Periodistas, medios y trolls oficialistas injurian o zahieren a los familiares de Santiago Maldonado. La arremetida impiadosa se recubre de una, apenas camuflada, novedad constitucional. La votación del domingo, se aspira, reemplazaría a la autopsia del joven fallecido y disiparía la necesidad de investigar el accionar de la Gendarmería y el Ministerio de Seguridad. 

La familia de la víctima convoca a una nueva movilización a Plaza de Mayo para el miércoles que viene. La del primero de septiembre congregó una muchedumbre que se comportó pacíficamente. 

En la desconcentración se produjeron algunos incidentes y destrozos en los que participaron activa (y notoriamente) infiltrados. La Policía reprimió de lo lindo, se autodispensó de portar placas identificadoras, un vicio garantista.

Se arrestaron 31 personas, el juez Marcelo Martínez de Giorgi dispuso mantenerlas incomunicadas durante cuarenta y ocho horas, lapso que magnánimamente, acortó un cachito.

Se comprobaron irregularidades en las detenciones, falsedades en varias actas, amenazas de desaparición y vejámenes a los ciudadanos. Martínez de Giorgi hiberna esas denuncias, no le importan.

Tras casi dos meses de recolección de pruebas, retaceando a los defensores el acceso al expediente, Su Señoría se despachó con 22 procesamientos, 7 faltas de mérito y dos sobreseimientos.

 Los argumentos de la decisión serían asombrosos en cualquier tribunal de un país democrático… salvo en Comodoro Py. A un acusado se le endilga, como causal de delito “increpar al personal policial” (que metía goma a diestra y siniestra) y portar “una bandera negra que tomó con su mano derecha y colocó sobre su hombro”. En fin. 

Los federales tienen el procesamiento fácil y no le escatiman a nadie un embargo millonario. Lo padecen gentes de a pie, de escasos recursos económicos que en este episodio son tratados como enemigos. 

Escarmentar a los manifestantes y atemorizar a los que concurrirán el miércoles son objetivos diáfanos de la resolución.

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La Cámara de Diputados rechazó meses atrás un pedido de expulsión de Julio de Vido fundado en incapacidad moral. La movida, que excedía las facultades constitucionales del cuerpo, no consiguió la mayoría calificada de dos tercios de los miembros presentes. 

La vindicta antikirchnerista regresó el miércoles, envuelta en un ropaje legal aparentemente más prolijo. A pedido de “la Justicia Federal” desaforó a De Vido, para que fuera inmediatamente encarcelado. Se ocupó la Gendarmería que, como Dios, está en todas partes y procede como el Diablo.

El desafuero es potestad de la Cámara pero está viciado por la alianza entre la Casa Rosada y el Poder Judicial.

Abreviamos detalles, que se han reseñado en este diario en esta semana. De Vido no está condenado, ni siquiera fue indagado todavía. La prisión preventiva, excepcional para quienes gozan la presunción de inocencia, se fundamenta en que el acusado podría entorpecer la investigación. No es así.

El oficialismo festeja y brinda con champagne… no es una forma de decir. En el corto decurso de una semana encarceló a dos ex funcionarios kirchneristas. Es la primera vez desde 1983 que sucede algo así.

Funcionarios, formadores de opinión, académicos se congratulan y comparan con el Mani Pulite italiano o el Lava Jato brasileño. Soslayan una pequeña diferencia: más allá de las valoraciones sobre esas cruzadas judiciales, en ambas se juzgan a integrantes de diferentes partidos políticos y a empresarios.

No hay que saltar las fronteras nacionales para encontrar casos similares. En los juicios ulteriores a las tragedias de Cromañón y Once (iniciados y sustanciados antes del advenimiento de la República macrista) se acusó y condenó a distintos causantes de los estragos: personas del común, funcionarios y, caramba, también empresarios. Omar Chabán en Cromañón, concesionarios del ferrocarril en Once. 

Los magistrados duermen o archivan las causas contra el oficialismo, entendiendo como tal a su pata política y a la empresarial.

El ex secretario de Transporte Ricardo Jaime y la ex ministra de Economía Felisa Miceli estuvieron en el banquillo y fueron sentenciados durante “la década perdida”. 

La asimetría salta a la vista, en sentido inverso al de la narrativa hegemónica. 

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El cronograma de audiencias y resoluciones previos y ulteriores a las elecciones robusteció la campaña de Cambiemos y su ofensiva de la semana que termina hoy.

La acusación a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner por el Memorándum de entendimiento con Irán criminaliza una decisión política, aprobada por el Congreso. 

La citación del juez Claudio Bonadio, causalidad permanente, cayó a pocas horas del comicio.

La seguidilla trasunta un accionar persecutorio que tiene en la mira a la Procuradora General Alejandra Gils Carbó. 

Un mediocre fallo de primera instancia fulmina como inconstitucional la ley que establece un régimen especial para removerla. Sin adentrarnos en el debate técnico (los códigos se quemaron en el Foro), aún bajo este gobierno se trata de una decisión de primera instancia, recurrible ante instancias superiores, que puede llegar a la Corte Suprema.

La prisión preventiva a De Vido también puede-debe recorrer ese itinerario.

Milagro Sala sigue presa a merced de un tribunal digno de la prosa de Gabriel García Márquez.

La conjunción entre dos poderes del Estado signa la etapa y enciende luces de alarma, por usar un eufemismo.