En el juicio por la toma de la comisaría 24 de la Boca, la fiscalía pidió cuatro años y ocho meses de prisión para Luis D’Elía. El dirigente enfrenta una acusación por “privación ilegal de la libertad, atentado a la autoridad agravado en forma reiterada, lesiones, instigación a cometer delitos, daño agravado, usurpación e intimidación pública”. Los hechos por los que está siendo juzgado ocurrieron en 2004 cuando, tras el asesinato de Martín “el Oso” Cisneros, un militante del Comedor Los Pibes, D’Elía junto a otros dirigentes sociales y vecinos ocupó la comisaría para reclamar que la policía detuviera al autor del crimen. 

De hecho, a raíz de aquella protesta, el homicida de Cisneros, Juan Carlos Duarte, fue arrestado y posteriormente encontrado culpable y condenado a 18 años de prisión. La causa abierta contra los que participaron de la toma de la comisaría fue mantenida con poco movimiento en los diez años que siguieron, y se reactivó el año pasado, al calor del nuevo escenario político y judicial. 

El caso tiene otros dos acusados, el titular del Comedor Los Pibes, Lito Borello, y Luis Bordón –padre de Sebastián Bordón, asesinado por policías mendocinos en 1998, y ex funcionario del gobierno anterior. Para ambos la fiscal Gabriela Baigún pidió el sobreseimiento por considerar que los delitos por los que están imputados ya prescribieron. 

Con respecto a D’Elía, en cambio, la fiscal sostuvo que no puede aplicarse porque en el juicio oral también se debate su convocatoria y participación en la contramarcha que se realizó el 25 de marzo de 2008 a la Plaza de Mayo para oponerse a las manifestaciones contra el gobierno de Cristina Kirchner por la Resolución 125 sobre retenciones al campo. El planteo es que el segundo hecho llevado a juicio interrumpió los plazos de prescripción de la toma de la comisaría. Baigún consideró además como agravante que en el momento de encabezar la contramarcha, D’Elía era diputado bonaerense. 

Terminada la audiencia, Borello advirtió que el pedido de la fiscal implica “una condena a organizarse”. 

“El planteo de la fiscal es entender como lícita la protesta cuando la hace el poder o la oligarquía, y condenar al pueblo cuando pelea por su derecho de construir una sociedad más justa”, señaló sobre el punto. 

 El próximo lunes será el turno de los alegatos de la defensa. De ser declarado culpable, D’Elía podría recibir una condena de cumplimiento efectivo, ya que por su monto, las penas reclamadas por la fiscalía no son excarcelables.