"Esto no se ve en ningún país del mundo"; "sería uno de los retrocesos más grandes de la historia argentina"; "va en contra de la industria"; "nos perjudica a los inquilinos"; "es una invitación mundial a la destrucción"; "beneficia al poder concentrado económico"; "no contiene ni una sola política para atender los problemas de los sectores sociales más vulnerables" y "nos afecta puntualmente a las mujeres", fueron solo algunas de las frases que pronunciaron angustiados los más de 60 expositores — representantes de distintos sectores sociales y expertos en distintas áreas— que este lunes visitaron el Congreso para explicar por qué es necesario que no avance el proyecto de la Ley Ómnibus que envió Javier Milei al parlamento.
Mientras eso ocurría en el anexo de la cámara Baja, en la oficina del presidente de la Cámara de Diputados Martin Menem ubicada enfrente, en el palacio, diputados y diputadas de los bloques opositores amigables con el gobierno y funcionarios del poder Ejecutivo se reunieron para empezar a delinear punto por punto las modificaciones necesarias con el objetivo de que el gobierno logre tener "lo antes posible" un dictamen favorable y votar la ley en el recinto.
El Presidente no escatimó en insultos, agravios, amenazas y descalificaciones a los legisladores de la oposición y juró y perjuró que no negociaría con ellos. Sin embargo, mientras él embarcaba en un avión rumbo a Suiza, en el Congreso Menem recibía a funcionarios del Poder Ejecutivo que finalmente se mostraron dispuestos a negociar y escuchar lo que venían reclamando los diputados de la UCR y Hacemos Coalición Federal, entre otros. En la mesa con los representantes de los bloques amigables se sentaron el vicejefe de gabinete José Rolandi, un enviado del secretario de Energía Eduardo Rodríguez Chirilo y otro del flamante titular de la “Unidad Transitoria para la Desregulación de la Economía” , e ideólogo del proyecto, Federico Sturzenegger.
Según supo este diario allí se trabajaron "en mejoras consensuadas a la ley", y a lo largo del lunes se llegó a recorrer "un tercio" de lo que se quiere modificar. El martes se continuará trabajando en el capítulo económico. Algunas voces de HCF, deslizaron que es posible que el dictamen "salga esta semana". Stolbizer, algunos radicales y socialistas, sin embargo, estarían en contra de algunos puntos como las reformas del código penal y de la eliminación de la fórmula previsional. También de la posibilidad de otorgar al Poder Ejecutivo facultades extraordinarias por el tiempo que ellos piden y tan abarcativas. Ese último punto se habría llegado a consensuar el lunes. "Hubo sugerencias y correcciones de todos", explicaron a Página12 participantes del cónclave.
Mientras el gobierno y la oposición amigable negociaban dentro del palacio, en la comisión que se llevó adelante en el anexo tomaban la palabra uno a uno los que serán afectados en caso de que la ley se apruebe. No podían hacerlo más de cinco minutos porque el oficialismo les cortaba el micrófono de manera abrupta e irrespetuosa. Al finalizar, el presidente de la comisión anunció que el martes recibirán a los restantes.
El jefe de bloque de UxP Germán Martínez tomó la palabra y pidió que en la jornada del martes se permita dar más tiempo a los expositores —a ese pedido se sumó la diputada del FIT Myriam Bregman y Mónica Frade de HCF—. Usando datos que un grupo de diputadas de su espacio recabó, remarcó: "De 65 organizaciones que hoy dieron su testimonio nuestro bloque solo aportó 25 nombres. Y de esas 65 intervenciones, 56 fueron críticas al proyecto de ley". Eso, expresó, "refleja que, hasta los sectores que fueron convocados por bloques que en este momento están buscando negociar con el oficialismo, son críticos de este proyecto".
"¿Dónde se está discutiendo el dictamen? Porque acá no se está discutiendo. ¿Otra vez vamos a la Argentina en la que en oscuros hoteles se decide el futuro", había disparado el titular del bloque de UxP ante la ausencia de diputados como Miguel Ángel Pichetto, Emilio Monzó y Nicolás Massot, entre otros. Luego agregó: "Las cosas se discuten en la comisión y no en oscuros lugares que van en contra de la democracia". En ese momento se especulaba con que las reuniones se estaban llevando adelante en el hotel Savoy, pero en realidad estaban ocurriendo en la vereda de enfrente, dentro del palacio.
El que también se veía desorientado era el propio presidente del bloque oficialista, Oscar Zago, que repetía en entrevistas radiales que el oficialismo no tenía "nada" para negociar y aclaraba que él "no tenía información sobre una nueva versión de la ley".
El día anterior Milei había vuelto a amenazar a los diputados. "El fin de semana hubo nuevos aprietes a este Congreso", dijo Martínez. "No solo hablamos de una cuestión de apriete sino una extorsión a los diputados y diputadas", resaltó citando una nota periodística. La diputada radical Carla Carrizo sostuvo que "si el cambio que quieren liderar es el cambio del miedo y la extorsión no es por ahí donde vamos a poder garantizar acompañamiento o gobernabilidad parlamentaria. Oficien para que el Presidente entienda cuál es el lenguaje democrático en Argentina". El bloque de HCF, en tanto, había lanzado un comunicado en el que criticó los dichos de Milei y le exigió al presidente que deje de "confrontar con el Congreso". Luego de esas declaraciones, y con el presidente camino a Davos, sería la reunión de los opositores amigables con los representantes del Ejecutivo.
