En menos de 50 días en el gobierno, la administración de Javier Milei batió varios récords: un paro general, la remoción de un ministro y el desconcierto de los organismos humanitarios internacionales por sus políticas. La Organización de Naciones Unidas (ONU) volvió a criticar una de sus iniciativas: en este caso, la llamada ley Ómnibus, que el oficialismo pretende llevar al recinto esta semana. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), que había pedido participar del debate en Diputados, envió una nota a los jefes de cada uno de los bloques advirtiéndoles que el proyecto que impulsa La Libertad Avanza (LLA) es regresivo en materia de derechos humanos. En particular, los expertos internacionales hicieron foco en la reforma penal y dijeron que podría prácticamente legitimar la ejecución extrajudicial de cualquier persona que huyera de la escena de un supuesto delito.
La nota –a la que accedió Página/12– llegó en los últimos días a los despachos de los jefes de las bancadas de Diputados. Allí, el representante regional para América del Sur del ACNUDH, Jan Jarab, expresa su preocupación porque el proyecto de ley aborda un sinfín de temas –muchos de gran relevancia en materia de derechos humanos– al mismo tiempo y sin considerar el desarrollo normativo internacional. “El tratamiento de estos asuntos requiere asimismo una escucha auténtica de los titulares de derecho”, reclamó Jarab.
El ACNUDH estuvo de visita este mes en la Argentina. Sus representantes se reunieron con la canciller Diana Mondino, con el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, con el secretario de Derechos Humanos Alberto Baños y con Patricia Bullrich. La única que emitió un comunicado dando a entender que la reunión había sido tensa fue la ministra de Seguridad, que estaba molesta porque un relator de la ONU había criticado por Twitter el protocolo anti-manifestaciones, su caballito de batalla.
El malhumor de Bullrich debe haberse extendido porque el viernes se dio a conocer una comunicación de tres relatores especiales de las Naciones Unidas en la que se señala que el protocolo está reñido con los estándares internacionales en materia de protesta. En la nota que envió el ACNUDH a los diputados, Bullrich volvió a recibir un tirón de orejas porque el organismo cuestionó varios de los artículos que ella incluyó en el proyecto de ley Ómnibus.
Protesta
En 2020, el Comité de Derechos Humanos de la ONU publicó la Observación General 37, que establece los estándares internacionales para las protestas. Ese documento fue invocado nuevamente por el ACNUDH frente a las restricciones que busca implementar, ahora por ley, el gobierno de Milei.
El organismo recuerda que la protesta es un “derecho que históricamente ha sido el vehículo para la consecución de otros derechos, desde los civiles y políticos hasta los económicos, sociales, culturales y ambientales” y le dice al Congreso que se debe garantizar el derecho a la reunión pacífica.
Para la ONU, son preocupantes las modificaciones que intenta hacer la administración de LLA al Código Penal para criminalizar a quienes participen u organicen manifestaciones. El gobierno pretende que los organizadores respondan por los daños que podrían producirse durante las marchas o protestas. Sin embargo, desde el ACNUDH le marcaron que no es viable y que únicamente podrían ser culpabilizados si ellos mismos participan de una situación ilícita.
Uso de la fuerza y rendición de cuentas
“Preocupa que el proyecto intente flexibilizar el uso de la fuerza, debilitar la rendición de cuentas y la responsabilidad por los resultados de ella – y, además, aumentar la posibilidad de violencia por particulares, expandiendo la noción de legítima defensa, en su artículo 344, por medio de la modificación de una serie de normas del Código Penal vigente”, dice la evaluación del ACNUDH.
Bullrich busca la aplicación del modelo de intervención de Luis Chocobar –que mató de un disparo por la espalda a un joven que escapaba después de asaltar y apuñalar a un turista–. No en vano Bullrich recibió al policía dos semanas atrás y tiene a quien fue su abogado defensor, Fernando Soto, como director de Normativa y Enlace con el Poder Judicial. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) dijo que el proyecto da "autorización para matar".
“Vale recordar que Argentina ya ha tenido problemas con el uso innecesario o excesivo de la fuerza por parte de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley –y que, por lo tanto, los mecanismos internacionales han recomendado fortalecer la protección en contra de la violencia institucional (y no debilitarla)”, subraya el ACNUDH.
El proyecto también amplía la figura de legítima defensa. Para la ONU, “podría representar un peligro de autotutela y violencia, más aún en un contexto complicado a nivel político, social y económico”.
Sin acceso a la justicia
El artículo 344 del proyecto de ley –que modifica el artículo 34 del Código Penal– establece que “quien comete un delito, aún en grado de tentativa, así como sus parientes, en caso de fallecimiento, carecen de acción para querellar o demandar a quien hubiera repelido la acción o impedido la huida”. Esto quiere decir que, si un policía o efectivo de las fuerzas de seguridad dispara contra alguien a quien le atribuye haber intentado cometer un delito o huir, nadie podría querellarlo o demandarlo. Desde la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) habían advertido que la intención es legitimar el “gatillo fácil”.
El ACNUDH coincide con el diagnóstico. “Esto constituye una privación de la autoridad judicial para evaluar la situación caso a caso y dejaría mucho espacio a la arbitrariedad, prácticamente legitimando la ejecución extrajudicial de cualquier persona huyendo del lugar del delito (aunque se trate de un delito menor)”, afirman en la nota que está en poder de los diputados.
Derechos de las mujeres
El organismo internacional también señala con preocupación el artículo 506 del proyecto –que modifica la Ley de los 1000 días– porque habla de la detección y asistencia a la “madre” embarazada. “La Oficina considera que esto resulta agresivo en términos del derecho a la salud de las mujeres, en términos de la noción de la familia y hasta potencialmente violento. Leído integradamente, con las disposiciones de protección de la vida desde la concepción (contra la interrupción del embarazo), podría abrir la puerta a la persecución de mujeres embarazadas”, sostienen desde el ACNUDH.
Salud mental
En el texto que envió Jarab también se puntualiza que los artículos que se refieren a salud mental – particularmente los 618, 620 y 624– “favorecen el regreso al modelo manicomial, de internación involuntaria y resultan regresivos” desde la perspectiva de la Convención sobre los Derechos de las Personas con discapacidad.
La nota, además, advierte sobre dos cuestiones medulares: las facultades delegadas para Milei y sobre la política de privatización y desregulación. Dice el ACNUDH, por un lado, que se podría desdibujar el Congreso y, por el otro, que hay un “riesgo de que opere la ley del más fuerte, sin ninguna consideración de criterios de justicia”. Está claro que el gobierno de LLA lo sabe –y busca que suceda.
