Opinión
El veneno de la preventiva
Imagen: Leandro Teysseire

Con el uso livianito de la prisión preventiva varios jueces federales vienen actuando como si la Argentina estuviera sola en el mundo. Como si no hubiera firmado pactos internacionales. Como si no los hubiera incorporado a la Constitución. Como si el sistema regional de derechos humanos no existiera. Como si la presunción de inocencia fuese una gracia y no un principio.

El ex vicepresidente Amado Boudou fue detenido y humillado cuando todavía continuaba el debate sobre las condiciones de detención del diputado y ex ministro de Planificación Federal Julio de Vido, desaforado y apresado sin indagatoria previa. Incluso feroces críticos del kirchnerismo y del propio De Vido se preguntaban si era válida la evaluación de la Justicia sobre que el ex ministro podía poner en peligro las pesquisas. Ya llevaba dos años fuera del cargo que había desempeñado doce.

La polémica fue más aguda tras la detención de Boudou, el viernes 3 de noviembre. Su foto esposado y descalzo frente a oficiales de Prefectura y su traslado a una cárcel federal sin indagatoria previa desató nuevas preguntas. ¿Estaba bien aplicada la prisión preventiva? ¿El juez había calibrado que de verdad era el último recurso para un acusado que venía prestándose a indagatorias por distintas causas una vez por semana? ¿Habrá también preventiva, entonces, para los funcionarios actuales que estén bajo proceso? Si un ex funcionario puede ejercer su influencia, ni que hablar de una autoridad en ejercicio. 

Lo que acaba de suceder es que un grupo de ex funcionarios quedó dentro de una categoría común al 60 por ciento de los presos de la Argentina. Especialmente los presos de la provincia de Buenos Aires. Es la categoría de los presos con preventiva automática. Se trata de un castigo practicado también sobre la libertad y el cuerpo de Milagro Sala.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos suele urgir a los Estados “a realizar las acciones necesarias para que la prisión preventiva se utilice de conformidad con su naturaleza excepcional, reduciendo así los altos niveles de hacinamiento que caracterizan a la región”, como dice el texto colocado en la web de la CIDH.

“El uso excesivo de la prisión preventiva constituye un problema estructural inaceptable en una sociedad democrática que respeta el derecho de toda persona a la presunción de inocencia y representa una práctica contraria a la esencia misma del estado de derecho y a los valores que inspiran a una sociedad democrática”, dijo el relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad y miembro de la CIDH, el norteamericano James Cavallaro.

Luego de las reuniones en Uruguay para tratar el caso argentino Cavallaro aceptó la invitación del defensor de Casación bonaerense Mario Coriolano, también experto de las Naciones Unidas, y dictó un seminario en La Plata. Mostró su preocupación por la cantidad y discrecionalidad de preventivas. Dijo que si realmente los sospechosos deben ser monitoreados, existen métodos muy accesibles como los de seguimiento electrónico.

Coriolano sabe lo que significa una prisión injusta. Su Defensoría obtuvo la libertad de Marcos Antonio Milla después de que el joven de 23 años pasara cuatro años en la cárcel por el presunto asesinato de un colectivero. El equipo de Coriolano terminó demostrando que Milla era inocente y que la Bonaerense no había hecho bien su trabajo. “Por lo general los agentes de la fuerza se sienten presionados para lograr una solución rápida en un caso que ha ganado gran trascendencia pública, lo que en cierto modo termina con la cuestión resuelta a cómo dé lugar y con celeridad”, dijo Coriolano al programa platense “Justicia en Primera Persona”, que estimula el debate sobre estos temas por iniciativa de la Asociación de Magistrados de La Plata, un organismo encabezado por el juez de Casación Víctor Violini. Cuando era fiscal, Violini investigó la desaparición y muerte de Miguel Bru. El chico tenía en 1993 la misma edad que Milla.

Las denuncias anuales de la CIDH sobre el abuso de preventivas, aquí y en el continente se refieren, más bien, al universo de sectores vulnerables que llena las cárceles. El peor caso es el de Brasil, que curiosamente es tomado como un modelo de sistema eficaz en la Argentina a pesar de que tiene un gobierno de facto reconocido por la Justicia. Los brasileños humildes sufren la cárcel automática como los argentinos humildes. El mecanismo de la delación premiada agregó a ex funcionarios y empresarios al mismo sistema violatorio del debido proceso y la defensa en juicio que ya sufrían los pobladores de la favelas. Muchos jueces gatillan la preventiva como una manera de castigar y, de paso, extorsionar. Como hay premio, el reo acosado quizás se tiente y cante. Pero primero debe pasar por el acoso.

Una reacción posible cuando el castigo les toca a dirigentes políticos y ex funcionarios sería ésta: “Ya que no arreglaron el problema cuando estaban en el Gobierno, que prueben de su propio veneno”. Suena igualitario. Pero no eleva los estándares del Estado de Derecho ni garantiza el debido proceso. Sería mejor no aplicarles el veneno a los ex funcionarios y dirigentes políticos o sociales. Alcanza con la Justicia. Y a la vez, ya mismo, interrumpir el encierro injusto sin condena que padecen los presos de este país.

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