Estados Unidos y Cuba, a casi un año del presunto primer ataque acústico contra diplomáticos de EEUU en La Habana, dejaron sentadas sus diferentes posiciones. El gobierno de la isla acusado por Washington se defendió con un documentado programa de su televisión. Diez días antes y durante una conferencia de prensa, el presidente Donald Trump había declarado desde la Casa Blanca: “Sí, creo que Cuba es responsable”, sin aportar una sola prueba. Empantanada como está la investigación -por la falta de cooperación norteamericana que aduce su contraparte- todo indica que este affaire quedará en la nada. Existe una razón de peso para deducirlo. La administración republicana ya consiguió su propósito de enfriar las relaciones bilaterales que habían emprendido Barack Obama y Raúl Castro. Redujo al mínimo la dotación de su embajada y expulsó a 15 diplomáticos cubanos el 3 de octubre con el argumento de la supuesta agresión.
Cuba señala que el dictamen médico que le entregó Estados Unidos sobre sus funcionarios afectados, “tiene una sola cuartilla” (menor que el tamaño de una hoja) y “es muy general, carece de los elementos técnicos requeridos en este tipo de informes”. La portavoz del Departamento de Estado, Heather Nauert, había admitido en público que su gobierno no pudo determinar hasta ahora la causa de los presuntos ataques sónicos producidos entre noviembre de 2016 y el 21 de agosto de este año. EEUU solo había comentado a través de una nota diplomática que se lanzaron desde equipos de largo alcance.
El diario El Nuevo Herald de Miami publicó un artículo el viernes último donde informa: “Hasta ahora el Departamento de Estado ha identificado a 24 diplomáticos afectados por misteriosos ataques que les han producido síntomas como dolores de cabeza, pérdida de audición y daño cerebral, pero no ha nombrado a ninguno”. Sobre la escasez de las pruebas aportadas y la ausencia de testimonios dados por las víctimas que denuncia EEUU, desde la isla respondieron profesionales médicos.
La fonoaudióloga Alida Suárez Landrián afirmó en el documental de la TV cubana: “Lo único que hemos recibido de la contraparte han sido dictámenes nada específicos. Se realizaron estudios vestibulares, estudios audiométricos, pero ¿dónde están los estudios?, ¿dónde están los resultados de esos estudios? Si nosotros no vemos los estudios y no vemos sus resultados ¿cómo podemos hablar que existió tal daño o que no existió? No tenemos una base científica, ni una base sólida para poder dar un diagnóstico”. Su colega, Manuel Villar Kuscevic, especialista en otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello, completó: “No hemos tenido realmente una información que sea científica y fidedigna para nosotros poder llegar a una conclusión en cualquier sentido”. Tratándose de la TV cubana, la posición de los profesionales médicos puede considerarse una palabra tan oficial como experimentada.
Los ataques acústicos fueron reportados por Washington al Ministerio de Relaciones Exteriores cubano recién el 17 de febrero. O sea, casi tres meses después del primer episodio detectado en noviembre. El gobierno de Raúl Castro basado en lo que establece la ley de Procedimiento Penal, abrió el expediente número 10/17 titulado “Actos contra los jefes y representantes diplomáticos extranjeros”.
Las conclusiones provisorias a que arribó fueron: la inexistencia de evidencias sobre ataques acústicos; tampoco resultó posible establecer hipótesis sobre hechos que no dejan huellas tangibles; no se identificó a los posibles autores y el peritaje a las muestras sonoras aportadas por EEUU - presuntas causantes de las afecciones a su personal diplomático - para los cubanos no pudo causar lo que alega el gobierno de Trump.
El teniente coronel Francisco Estrada Portales, uno de los investigadores del caso que habló en el programa Razones de Cuba, puso en duda los argumentos de Estados Unidos con un ejemplo: “es muy significativo que el jefe del Área de Seguridad de la embajada desconocía la ocurrencia de los hechos y fue reportado como uno de los atacados”. Agregó también que ignoraba lo que pasó contra los funcionarios y sus familiares “cuando su función en Cuba es, precisamente, preservar a estos funcionarios y familiares”.
Como ataques acústicos o sónicos pueden definirse “la emisión de altos decibeles de sonido para generar diferentes reacciones físicas y cognitivas con fines de neutralización, a través del empleo de armas no letales o equipos disponibles en el mercado”. En el documental televisivo, Cuba sostiene que en la isla no existe ese tipo de tecnología y está prohibida la importación comercial de cualquier equipamiento semejante.
Muy alejado de estas explicaciones, el Departamento de Estado fijó su posición. Lo hizo mediante un comunicado que reprodujo el Nuevo Herald y donde le recordó al gobierno cubano “su obligación bajo la Convención de Viena de garantizar la seguridad de nuestro personal diplomático” y también que sigue con su propia investigación sobre los ataques. “Queremos continuar cooperando con los cubanos en este sentido. Videos como el transmitido anoche (por el jueves pasado) solo sirven para distraer de los esfuerzos para resolver el caso de los ataques a la salud”.
El canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla ya se encuentra en Nueva York para la presentación y votación del proyecto de resolución titulado “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”.Serámañana en el Período de Sesiones N° 72 de la Asamblea General de Naciones Unidas. Aunque los presuntos ataques sónicos no forman parte del temario, remiten otra vez las relaciones de Cuba y Estados Unidos al contexto de la Guerra Fría.
En La Habana ya descuentan lo que vendrá: que la abstención del gobierno de Obama en 2016 cuando se trató el proyecto cubano que condena al bloqueo en la ONU, no se repetirá. Quedará como una excepción en la historia diplomática de los dos países. El voto de EEUU en estos tiempos de Trump será contrario a la posición de la isla. Está no cambió un ápice en más de un cuarto de siglo. Para Cuba es un acto de guerra económica y se apoya en lo que sostiene la Convención de Ginebra.