"El PRO y LLA están firmes con un dictamen y UxP y la izquierda con otro. En el medio hay un grupo que no se sabe cómo va a administrar la disidencia", analizaban en el plenario algunos diputados cuando aún no se sabía del encuentro en el despacho de Menem. "En términos parlamentarios tienen opciones: pueden firmar un dictamen con LLA en disidencia o construir un dictamen propio —teniendo en cuenta el volumen de firmas para no complicar las firmas al dictamen de LLA—", opinaban. Según leían esos diputados la negociación no sería fácil: "¿Van a a firmar un dictamen aunque sea en disidencia que elimine la fórmula previsional? Es muy fuerte", reflexionaban. Todo parece indicar que, sin embargo, se encaminan a lograrlo.
Las intervenciones
Héctor Daer, secretario general de la CGT, recordó a los diputados que "la institucionalidad depende del Congreso" y les pidió que rechacen "de plano" todo el proyecto y del DNU. "Esta ley se fundamenta en falacias para declarar la emergencia en todos los aspectos y para fundamentar la delegación de facultades 4 años", indicó. Cuestionó la privatización de empresas públicas, la eliminación de la fórmula previsional, la reforma al Código Penal y dijo que el paquete "no ataca privilegios sino derechos individuales, colectivos y debilita a los sindicatos". Por último aseguró: "El 24 vamos a venir a apoyarlos para que tomen la valentía de decirle 'No' a la ley ómnibus y 'No' al DNU".
También habló Alejandro Gramajo, secretario general de la UTEP. "Lamentamos que el Gobierno y el Congreso intenten hacer a las apresuradas esta discusión", comenzó y dijo que le llamaba la atención que "en ningún renglón de la Ley o del DNU hayan propuesto cómo atender la emergencia alimentaria". "Esta ley intenta desfinanciar una política importante como la de urbanización de barrios populares", se quejó y advirtió que "cuando el estado se va de los territorios aparece la violencia horizontal y el narcotráfico".
Nelly Minyersky, abogada y defensora de los DDHH, también tuvo cinco minutos. "No recuerdo un momento tan grave como este", dijo y resaltó que "muchas de las reformas no tienen relación alguna con la emergencia que se invoca". Luego remarcó que "la libertad sin igualdad es una fantasía, no existe", y puntualizó partes de la ley que perjudican a las mujeres. Habló de la Ley de paridad y las modificaciones que pretende introducir el gobierno y dijo que las feministas que lucharon por la ley de cupo "estarían llorando". "Se nos empieza a borrar, se nos empieza a tirar por la borda a nosotras y a miles de años de lucha para que el camino a la igualdad se convierta en una realidad", dijo.
Desde el Cels, Paula Litvachky expresó que "los cerca de 1649 artículos de la ley y el dnu lo que hacen es achicar el lugar del Estado como mediador y garante de los derechos para colocarlo como garante de la apropiación privada de recursos". Luego agregó que "el ejecutivo está tratando de cambiar un régimen y un orden jurídico para que sea regresivo en materia de ddhh con herramientas extraordinarias para evitar el debate parlamentario".
El ambientalista Enrique Viale, añadió: "esta ley ómnibus tiene nombres y apellidos. El cambio en la ley de bosques tiene el del empresario Eduardo Elsztain, dueño del hotel donde el presidente estaba alojado y de la compañía Cresud que ya desmontó casi un millón de hectáreas. Otro beneficiado es Mauricio Macri, a través de SOCMA. Este proyecto también es a medida de Luis Caputo, que ya desmontó 500 hectáreas en Santiago del Estero y con las modificaciones a la ley de glaciares pretenden favorecer a la Barric Gold". "El combo dnu y ley ómnibus son una invitación mundial a la destrucción", denunció.
A los repudios se sumaron representantes de la cultura, de los inquilinos, de los productores de yerba mate, trabajadores de empresas que el gobierno quiere privatizar, representantes de las pymes del sector de biocombustibles y de las cámaras empresariales de la industria pesquera, entre otros. Todos pidieron que se extienda el debate. Fueron menos de diez los que se mostraron a favor. Uno de ellos fue Rodolfo Llanos, un empresario militante de LLA que no dio argumentos y fue a gritarle a los diputados: "Hay gente revolviendo la basura y ustedes están comiendo medialunas, depende de ustedes que la Argentina arranque" repetía.
"Es un trámite absolutamente irregular que nunca se vivió en la cámara de Diputados. Hubo una mecánica de limitación para los diputados porque se convocó solo a 3 comisiones y también para los sectores perjudicados a los que se les cortó el micrófono", resumió Leopoldo Moreau. Martínez, con la Constitución en la mano hizo un pedido final para que el jefe de gabinete Nicolás Posse vaya a dar explicaciones. Dijo que según el artículo 100 inciso 11 de la carta Magna el jefe de los ministros tiene la obligación de producir los informes que cualquiera de las cámaras le solicite y que, si no lo hace, puede ser removido del cargo.
