En Santa Fe también el peronismo está tratando de subirse a la lona del ring. Con minoría en la Cámara de Diputados y en la de Senadores, trata de armar aunque más no sea un perfil de oposición frente al gobierno de Maximiliano Pullaro que ganó en casi todos los rincones de la bota. La asimetría política se vio nítida la semana pasada donde el oficialismo pudo imponer holgadamente su mayoría -en el Senado por unanimidad- para lograr la retrógrada reforma del Código Procesal Penal que le da más poder de investigación a la policía y pone en serio riesgo a más de una garantía constitucional. Un hecho que los abogados penalistas ya avisaron: piensan denunciar en los futuros procesos cuando una persona pueda estar detenida más de 30 días sin que se le impute delito alguno y cuando sea notificada después vía mail, y no en una audiencia pública. Un regreso veloz a las peores oscuridades de los recovecos de la Justicia, previo al sistema acusatorio que se puso en marcha en la provincia hace diez años.

“Nos llevaron como chico a la escuela”, dijo resignado un diputado provincial del peronismo respecto del proceso de debate y sanción express de la polémica reforma que ya había sido cuestionada duramente por profesionales del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Políticas y Sociales (Inecip) que conduce el prestigioso abogado Alberto Binder cuya palabra era considerada en épocas del socialismo y que ahora vinculan a la literatura vernácula más que a la estricta academia jurídica. Cerca de la revolución el pueblo pide sangre diría Charly García. Revolución de derecha, obviamente.

El peronismo se negó a quedar pegado en la derrota al bloque del Frente Amplio por la Soberanía que conduce Carlos Del Frade, la única bancada que fue por el rechazo total. Para el peronismo la idea era discutir modificaciones al Código Procesal Penal que permitan “dar mayores herramientas para la persecución del crimen ante la situación de crisis que atraviesa la provincia y Rosario. Por ejemplo la regulación del arrepentido, agente encubridor, entre otros”. Pero no compartían que en pos de mejorar la seguridad “se vulneren garantías constitucionales y se dé una carta en blanco a los órganos de persecución del delito”. Pero nadie recordará eso, todos habrán fijado ya el resultado de las manos alzadas en el recinto: 33 a 2.

La unanimidad en el Senado ya estaba garantizada. Allí los acuerdos más antiguos que Matusalén se renovaron cual contrato de locación y sí, es probable que también, con alguna indexación. El mandamás de San Lorenzo, el escurridizo senador Armando Traferri volvió a vivir cuando terminó el gobierno de Omar Perotti que necesitó poco o nada de sus favores. Otra vez vuelve a gravitar y se tranquiliza pensando en la suspensión de la Legislatura al fiscal Matías Edery que quería llevarlo como acusado al estrado por la mega causa del juego clandestino en Santa Fe que se llevó puestos a dos fiscales, pero dejó erguido al senador provincial.

Ese poder que volvió a los senadores provinciales del peronismo es el que usan también para reorganizar el alicaído partido. “En el PJ santafesino se está discutiendo plata, no política. Porque hay que pagar los gastos que genera mes a mes la sede partidaria de Santa Fe y con la caída de los aportes (antes todos los funcionarios peronistas aportaban desde sus cargos) los únicos que pueden afrontar esos gastos son los senadores”, dijo un dirigente político de peso.

El senador nacional Marcelo Lewandowski entendió que su sector que ganó las dos últimas internas peronistas iba a ser considerado de otra forma. Sugirieron el nombre de Silvina Frana para presidir el partido, pero la respuesta fue que no porque impulsarían a alguien del grupo de senadores. Ese candidato es el exsenador provincial Guillermo Cornaglia que viene de perder el departamento Belgrano por el 50 por ciento de los votos. Otros sectores del peronismo provincial que quisieron participar del “llamado a la unidad” fueron directamente rechazados.

Dame más punitivismo

El gobernador Pullaro planteó la necesidad de reformar de manera urgente el régimen penal juvenil y propuso un principio que también empezó a ser promovido desde la Casa Rosada. “Tiene que haber una modificación del Código Penal, que permita que a los menores que cometen delitos de mayores de edad sean juzgados como mayores”, le dijo a la prensa porteña. La discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad se reavivó después de que se conoció que el presunto autor del disparo a sangre fría fue un joven de 15 años, detenido el jueves. “Este chico tiene que pagar, no puede quedar impune lo que hizo. El daño que le provocó a Bruno Bussanich, que es la víctima, el daño que le provocó a su familia, y el daño que le provocó a la sociedad en su conjunto”, aseguró Pullaro. Y agregó: “Ya hay que cambiar la ley, es urgente y es un debate que tiene que dar la República Argentina, sin preconceptos, sin prejuicios ni ataduras ideológicas”.

Pullaro es un fanático de alejarse de las ideologías y de darle poder a la policía, lo cual marca claramente hacia qué lado se transita cuando supuestamente se “abandona la ideología” para dar un debate concreto. Si toda su gestualidad hacia los uniformados santafesinos diera resultados (hay que recordar que propuso indultar a policías condenados por homicidio) sería otro el escenario. El problema es que esa receta ya la aplicó cuando fue ministro de Seguridad de Miguel Lifschitz y tampoco la policía adulada le pudo entregar a cambio el control de la calle.

No hay manera de acercarse a Milei

A pesar de las coincidencias en la mano dura contra el delito, la participación de las fuerzas armadas en conflictos internos y hasta de ajuste en la administración; el gobierno de Santa Fe recibe un mazazo tras otro de parte del presidente libertario. El miércoles, el decreto 280/2024, publicado en el Boletín Oficial, anunció que la Nación eliminó el Fondo de Compensación al Transporte Público del Interior y de los anticipos que realiza la Anses a las provincias que no transfirieron sus cajas previsionales al Estado nacional.

Santa Fe es una de las trece provincias que en su momento no transfirieron a la Nación su caja de jubilaciones. Milei dejó sin efecto los artículos 92 y 93 de la ley de presupuesto 2023. Allí se establece que la Anses "transferirá antes del día 20 de cada mes a aquellas provincias que no transfirieron sus regímenes previsionales al Estado nacional, en concepto de anticipo a cuenta del resultado definitivo del déficit correspondiente a cada sistema previsional, un importe equivalente a una doceava parte del monto total del último déficit anual, provisorio o definitivo, conformado para cada una de ellas" y que cada anticipo mensual debe realizarse de acuerdo a "las variaciones en el índice de movilidad jubilatoria del Sistema Integrado Previsional Argentino (Sipa)". Son miles de millones menos en transporte y para la caja previsión.

El secretario de Seguridad Social de la provincia, Jorge Boasso, nunca tuvo pelos en la lengua y por eso aseguró que la decisión era "otra trastada del Presidente" y destacó que "mientras Milei convoca al consenso a los gobernadores para que lo acompañen en sus leyes, saca por decreto un recorte de fondos adeudados por ley (no discrecionales) a las Cajas Jubilatorias de 13 provincias". Y sumó: "Las Cajas de jubilaciones no son casta, son aportes de los trabajadores durante su vida laboral".