Personas con discapacidad se manifestarán el próximo 29 de mayo, a las 10, en la Legislatura Provincial en contra de un proyecto de decreto que dispone la desregulación los aranceles de las prestaciones para las personas con estas afecciones.

La protesta, que fue comunicada por la presidenta de la Fundación Anidar, María Elena Arce, será en  todo el país. La medida se decidió luego de conocerse, el pasado 10 de mayo, un proyecto de decreto que establecería que “los organismos públicos nacionales financiadores del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las personas con discapacidad mencionadas en el artículo 7 de la Ley 24.901 fijarán de forma independiente –y no vinculante entre ellos- los valores arancelarios de las prestaciones incorporadas o a incorporar en el nomenclador de prestaciones básicas para personas con discapacidad”.

“Actualmente todas las prestaciones tienen igual valor para obras sociales, o para quienes dependen del Estado”, explicó Arce al indicar que la actualización se hace desde el Directorio del Sistema Único de Prestaciones Básicas a favor de las Personas con Discapacidad, que está conformado por representantes del Pami, de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), de Incluir Salud, de la Superintendencia de Servicios de Salud, del Ministerio de Salud de la Nación, de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, de dos representantes de los prestadores y del Consejo Federal de Discapacidad (con voz y sin voto).

Con el proyecto cada quien puede determinar los aranceles. Y se entiende que con ello se va a romper el logro que se había establecido desde la vigencia de la Ley de Discapacidad, de que todo paciente del sector reciba la atención necesaria sin discriminación alguna por tener una obra social o prepaga determinada, o tener la cobertura estatal.

“Se puede retrotraer a la situación que se vivía antes de que existiese la Ley 24.901. En ese momento había obras sociales que reconocían pagar algo y otras poco o nada y así ciertas personas con discapacidad recibían una atención o no, según la obra social que tenía. Esto sucede hoy con ciertas obras sociales provinciales que no reconocen el nomenclador nacional o con aquellas que suelen tardar mucho en pagar”, indica un comunicado de prensa que se acordó a nivel nacional.

“Un 30% devolvió sus licencias”

“Actualmente el atraso arancelario que sufre el sector (un 100% para el transporte y en un 45% para el resto de las prestaciones para ponerse a la altura de los aumentos que se han generado desde diciembre 2023) se debe a que la Superintendencia de Servicios de Salud, que administra los recursos económicos de las obras sociales para cubrir estas prestaciones, dice no poder pagar más que esto por estar en crisis económica”, dice el comunicado de prensa.

“El primero que va a quebrar va a ser el transporte”, dijo a Salta/12 Ademar Anachuri, referente de la Asociación de Transportistas de Discapacidad, al sostener que si se cumple con la desregulación del pago (ya atrasado), “vamos a tener que cobrar un plus como los médicos”. Esto, indicó, generará diferencias de atención a las personas con discapacidad según la cobertura con la que cuenten.

“Pero lo más triste es la pelea entre trabajadores. Porque ahí no se va a sostener la actividad con el pago tan bajo por kilómetro. Entonces los que pueden aguantar porque tienen más recursos quedan y van a hacer un monopolio”, dijo, y advirtió que esto va a dejar a trabajadores a merced de ese sistema.

Anachuri afirmó que si bien hubo una recomposición de un 50 por ciento en el kilómetro recorrido en la actual gestión, “está todo agravado por la suba” de los costos. “Antes el dinero tenía valor. Pero ahora se cuadruplicaron los costos”, sostuvo.

Uno de los efectos de esta situación es que “este año el 30 por ciento de los transportistas devolvieron licencias en la Municipalidad de la Ciudad de Salta porque no les conviene trabajar así”, contó.