"Es la ratificación de una condena", sentenció el defensor del Pueblo de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, Eugenio Semino, horas antes de que el presidente Mauricio Macri anuncie, entre otras medidas de ajuste, el cambio del cálculo para realizar el aumento de las jubilaciones y pensiones, que pasarían a realizarse de acuerdo a la inflación. Semino advirtió que los jubilados necesitan una recomposición de sus haberes "desde hace varias décadas" y que actualmente el 50 por ciento cobra el mínimo de 7.246 pesos, "con lo que no cubren el 40 por ciento de la canasta básica".
El actual cálculo de suba de haberes jubilatorias, pensiones y asignaciones sociales está estipulado por la Ley 26.471, sancionada en 2008, y contemplada aumentos semestrales de acuerdo a la relación entre la variación salarial y la recaudación del Anses. Semino indicó que este cálculo permitió que los jubilados "no perdieran" frente a la inflación, a excepción de 2014 y en 2016, cuando los haberes jubilatorios cayeron entre 10 y 11 puntos por debajo de la inflación, pero aseguró que una modicación atada a la inflación será "ratificar la condena".
El defensor de la Tercera Edad precisó que la canasta básica para un jubilado alcanzó los 15.136 pesos el último mes, monto que significa un 20 por ciento más si calcula por pareja, y advirtió que el 50 por ciento de los jubilados no cubre esa canasta, ya que un 30 por ciento cobran la mínima de 7246 pesos y otro 20 por ciento accede a un haber de entre 10 mil y 11 mil pesos.
Semino, en diálogo con Radio Con Vos, consideró que el anuncio que se espera del presidente en un acto en el CCK ante empresarios, sindicalistas y legisladores invitados significará "un maquillaje" y recordó que la ley de la Reparación Histórica sancionada en 2016 ordena "conformar una comisión de expertos" y aplicar una "reforma estructural del sistema".
Frente a la expectativa de un anuncio de reformas impositivas, el defensor de la Tercer Edad recordó que el IVA significa cerca del 50 por ciento de los ingresos a las arcas de la ANSES y lo calificó como "el impuesto más distorsionado y el que hay que cambiar", al graficar que significa que "los pobres banquen a los pobres jubilados, y los propios jubilados bancándose a ellos mismos a través del consumo".
La ley de Movilidad Jubilatoria fue sancionada en 2008 tras años de un congelamiento en la movilidad jubilatoria. En la presidencia de Carlos Menem, con Domingo Cavallo como ministro de Economía, ese derechos básico fue derogado. Con llegada a la presidencia de Fernando de la Rúa, con Patricia Bullrich como ministra de Trabajo, el deterioro en el poder adquisitivo de los jubilados se profundizó con un recorte en los haberes del 13 por ciento.
A partir de 2002, Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner y Cristina Fernández otorgaron aumentos por decreto, pero en porcentajes y con alcances de beneficiarios discrecionales. Eso llevó a un achatamiento de la pirámide salarial y hoy más del 70 por ciento de los jubilados cobra la mínima. Por eso, dos fallos de la Corte Suprema, conocidos como (Adolfo) Badaro, ordenaron volver a crear un índice objetivo para subir los haberes de manera automática, que derivó en el actual cálculo, que hoy Macri comenzará a poner en marcha atrás.
