Pasaron doce años de la masacre conocida como Cumbre de Alaska, en Guatemala, donde seis integrantes de la etnia maya k'iche' fueron asesinados por miembros del Ejército al desalojar un corte de ruta que el pueblo indígena lleva adelante en reclamo del aumento de la tarifa de energía eléctrica y otras demandas sociales. Tras seis meses de juicio oral, el Tribunal absolvió a dos de los imputados y condenó a otros seis por delitos menores. La Fiscalía había pedido penas de entre 20 y 30 años por el delito de “ejecución extrajudicial”.
Según la sentencia, el coronel Juan Chiroy y el soldado Manuel Lima Vázquez fueron absueltos del cargo de "ejecución extrajudicial", mientras el sargento Edin Agustín y otros seis soldados fueron condenados a siete años y 10 meses de prisión por "lesión en riña" o "disparo de arma de fuego".
"Pido justicia y reparación porque los soldados mataron a nuestros esposos", reclamó Celestina Aguilar, de 50 años, viuda de Jesús Puac, uno de los seis fallecidos, tras escuchar la sentencia.
La masacre
El 4 de octubre de 2012, seis hombres del pueblo K'iche' de Totonicapán fueron asesinados en medio de un operativo del Ejército de Guatemala para desalojar el corte de ruta que llevaban adelante en reclamo del aumento de la tarifa energética y otros reclamos sociales. Además de las víctimas fatales, otros 30 manifestantes resultaron heridos.
En ese momento, gobernaba el presidente Otto Pérez (2012-2015), condenado en 2022 a 16 años de cárcel por corrupción. Para los pueblos indígenas esta fue la primera masacre perpetrada por las fuerzas de seguridad tras el fin de la guerra civil (1960-1996).
El hecho ocurrió en el sitio conocido como la Cumbre de Alaska por la altitud y el clima frío en ese tramo de la ruta entre los departamentos de Totonicapán y Sololá, a unos 100 kilómetros de la capital.
El juicio
El juicio comenzó el 15 de junio de 2023 en un tribunal de casos de alto impacto de la capital, tras casi 11 años de espera debido a recursos que fueron atrasando el proceso. Los nueve militares enfrentaban cargos de ejecución extrajudicial con condenas de entre 20 y 50 años de prisión.
"Mi nieto ahora me está preguntando: dónde está mi abuelo, por qué no tengo abuelo; yo le contesto: ya no tenés abuelo porque los soldados lo mataron", lamentó Aguilar, quien viajó a la capital desde el municipio de Totonicapán para asistir a la audiencia.
"No se borra de mi corazón todo lo que ha pasado, estamos sufriendo y lo que queremos es justicia y los queremos condenados porque ellos llegaron a masacrar a mi esposo, derramaron mucha sangre", indicó María Yax, presente también en la audiencia.
El esposo de Yax, José Puac, era un zapatero de 33 años que junto a miles de lugareños protestaba por el incremento a la tarifa de la luz, la amenaza de una reforma constitucional para desconocer la organizaciones de los pueblos originarios y la posible eliminación de la formación de maestros.
Los otros cuatro fallecidos son Félix Sapón, Santos Hernández, Rafael Batz y Jesús Caxaj.
En el juicio declararon más de 90 testigos, la mayoría lugareños, se presentaron unos 300 documentos y realizaron casi 30 peritajes forenses.
