“La verdadera licuación de las jubilaciones vino con las moratorias (los trabajadores) con sus aportes, soportaban a 2.000.000 de jubilados, ahora son 6.000.000 porque el kirchnerismo metió 4.000.000 sin los aportes. Las cuentas no dan”, aseguró el ministro de Economía, Luis Caputo, semanas atrás al justificar por qué el gobierno busca poner fin a la moratoria previsional en el proyecto de Ley Bases. Sin las moratorias, solo el 55 por ciento de las personas mayores se hubiera podido jubilar y si se deroga la moratoria actual unas 247 mil mujeres de más de 60 años se quedarán sin jubilación. No obstante, un informe del espacio de reflexión “Futuros Mejores” advirtió que es posible mejorar la situación del conjunto de los jubilados con otras medidas que no incluyen el recorte de prestaciones.

El 95 por ciento de las personas mayores están cubiertas por el sistema previsional y de pensiones. Hay 6.6 millones de beneficiarios de regímenes previsionales y de ese total el 45 por ciento lograron jubilarse gracias a alguna moratoria previsional. El 90 por ciento son beneficiarios del SIPA y el 10 por ciento restante de otros regímenes previsionales.

En caso de derogarse la moratoria previsional vigente las personas que no cumplan con los 30 años de aporte deberán pasar a la PUAM y cobrarán solo el 80 por ciento del haber mínimo. A su vez, es una opción que recién se habilita a los 65 años, cuando lo moratoria lo hacía posible a los 60 años para las mujeres. Es por ello que, de derogarse la moratoria, existen al menos 246.631 mujeres de entre 60 y 64 años que deberán esperar a cumplir 65 para tener alguna protección.

En la actualidad, existen 10,3 millones de aportantes al SIPA, que con su contribución cubren el 43 por ciento de los ingresos de la seguridad social. En segundo lugar, de acuerdo a su magnitud, están los Ingresos Tributarios (26 por ciento). Éstos representan flujos de dinero que recibe la Anses provenientes de la recaudación de los impuestos afectados total o parcialmente: IVA, Impuesto sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias, Adicional de Emergencia sobre Cigarrillos, Impuestos sobre los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono, Impuesto PAIS y Monotributo Impositivo.

Por último, se encuentran las Contribuciones Figurativas (30.6 por ciento). Dentro de éstas se incluyen las transferencias del Tesoro Nacional a la Anses para cubrir determinados programas sociales que cuentan con ese financiamiento específico (como el Régimen Reparatorio Ex Presos Políticos o la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM); la reposición que realiza el Tesoro por el 15 por ciento de la Coparticipación Federal; y por los giros para cubrir eventuales déficits del organismo.

El gobierno busca derogar la moratoria para ahorrar gastos. Sin embargo, el informe de “Futuros Mejores”, elaborado por los economistas Lucía Cirmi, Lisandro Cometta y Tomás Lukin, remarca que para ampliar la cobertura y a la vez mejorar los ingresos del conjunto de los jubilados y pensionados es necesario dejar de centrarse en el gasto y colocar el foco en la fuente de los ingresos. “Redirigir un tercio de los gastos tributarios hacia el sistema previsional permitiría financiar una mejora del 20 por ciento del haber mínimo”, subraya el informe.

Como ejemplo, recuerdan que el monto de la recaudación perdida en la exención del impuesto a las Ganancias para jueces y magistrados es mayor que el monto que el gobierno de Javier Milei se ahorraría al derogar la moratoria.

A su vez, remarcan que recuperando el 11,43 por ciento de los impuestos evadidos o eludidos el Estado se podría financiar sustentablemente una movilidad del 100 por ciento respecto del SMVM para quienes cobran la mínima. Es decir, se podría garantizar que ningún adulto mayor perciba ingresos inferiores a los necesarios para vivir. Si se recupera el 38,79 por ciento de los impuestos evadidos o eludidos el Estado se podría financiar sustentablemente la elevación del haber mínimo hasta el nivel en que permita garantizar que en un hogar donde sólo un adulto mayor no propietario recibe un beneficio pueda alcanzar la línea de pobreza sin tener que recurrir a otras fuentes de ingresos (familiares o seguir trabajando más allá de lo que su condición física le permite).