El simulacro de negociación entre el Ejecutivo y la oposición dialoguista que dio como resultado una nueva versión de la llamada Ley Ómnibus encubre, en medio de la maraña de artículos y propuestas, la disolución de la Defensoría de Público de Servicios Audiovisuales, un organismo del Poder Legislativo creado por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522) y la desfinanciación del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual (Fomeca), generado por la misma ley y que es un sostén económico fundamental de los medios de comunicación cooperativos y comunitarios en todo el país. De aprobarse la propuesta del gobierno de LLA, la confluencia de ambas medidas afectaría gravemente la vigencia efectiva del derecho a la comunicación, tanto en el aspecto de la defensa de las audiencias como por la eventual pérdida de voces comunitarias y con perspectiva federal.
La nueva versión de la Ley Ómnibus, supuestamente negociada con la oposición light, incluye por toda mención respecto de la Defensoría del Público una frase que establece: “Deróganse los artículos 19, 20, del Capitulo IV, Titulo II de la ley 26.522”. De un plumazo y sin mayores argumentaciones se hace desaparecer un organismo dedicado a la defensa de la libertad de expresión y el derecho de la ciudadanía a estar informadas, institución cuya trayectoria ha sido reconocida tanto a nivel nacional como internacional. Pese a dicho reconocimiento la Defensoría ha sido blanco permanente de ataques tanto por Juntos por el Cambio como por las corporaciones de medios que rechazan todo tipo de observación o señalamiento sobre sus propias prácticas comunicacionales.
A través de un comunicado la Defensoría rechazó su eventual cierre y reclamó “al Congreso Nacional ser consultados en el marco del debate, posibilidad que se le dio al resto de los organismos públicos”.
La decisión sobre la Defensoría no figuraba en la versión inicial de la propuesta de ley pero, de acuerdo a trascendidos surgidos de las conversaciones entre el Ejecutivo y la oposición dialoguista, se convirtió en prenda de cambio –según se afirma– para seguir garantizando fondos a otros ámbitos de la cultura.
“Un organismo de derechos humanos que escucha a las audiencias, atiende sus reclamos y defiende su derecho a expresarse y a estar bien informadas, no puede ser disuelto simplemente por una línea de una ley”, indica el comunicado sobre el tema difundido por la Defensoría, una entidad que cuenta con personal especializado y profesionales de la comunicación calificados que trabajan para dar respuesta a los reclamos de las audiencias, capacitar a periodistas, agencias de publicidad, organismos de la sociedad civil, radios y canales de televisión.
En la nueva versión del proyecto de ley “Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”, sin ningún tipo de argumentación se dispone también la directa eliminación del inciso “f” del artículo 97 de la Ley de SCA mediante el cual se destinan fondos “para proyectos especiales de comunicación audiovisual y apoyo a servicios de comunicación audiovisual, comunitarios, de frontera, y de los pueblos originarios, con especial atención a la colaboración en los proyectos de digitalización”. Tras bambalinas se argumenta que esta es la manera de garantizar recursos para el cine y el teatro.
“No nos confundan: Fomeca no compite con el cine ni con el teatro ni con la bibliotecas populares”, señala un comunicado conjunto de organizaciones del sector entre ellas la Confederación de Medios Cooperativos y Comunitarios (CMCC) y el Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO) .
En su intervención ante las comisiones legislativas que analizan la propuesta de ley el presidente de FARCO, Juan Salvador Delú, aseguró que tanto el proyecto como el DNU son “la receta que tiene el gobierno nacional para frenar al pueblo organizado”.
El Fomeca, un fondo concursable y auditado, provee fondos para equipamiento, adecuación edilicia y montaje de radios comunitarias, así como para garantizar la producción de calidad tanto a nivel informativo como artístico de medios que sirven a comunidades de todo el país. La enorme mayoría de estos medios sin fines de lucro han podido asegurar la continuidad del servicio que prestan mediante la financiación que el Fomeca les provee para el pago de salarios estables para parte del personal técnico y profesional de radios y televisoras. “Sin pauta publicitaria y sin FOMECA muchos medios comunitarios se tornarán inviables”, afirmó a Página/12 un directivo de FARCO, respaldando la denuncia del sector en la que se sostiene que “es un intento de callar cientos de voces” porque “sin medios comunitarios no hay democracia”.
