Por primera vez la prohibición total del aborto que rige en Honduras será puesta bajo la lupa del Comité de Derechos Humanos de la ONU. El país fue denunciado ante Naciones Unidas por una mujer víctima de violencia sexual a la que el Estado no le permitió acceder a un aborto después de quedar embarazada producto de una violación.
El caso de Fausia (nombre ficticio usado para resguardar su identidad), una mujer indígena Nahua, que fue abusada sexualmente como represalia por su labor de defensa territorial, llegó a Ginebra donde el comité va a analizar la responsabilidad del Estado de Honduras.
El país mantiene una prohibición total del aborto que lo ubica entre los países más restrictivos del mundo. Pero el avance de los derechos de las mujeres en la región latinoamericana le dio fuerza a una lucha que ahora encabeza Fausia.
“La marea verde me motivó personalmente a involucrarme en el proceso. Es como una insignia de lucha. También motivó a las mujeres de Latinoamérica a que nos unamos todas en una lucha colectiva para defender nuestros derechos y los derechos de las que callan o no tienen voz por temor”, afirma Fausia en un video testimonio presentado ante el Comité de DDHH de la ONU en Ginebra.
Que la historia no se repita
El Centro de Derechos de Mujeres (CDM) de Honduras y el Centro de Derechos Reproductivos fueron dos de las organizaciones que presentaron la denuncia junto a Fausia.
"Buscamos que exista una reparacion integral para Fausia y su familia por las múltiples violaciones a los derechos humanos a las que estuvieron expuestas. Fausia no quiere que su historia se repita", precisó Ana Lucía Padilla, integrante del CDM.
Por su trabajo de defensa territorial Fausia sufrió violencia sexual y además ella y su familia fueron amenazados por los agresores. Por eso tuvieron que mudarse al menos diez veces desde que ocurrió el ataque, sufriendo el desplazamiento forzado que los alejó de sus territorios.
Por eso, Padilla explica que una de las expectativas que tienen como organización es que a partir de esta denuncia se puedan crear e implementar protocolos integrales para atender a sobrevivientes de violencia sexual, así como programas de capacitacion para el personal sanitario relativo al secreto profesional médico y perspectiva de género.
Salud precarizada
Desde el Centro de Derechos de Mujeres consideran que el país enfrenta grandes retos con un servicio de salud precarizado. En este contexto, los derechos sexuales y reproductivos no parecen una prioridad.
“Un ejemplo claro es que no podés acceder a un servicio de salud vital como el aborto. En Honduras el aborto se encuentra penalizado bajo cualquier circunstancia. No podés ir al hospital aunque tu vida corra riesgo por el embarazo, aunque seas víctima de violencia sexual, aunque el feto no sobreviva fuera del útero”, remarcó.
La situación de los derechos sexuales y reproductivos en Honduras tiene dos antecedentes cercanos que marcan la realidad diaria de las mujeres hondureñas. El primero es que entre 2009 y 2023 el país centroamericano prohibió el acceso a la pastilla anticonceptiva de emergencia (PAE).
El 8 de marzo de 2023 , poco después de un año de su asunción, la presidenta Xiomara Castro de Zelaya firmó un decreto presidencial que aprueba el uso y comercialización la PAE, aunque organizaciones feministas señalan que el acceso todavía es muy limitado.
“Después de 13 años de prohibición no se puede negar el avance que se tuvo tras la liberación de la PAE. Pero nos quedamos con un sabor agridulce porque después de un año aún no se puede acceder de forma gratuita en los establecimientos de salud”, señaló.
Además, añadió que el sistema de salud no cuenta con el presupuesto para comprar este medicamento, esto dificulta el acceso real en los centros de salud públicos. “Podés acceder a la PAE si tenés dinero para comprarla. Esto termina afectando a las personas más empobrecidas”, puntualizó Padilla.
Ana contó que sólo las sedes del Centro Ciudad Mujer tienen disponible la PAE en kits para atender a víctimas y sobrevivientes de violencia sexual. Pero estos centros de atención no están en todo el país.
“Al no tener un acceso real a la PAE, las mujeres, niñas, adolescentes y personas que tienen la posibilidad de gestar, son orilladas a practicarse abortos clandestinos en condiciones inseguras o en el peor de los casos a tener embarazos y maternidades impuestas”, denunció Ana Lucía.
