Un informe del CEPA sobre los efectos que tendrá la reforma laboral
Una lista de damnificados
El trabajo analiza los efectos que tendrá la reforma, según el proyecto distribuido. Los jubilados, los empleados tercerizados y los jóvenes que buscan ingresar al mercado laboral figuran entre los principales perjudicados.
La rebaja en las indemnizaciones permitirá despedir más barato, con las imaginables consecuencias.La rebaja en las indemnizaciones permitirá despedir más barato, con las imaginables consecuencias.La rebaja en las indemnizaciones permitirá despedir más barato, con las imaginables consecuencias.La rebaja en las indemnizaciones permitirá despedir más barato, con las imaginables consecuencias.La rebaja en las indemnizaciones permitirá despedir más barato, con las imaginables consecuencias.
La rebaja en las indemnizaciones permitirá despedir más barato, con las imaginables consecuencias. 
Imagen: Leandro Teysseire

La baja del llamado costo laboral no puede hacerse sin costo. Según el cálculo del Centro de Economía Política Argentina, con la reducción de las contribuciones patronales el sistema de seguridad social dejará de recibir, a los niveles salariales de hoy, unos 42 mil millones de pesos: esto es un 11 por ciento de lo que se está recaudando. En este marco, el CEPA apunta como llamativo que el Gobierno impulse la reducción de las jubilaciones en el orden de los 112 mil millones de pesos (a través de la modificación del índice de actualización) y al mismo tiempo promueva un recorte de las contribuciones patronales de 42 mil millones. “Este escenario implica que no se reduzca el déficit fiscal tal como pretende el Gobierno; pero a la vez, que sean los jubilados quienes transfieran ingresos en favor de las empresas beneficiadas con la medida”, advierten. En su análisis sobre el “borrador” de reforma laboral presentado por el gobierno a la CGT, Hernán Letcher y Julia Strada hacen además una lectura sobre el impacto social de la reforma. Ya que el otro camino para abaratar los costos empresarios pasa por desarmar una serie de protecciones a los trabajadores, puede anticiparse quiénes quedarán más expuestos: los empleados tercerizados y los jóvenes que buscan ingresar al mercado laboral. Pero también está la rebaja de las indemnizaciones, que permitirá despedir más barato. En otras palabras, del primero al último de sus integrantes, todo el conjunto de los que viven de su trabajo quedará afectado. 

“Una de las características que tiene esta reforma es que no segmenta ni por tamaño de empresa ni por la edad del trabajador, ni por otras características como la formación del empleado: es universal”, explicó Letcher a PáginaI12. “En los ‘90 se hizo igual. En todas las épocas, las modificaciones universales, que atraviesan absolutamente a todos, se hacen de esta manera porque benefician a los grandes. Los grandes son los que menos posibilidades tienen de evadir aportes y contribuciones, con lo cual la eximición del pago los beneficia abiertamente. De hecho, la ley anterior (para promover el blanqueo de empleados en negro), que es una norma de diciembre de 2014, del kirchnerismo, diferenciaba los beneficios a los empleadores según su tamaño. Incluso la ley de Primer Empleo (que promovió el macrismo pero logró ser frenada) también tuvo eso. Tenía una característica adicional que era la de darle un subsidio para las contribuciones, pero mantenía la segmentación y favorecía también a las empresas que estaban en el Plan Belgrano (lanzado al inicio de la presidencia de Mauricio Macri para desarrollar el norte del país). En cambio ninguna de estas cosas, ni la ubicación geográfica, ni el tamaño de la empresa, ni las características del trabajador, se tienen en cuenta en esta reforma, con lo que no se salva nadie”.

El empeoramiento de la situación de los tercerizados se deduce teniendo en cuenta que el proyecto actual propone modificar el artículo 30 de la Ley de Contrato de Trabajo. El artículo original sostiene que hay responsabilidad solidaria de la empresa principal sobre el cumplimiento de las obligaciones de los contratistas. “Esto se modifica, y en el proyecto borrador alcanza con que la empresa principal cumpla con el requisito de controlar a la contratista e informe a la autoridad competente. Con ello, queda eximida de solidaridad. Dicho de otro modo, si la contratista incumple frente a un accidente laboral, con un despido, o un incumplimiento salarial, la empresa principal no se hará cargo del reclamo. Esto es importante porque que muchas empresas que tercerizan trabajadores suelen no tener la solvencia suficiente (son más pequeñas y tienen menor espalda financiera), lo que otorga carta blanca para aprovechar esta situación”, apunta el informe. 

En mercado laboral argentino, las empresas grandes usan la tercerización como mecanismo de abaratamiento. Hay además conocidos casos en que crean empresas derivadas de ellas mismas. Con la reforma, si después si quiebran o cierran, la tercerizadora podrá no hacerse cargo de nada.

Como nueva forma de precarización laboral, el llamado “sistema de prácticas formativas” es una vuelta de tuerca de las pasantías. “Esta propuesta extiende de algún modo el contrato a prueba a un año pero además permite hacerlo sin aportes ni contribuciones”, marca el informe. 

El trabajo del CEPA hace un repaso de la historia reciente. Recuerda por ejemplo que la reducción de cargas patronales tuvo su aplicación en la Argentina sin los resultados esperados. “En los considerandos del decreto de diciembre de 1993 de Carlos Menem y Domingo Cavallo, que inició una serie de recortes drásticos de aportes y contribuciones, se argumentó que esas medidas establecerían ‘las bases para un crecimiento sostenido de la actividad y los niveles de ocupación’. Las contribuciones patronales totales al sistema pasaron del 33 por ciento en 1994, al 17,8 por ciento (promedio) en el 2000”. 

Sin embargo, lejos de favorecer la creación de empleo, lo que hubo fueron picos en la tasa de desocupación y precariedad laboral. En 1994 se llegó a un 19,4 por ciento de desocupados. Hacia el año 2001 la informalidad trepaba al 50 por ciento. En 2004 la Encuesta Permanente de Hogares indicó uno de los picos más altos: 53,8 por ciento de asalariados sin aportes jubilatorios. “En todo el período entre 1991 y 2001 los principales indicadores sociales y laborales fueron negativos, con preocupantes resultados en la tasa de empleo (caída al 34,5 por ciento hacia el final de la década), de desempleo (del 6 al 18 por ciento), de subempleo (del 7,9 al 16,3 por ciento), de población pobre (de 21,5 al 31,5 por ciento), población indigente (del 3,0 al 12,2 por ciento), y del salario real (con una caída cercana a los 7 puntos porcentuales)”.