es baja: “No es un número que no pueda ser abordado por otros medios que no sean el sistema penal”.
María Elena Naddeo, vicepresidenta de la APDH, coincidió en que “lo que necesitamos en materia de adolescentes, de chicos de 14 y 15 años de edad, es apostar a la inclusión educativa y social”.
Expresidenta del Consejo de los derechos de lxs niñxs y adolescentes, Naddeo recordó que “estamos hablando de chicos y chicas de 14 o 15 años, con los que se precisa un abordaje no del sistema penal, sino del sistema de políticas sociales. Tiene que haber una intervención interdisciplinaria, educativa, social, una resolución alternativa de conflictos para evitar la reincidencia, porque la incorporación al sistema penal vuelve a generar mayores daños. No repara la subjetividad, ni restituye derechos. Y ha demostrado en la franja adolescente que no sirve, porque numerosos chicos que ingresan a los 16 o 17 años en el sistema penal reinciden y esto habla de que tenemos que discutir no el Código Penal, sino el sistema de protección, las políticas sociales, las políticas de inclusión. Ir al Código Penal es la receta fácil, autoritaria, de las dictaduras y de los gobiernos de derecha y conservadores. Discutir las políticas sociales, las becas estudiantiles, el deporte, la recreación, la cultura, eso es el sistema de protección, lo que debe orientar el curso de acción de los gobiernos”.
Para la titular de la Coordinadora contra la Represión Policial, María del Carmen Verdú, se trata de "un típico tema de campaña que no tiene sustento en las estadísticas del delito". Pero "lo lamentable es que tiene consecuencias en el accionar policial". "A nadie vas a convencer más fácil que a un cana de que un chico de 14 años es peligroso; luego, como sujeto peligroso, lo que se impone es que hay que exterminarlo”, advirtió sobre el efecto de estos discursos.
Karina Valobra, abogada e integrante de la Red de Docentes, Familias y Organizaciones del Bajo Flores, coincidió en que el tema de la baja "es recurrente" y observó que "se pone en la agenda pública en contextos de crisis económicas", precisamente porque se ven venir los efecto de la crisis en el delito.
La especialista aclaró que en lo que hace a la parte legislativa, "Unicef ya ha indicado que de aprobar una baja, la Argentina estaría violando los pactos que suscribió, porque hay un principio del derecho internacional que establece la no regresividad en materia de derechos adquiridos, y como el país ya fijó la edad de punibilidad en 16 años, bajar esa edad a 14 sería regresivo respecto a los derechos que ya tienen las personas".
Por otra parte, "en los debates que tuvimos en 2017 y 2019 se vio que no existe un consenso de parte de la justicia, ni de los expertos en ciencias sociales o de la salud mental, que considerara que el sistema penal era una buena forma de intervenir frente a las conductas de infracción a las leyes penales de las personas más jóvenes".
"En realidad, el sistema internacional manda a tratar de evitar en edades tempranas el contacto con el sistema penal, precisamente porque es un sistema estigmatizante y reproductor del delito, que más que reconducir la conducta ‘desviada’ del adolescente, lo que tiende es a afirmarla y a reproducirla".
"Es decir, el sistema penal no es un sistema bondadoso, no es una escuela, no es un espacio de formación ni de cuidado: es un espacio de cumplimiento de una condena, un castigo que se cumple mediante la privación de la libertad, que en el caso de un adolescente es la privación de su medio familiar, de su medio educativo, de su propia juventud y genera un estigma muy difícil de superar".
Cesaroni agrega que "lo que pasa es que estamos frente a gobernantes que odian al Estado, sólo aman al estado penal. Y esto es sintomático, porque mientras intentan destruir con el DNU y la Ley Ómnibus todo atisbo de Estado social, lo que ofrecen a los adolescentes es Estado penal, castigo, encierro. Por esto nos vamos a oponer con todas las fuerzas a que lo puedan llevar adelante”.