Escudo contra derechos
El segundo antecedente tiene que ver con el llamado Escudo contra el aborto en Honduras que impulsó un congresista del Partido Nacional (derecha conservadora) en 2021 como reacción a la marea verde que amplió los derechos de millones de mujeres latinoamericanas. De esta manera, a través del Artículo 67 se incluyó en la Constitución hondureña una suerte de blindaje para evitar que se apruebe la legalización del aborto. Esto sólo podrá ser modificado con el voto de tres cuartas partes de los 128 diputados del congreso unicameral de mayoría conservadora.
Para Catalina Martínez Coral, vicepresidenta del Centro de Derechos Reproductivos para América Latina y el Caribe, la prohibición total del aborto fue reforzada con este artículo constitucional.
“Por eso el caso de Fausia es tan importante llevarlo ante un sistema internacional de derechos humanos. El caso de una mujer indígena víctima de violación sexual y que no pudo acceder a ningún tipo de servicio de salud sexual y reproductiva. No pudo acceder a la PAE, no pudo acceder al aborto y tuvo que seguir adelante con un embarazo no deseado y dar a luz y vivir con las consecuencias físicas y psicológicas que esto significa para una persona. No poder realmente tomar decisiones sobre su proyecto de vida”, remarcó sobre el caso de la hondureña.
“El gobierno tiene que trabajar con las demás ramas del poder en Honduras para tener una estrategia clara sobre cómo va a superar la prohibición absoluta del aborto que existe. Es uno de los pocos países en el mundo que sostiene una total prohibición, contrario a la tendencia global”, agregó la vicepresidenta del Centro de Derechos Reproductivos.
Centroamérica es una de las regiones con mayores restricciones frente al aborto. "Tenemos tres países que siguen teniendo una prohibición total (El Salvador, Honduras y Nicaragua) y aquellos en donde no existe una prohibición total (Guatemala y Costa Rica) en la práctica es como si existiera porque las barreras para que las mujeres accedan al aborto son muy grandes"
Desde el Centro de Derechos Reproductivos señalan que en su mayoría las denuncias por aborto surgen del mismo sistema de salud donde los médicos que realizan la denuncia "en violación de su secreto profesional médico". Por eso la organización también llevó el caso de Manuela contra el Estado de El Salvador para que se priorice el secreto profesional médico en un país donde las mujeres son criminalizadas y enfrentan condenas de hasta 40 años de carcel por sufrir emergencias obstétricas.
Para Martínez Coral llevar el caso de Fausia a un sistema internacional de derechos humanos permite "seguir avanzando en despenalizar el aborto en Centroamérica".
Avances y desafíos del gobierno de Xiomara Castro
Según el informe Estado de la Población 2024 del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), Honduras es el país centroamericano con la tasa de embarazo adolescente más alta de Centroamérica y en la región latinoamericana ocupa el segundo puesto en número de embarazo adolescente.
El documento arroja que la tasa de embarazos adolescentes es de 97 por cada 1.000 niñas y jóvenes de entre 15 y 19 años, en un país donde el aborto está prohibido en su totalidad.
Desde el CDM, Ana Lucía explica que el gobierno llevó adelante iniciativas de Prevención de embarazo en adolescentes a través de la Secretaría de Desarrollo Social para elaborar esta política pública junto a otros organismos y actores sociales. Pero según explicó no volvieron a recibir información al respecto a pesar de haber consultado a la secretaría a cargo.
Además, recordó que junto a la aprobación del uso de las PAE en marzo de 2023 vino la Ley de Educación Integral de Prevención al Embarazo adolescente en Honduras, que calificó como un avance sustancial en materia de derechos sexuales y derechos reproductivos. “Pero los grupos conservadores manifestaron su descontento y realizaron marchas contra la ley, fue tanta la presión que lograron que la presidenta Xiomara Castro vetara esta ley argumentando que ‘no cumplía su finalidad de ser integral y prevenir embarazos adolescentes’.
Algo similar, explicó, ocurre con el Protocolo de Atención Integral a Personas Víctimas/Sobrevivientes de Violencia Sexual presentado por la Secretaría de Salud a fines de diciembre 2022 que todavía no fue implementado en los establecimientos de salud pública.
