La jueza Ada Zunino otorgó este miércoles la libertad a una mujer víctima de violencia de género que fue detenida el 27 de febrero luego de que el exmarido la golpeara y la denunciara luego. La mujer sigue imputada por los cargos que le atribuyó la fiscala Sandra Rojas al considerar sólo la denuncia del agresor, identificado por las iniciales J. F. R.

Rojas pidió el arresto domiciliario de la mujer, N.; sin embargo, la jueza dispuso la libertad luego de escucharla, al abogado defensor Álvaro Arias, del Centro Comunitario para el Acceso a la Justicia (ALFA), y a la abogada Tania Kiriaco, asesora legal del Comité contra la Tortura, que acompañó a la mujer.

N. tuvo un breve intercambio con Salta/12. "Me voy vendada por todos lados", contó. Detalló que tiene la mano izquierda inmovilizada por la agresión y una contusión en el hombro. Es kinesióloga y se le dificultará trabajar. Dijo que la policía secuestró su celular y las llaves de su casa y aún no pudo recuperar esos objetos. Asimismo, señaló que espera ver a sus hijos, a los que se llevó el exmarido con autorización de la fiscalía y la policía. La mujer agradeció a quienes la acompañaron y posibilitaron su libertad, entre ellas a Arias, Kiriaco, e integrantes del Comité contra la Tortura y de organizaciones feministas como Madres Protectoras y la Multisectorial de Mujeres de Salta.

Arias presentó el viernes último el pedido de libertad de la mujer. También había requerido que le tomaran una denuncia por violencia de género porque la había visto con moretones y ella los atribuyó al exmarido. Como no fueron a tomarle la denuncia a la mujer estando detenida, el abogado realizó las denuncias por la violencia de género e institucional.

Recién este miércoles N. pudo declarar ante la Fiscalía de Derechos Humanos. También la revisaron peritos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales. "Contó detalladamente lo que le hizo el agresor, los vejámenes de la policía, cosas que sufrió estando privada de la libertad (...) dio el nombre de algunas agentes del Servicio Penitenciario", explicó el abogado.

Arias dijo que N. relató con detalle la agresión del exmarido, que le produjo diversas lesiones cuando ella fue a reclamarle por sus hijos de 7 años a los que se había llevado sin su permiso. 

"Ella sale a la comisaría de Cafayate, nadie la quiere atender. Estaba en shock, nadie le quería tomar la denuncia". Y la fiscala "la hace detener y no le tomó la denuncia", reprodujo el abogado.

Cuando estaba en la Comisaría 60 la mujer grabó videos en TikTok en los que exigía que fuera la fiscala Rojas, y también se filmó cuando la funcionaria ordenó que la detuvieran, contó lo que estaba pasando y que la tenían esposada, antes de que le quitaran el teléfono. Se la veía golpeada, con la cara ensangrentada y consciente.  

Sin embargo, N. relató que en el traslado "alguien vestido de azul le inyectó algo y se durmió". La mujer recuerda que estaba en el móvil y que los policías la empujaban y le ajustaban las esposas. Luego de esto, sólo se acuerda que despertó en "una pieza chiquita en la Alcaidía" sin saber dónde estaba, dijo que golpeaba las puertas y preguntaba por sus hijos.

La mujer dijo que no sabe qué le inyectaron. Manifestó que en la Alcaidía le contaron que por su estado la rechazaron cuando la llevaron por primera vez, y la llevaron al Hospital de salud mental Miguel Ragone, donde se negaron a internarla porque estado mental estaba bien. Finalmente, fue ingresada a la Alcaidía. "Se le hizo un informe psicológico psiquiátrico y salió todo bien", dijo Arias además. 

El abogado planteó que se tiene que investigar la violencia institucional que denunció la mujer y el incumplimiento de deberes de los funcionarios policiales y de la fiscala Rojas, que no le tomaron la denuncia a N. aún cuando estaban obligados a hacerlo por la ley provincial 7888 y la ley nacional 26485.

Tras la publicación periodística de la detención de N., la abogada Tania Kiriaco junto a la comisionada Cristina Cobos se constituyeron "con el Comité (contra la Tortura) a los fines de verificar las condiciones de detención por la gravedad de hechos manifestados en la nota. Solicitamos urgente que sea oída por fiscal de derechos humanos de la provincia (Claudia Geria)", dijo la letrada. 

"Se le tomó una audiencia donde ella denunció los hechos de apremios ilegales sufridos tanto en la Comisaría 60 como en el traslado. Cuestión que tendrá que investigar la justicia. El Comité va a tomar medidas, a pedir informes de todo lo hecho y ver qué recomendaciones podemos hacer por la situación de lo relatado por la víctima", dijo Kiriaco. 

"Es una situación gravísima, por los dichos de la víctima no se la escuchó en una primera instancia en Cafayate teniendo en cuenta el contexto de violencia de género, tendría que haber un acompañamiento mayor", consideró la abogada. "Él (el exmarido) la denuncia primero" y "tomaron una medida sin escuchar a una de las partes. El traslado en esas condiciones es de suma gravedad, todos hechos que tendrá que verificar la justicia y el juez actuante", añadió.

Asimismo, Kiriaco resaltó que en Cafayate "N. dice que no investigan lo que ella denuncia, que actúan con parcialidad y solamente tienen en cuenta los dichos del agresor".