El juez federal Julián Ercolini ordenó las primeras medidas de prueba solicitadas por el fiscal federal Ramiro González en la causa que investiga presuntas irregularidades en la contratación de un bróker financiero como mediador en la gestión de seguros para dependencia del Estado nacional durante el gobierno de Alberto Fernández. El presidente Javier Milei mencionó el caso ante la Asamblea Legislativa como ejemplo de “un sistema diseñado para generar un intermediario entre los distintos organismos del Estado, de manera de poder cobrar retornos de cada operación”.

El esquema de negocios entre aseguradoras privadas y la administración de Fernández lo puso bajo la lupa el economista cordobés Osvaldo Giordano, fugaz titular de la ANSES en los primeros dos meses de la gestión Milei, eyectado de ese organismo luego de que su esposa, la diputada Alejandra Torres, votara en contra de la fenecida Ley Ómnibus.

La causa se inició tras una publicación en Clarín que transformó en denuncia judicial la abogada Silvina Martínez, para que se investiguen las derivaciones del decreto 823/2021, firmado el 2 de diciembre de ese año, que “impuso la obligación al Sector Público Estatal de contratar servicios de seguros de forma exclusiva con la empresa pública ‘Nación Seguro SA’”, resumió el fiscal al requerir la instrucción.

Los investigados, además de Fernández, son el ex titular de Nación Seguros, Alberto Pagliano –viejo amigo del ex presidente, según la denuncia– y el bróker Héctor Martínez Sosa, casado con una histórica secretaria del aún jefe del PJ nacional. El intermediario habría cobrado comisiones por cada póliza que según la denuncia serían muy superiores a las del mercado.

Fernández negó haber realizado gestiones para que dependencias del Estado contraten a Martínez Rosa y aseguró que tampoco le pidió a su secretaria que lo hiciera. “Dudo que ella haga una cosa así; si lo hizo, no lo avalo; ninguno te va a decir que pedí por alguien. Yo lo dudo, pero no puedo garantizar que ella no haya hecho una cosa así. Si fue así, se extralimitó”, dijo al diario La Nación.

Ercolini ordenó obtener los registros migratorios de Fernández, Cantero y Pagliano, entre otros, y requirió información a la Jefatura de Gabinete, la Secretaría Legal y Técnica y a dos organismos de control sobre los antecedentes y dictámenes relacionados con el decreto en cuestión. A la Auditoria General de la Nación (AGN) y a la Sigen se les requirió que remitan copia de la totalidad de los informes de auditoría relacionados a las contrataciones de seguros por parte del Estado Nacional. El juez libró una orden de presentación a Nación Seguros S.A. para que la División Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina recoja de allí copia de todas las contrataciones de seguros o convenios celebrados con el Estado Nacional, así como las actuaciones administrativas de las entidades contratantes de las pólizas que se vinculen con las designaciones de productores asesores de seguros (directos u organizadores) en el marco de tales contrataciones.