Comodoro Py salió al auxilio de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Menos de un día después de que la funcionaria tuviera que presentarse en una audiencia para defender el protocolo anti-manifestaciones, la Cámara Federal porteña, por dos votos contra uno, dejó sin efecto la medida cautelar que había dictado el juez federal Sebastián Casanello para que la actuación de las fuerzas de seguridad se adecuara a la Constitución y a los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Horas después de que se conociera la resolución de la Cámara, Bullrich redobló la apuesta y le pidió a Casanello que se deshaga de la causa.
El 6 de febrero último, Casanello dictó una medida de naturaleza cautelar y tutelar en la que exhortó al Ministerio de Seguridad de la Nación a que "en el marco de su competencia, adecúe la actuación de las fuerzas policiales y de seguridad federales a los límites impuestos por nuestro sistema constitucional de derecho". Lo hizo en el marco de una acción que había iniciado la legisladora porteña Celeste Fierro, referente del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), el 18 de diciembre pasado.
La decisión de Casanello fue apelada por la cartera que conduce Patricia Bullrich y fue anulada por los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah. El tercer juez, Roberto Boico, quedó en minoría.
En la resolución, el tribunal de apelaciones de Comodoro Py recordó que desde que se presentó el planteo contra la legalidad del protocolo y se reclamó la inconstitucionalidad de su aplicación, hubo diferentes declaraciones de incompetencia desde varios fueros, el electoral, el Contencioso Administrativo Federal y el nacional en lo criminal de instrucción.
Finalmente la acción quedó radicada en el juzgado federal 7 a cargo de Casanello, quien le dio trámite de hábeas corpus y el miércoles realizó una audiencia para escuchar a las partes, a la que asistió Bullrich, y luego dispuso un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles a las 11, cuando está previsto que continúe.
Según Irurzun y Farah, Casanello decidió intervenir como si fuera un hábeas corpus y sin evaluar la competencia –algo que no está previsto, salvo que el juez quisiera excusarse de intervenir. Los camaristas le dijeron al juez que ya que estaba tramitando el planteo de Fierro como un habeas corpus debió haberlo hecho de manera expedita.
Para la mayoría de la Cámara Federal, el dictado de la cautelar de Casanello fue “emitir desde sede judicial, una serie de declaraciones de alcance general con la única finalidad de realizar exhortaciones a otro poder del Estado”. Además, Irurzun y Farah sostuvieron que el juez se saltó pasos procesales como oír a la parte demandada.
En su voto, Boico recordó que el juez Casanello le pidió un informe al Ministerio de Seguridad sobre cómo se había gestado el protocolo y los cuestionamientos que recibió por parte de tres relatores de la ONU. La cartera contestó, por lo que no podría decirse que la parte demandada no fue oída antes de pronunciarse.
Sin embargo, para Boico, no había que adentrarse a analizar el planteo que hizo Bullrich porque el Ministerio de Seguridad no podría haberse sentido “agraviado” después de que un juez exhortara a que las fuerzas que de él dependen actúen cómo lo ordena la Constitución Nacional.
Desde la red social X, Fernando Soto, director de normativa y enlace con el Poder Judicial del Ministerio de Seguridad y ex abogado del policía Luis Chocobar, celebró el fallo de la Cámara. Según Soto, la Cámara había anulado el hábeas corpus. “El protocolo antipiquetes es absolutamente legal y constitucional. Ley y orden”, escribió, pese a que ninguno de los tres camaristas que firmaron el fallo hablaron de la constitucionalidad de la resolución con la que Bullrich busca evitar que haya protestas con cortes de calles o rutas.
Un rato después de la celebración de Soto en X, llegó una presentación del Ministerio de Seguridad para que Casanello envíe la causa al fuero penal ordinario –que presumen más favorable para el gobierno. Según la cartera que dirige Bullrich, no corresponde continuar con una acción de habeas corpus porque no hay una detención ilegal ni la posibilidad de una privación de la libertad.
El juez les pidió que opinen en un plazo de 24 horas a la fiscal Paloma Ochoa y a Fierro. De todos modos, Casanello, a diferencia de lo que planteó Soto, remarcó que el trámite del hábeas corpus continúa en pie y que se mantiene la audiencia prevista para el próximo miércoles en la que Bullrich debería volver a presentarse.
