“Hoy tuve dos pacientes con obra social que me decían que era la primera vez que se atendían en el hospital público porque no podían pagar la consulta”, cuenta Pablo Maciel, médico clínico del Hospital San Martín de La Plata. Quien, a su vez, está al frente de Asociación Sindical de Profesionales de la Salud de la Provincia de Buenos Aires (CICOP) asegura que la falta de control sobre los precios de los medicamentos por parte del Gobierno Nacional originó un aumento del 300 por ciento los últimos sesenta días y es la causa central que está llevando al sistema de salud pública bonaerense “a una crisis sin precedentes”.

“No tengo dudas de que quieren reventar el sistema”, remarca durante la charla con Buenos Aires/12. Para Maciel, el rumbo que tomó el gobierno de Javier Milei llevará a “millones de argentinos a la muerte” y, desde su lugar como representante gremial del personal médico de la provincia, afirma que se está preparando un “plan de resistencia”.

—¿Por qué llega a esa conclusión sobre la mortalidad?

—Por lo que sucedió los últimos dos meses. Cuando el Gobierno Nacional tomó la drástica decisión de liberar todos los precios de los medicamentos generó un impacto sanitario en el que miles de pacientes están discontinuando sus tratamientos crónicos. Hablamos de tratamientos oncológicos, diabetes, hipertensión arterial o HIV.

—¿No hay cobertura de las obras sociales o las prepagas?

—Sí, pero no alcanza. No pueden acompañar la cobertura cuando los fármacos aumentaron un 300 por ciento en sesenta días. ¿Que sueldo aumentó un 300 por ciento? En el mejor de los casos fue el 45.

—¿Existe algún beneficio con la desregulación de las obras sociales decretada por el presidente Milei?

—Para nada. El sistema de salud argentino está anclado en la solidaridad, donde aportan los de mayor y menor ingreso a las obras sociales sindicales o estatales y todos pueden recibir la misma atención. Esto paso en los noventa. Los que tienen mayores ingresos se van llevándose sus aportes, entonces se desfinancian las obras sociales. Esto, a su vez, afecta a los prestadores privados como los sanitarios y profesionales que se quedan sin pacientes de esas obras sociales.

—¿Se volvió muy costoso un tratamiento crónico?

—Claro que sí. Hay muchos medicamentos importados o con componentes importados, por lo que el dólar determina su valor y acceso. Para no ir a extremos, quien debe tomar una medicación por hipertensión puede costarle entre 20 mil y 30 mil pesos mensuales. Eso es una sola medicación. Los jubilados tienen un promedio de cuatro fármacos por mes, por lo que se dejan la jubilación en la farmacia. Vienen al hospital y te dicen que sólo van a comprar dos porque más no pueden. Es todo un clima de angustia. Es una política criminal la liberación de los precios de los medicamentos.

—¿Generó faltante en los hospitales?

—Claro. Hoy la mayoría de los hospitales del interior o que dependen de municipios tienen serios problemas de insumos. No pueden comprar medicamentos para los internados. Es todo muy típico de los noventa, donde después aparece la brillante idea de cobrar un bono en hospitales públicos como paso previo a la privatización, desfinanciando y deteriorando el sistema. 

—Muchos intendentes hablan de que aumentaron las consultas en los hospitales públicos, ¿es así?

—Sí. Por esto que venimos hablando. Hoy me tocó atender a dos pacientes que no pudieron pagar la consulta con su médico de siempre. Tienen obra social, pero ya no les cubre el total. Empiezan a llegar los pacientes con descompensaciones en sus cuadros clínicos porque no toman su medicación porque no la pueden comprar. Entonces requieren internación, lo que complica aún más la situación. Las obras sociales no pueden costear las internaciones en el sistema privado porque todo aumentó, no solo los medicamentos. Empiezan a faltar camas en el sistema público. Y estamos sufriendo una sobrecarga laboral por el incremento de pacientes que no tienen respuestas de su prepaga o no la pueden pagar.

—¿La falta de camas y la sobrecarga del personal llegó con este Gobierno Nacional?

—Hay una crisis crónica en el sistema que hizo que la sociedad busque cualquier solución y que generó este tipo de reacciones al momento de elegir un rumbo. Pero, para ser justos, en el sistema provincial, la pandemia nos agarró en una situación catastrófica en lo respecta a recursos, tanto humanos, como los insumos y la infraestructura. Eso derivó en una fuerte inversión. Sumamos 9 mil trabajadores a planta permanente, repoblamos los hospitales e iniciamos un proceso de recuperación salarial que viene bien pero que este escenario pone en duda.

—¿Este escenario que describe explica la situación que atraviesa el IOMA?

—Por supuesto. IOMA, como conjunto de obras sociales, venían recomponiendo y llevando adelante un saneamiento financiero muy gradual, que con este nuevo panorama desde que cambio el Gobierno Nacional se vuelve a una crisis espiralada. Primer impacto que tuvo es el aumento de medicamentos. Además el Instituto es un financiador, porque terceriza la atención. Las prestaciones son privadas y ahí también los aumentos son constantes por la inflación. Por eso es importante el proyecto del gobernador de crear un laboratorio de medicamentos provincial.

—¿Por qué?

—Porque daría acceso, tendrías precios de referencia. Pero, además, habría que impulsar una ley nacional para gravar las ganancias de los laboratorios. Creo que es una herramienta indispensable para ponerle el valor que corresponde a la consulta de profesionales. Porque la otra opción es aumentar lo que paga el afiliado, que es lo que sucede ahora. Hoy el Gobierno nacional traslada el costo de las prestaciones a los pacientes. Lo que no paga el laboratorio lo paga el paciente. Dentro de poco vas a tener que vender el auto para afrontar un acto quirúrgico. El que no tiene esa posibilidad se queda afuera. Es como si tenés un buen seguro de auto o no.  

—¿Se están pensando acciones al respecto?

—Si esto continua así, es una crisis sanitaria de gran magnitud, sin precedentes, que se va a medir con el aumento de la mortalidad global. A eso hay que sumarle el impacto a los trabajadores de la salud por precarización laboral. Todavía hay que ver si avanza y cómo avanza la reforma laboral que se quiso hacer mediante el DNU que está frenada en la Justicia. Nosotros estamos elaborando una estrategia de resistencia. Este martes habrá una reunión de la Federación Sindical de los Trabajadores y Trabajadoras de la Salud a la cual pertencemos para discutir cómo seguimos.