Sentenciaron a Luis D’Elía a cuatro años de prisión por la ocupación de la comisaría de La Boca
Condenado por aquella toma de hace 14 años
Si la Cámara de Casación confirma la condena, será de cumplimiento efectivo. La pena incluye la prohibición para salir del país y una inhabilitación de ocho años para ejercer cargos públicos. D’Elía acusó a Macri de manejar la Justicia.
Luis D’Elía recibió el apoyo de dirigentes sociales y de militantes de su partido Miles.Luis D’Elía recibió el apoyo de dirigentes sociales y de militantes de su partido Miles.Luis D’Elía recibió el apoyo de dirigentes sociales y de militantes de su partido Miles.Luis D’Elía recibió el apoyo de dirigentes sociales y de militantes de su partido Miles.Luis D’Elía recibió el apoyo de dirigentes sociales y de militantes de su partido Miles.
Luis D’Elía recibió el apoyo de dirigentes sociales y de militantes de su partido Miles. 
Imagen: Télam

Luis D’Elía fue condenado a cuatro años de prisión por la toma de la comisaría 24 de La Boca, ocurrida hace 14 años cuando, tras el asesinato de Martín “Oso” Cisneros, el dirigente social –junto a los referentes del Comedor Los Pibes y vecinos– ocuparon la comisaría para que la policía detuviera al autor del crimen. El Tribunal Oral número 6 lo declaró culpable de los delitos de “atentado contra la autoridad, usurpación del espacio público, instigación a cometer delitos, lesiones y privación de la libertad”, con un fallo que criminaliza claramente el derecho a la protesta. Si bien ayer D’Elía no fue subido al tren de los ex funcionarios kirchneristas enviados a prisión, la condena es de cumplimiento efectivo, y deberá ejecutarse si la Cámara de Casación la confirma. 

El tribunal integrado por Julio Panelo, José Martínez Sobrino y Fernando Canero también le prohibió que salga del país y lo inhabilitó para ejercer cargos públicos por 8 años. Al retirarse de los tribunales de Comodoro Py, donde organizaciones sociales y el partido Miles se concentró para darle su apoyo, D’Elía señaló que lo condenaron “sin fundamentos”, y remarcó que durante la toma “trabajó toda la noche” para evitar que hubiera un baño de sangre. “Mauricio Macri usa al Poder Judicial como fuerza de choque del Poder Ejecutivo, esto es un problema de todos los que somos opositores, su lista negra”, advirtió.

D’Elía había llegado a la instancia del juicio oral con otros dos imputados, el titular del Comedor Los Pibes, Lito Borello, y Luis Bordón, representante de los familiares de las víctimas en el Programa Anti-Impunidad, con quienes compartió las horas de la toma. La fiscalía planteó que para Borello y Bordón los delitos habían prescrito, pero no así para D’Elía. Un tecnicismo –dado que la causa contra el dirigente fue unificada con un segundo hecho, un incidente en una contra-marcha a Plaza de Mayo, durante el conflicto del gobierno kirchnerista con las patronales rurales– habilitó la medida por la que el tribunal se quedó con el acusado de mayor perfil mediático. El argumento legal es que el segundo hecho, ocurrido en 2008, suspendió los plazos de prescripción del primero. 

La fiscal Gabriela Baigún había pedido una pena levemente mayor, de cuatro años y ocho meses de prisión, por la comisión de los delitos de privación ilegal de la libertad y daños –a raíz de la toma de la comisaría–, y por incitación a la violencia colectiva, –por la contramarcha a Plaza de Mayo. 

La toma ocurrió el 25 de junio de 2004, protagonizada por unas cincuenta personas, integrantes del Comedor Los Pibes. Un testigo había visto al asesino –Juan Carlos Duarte, un narco del barrio– disparar contra Martín Cisneros, y a pesar de que la policía fue informada sobre el autor del crimen, y de que le indicaron incluso dónde estaba escondido, las horas pasaron sin que fuera arrestado. En la organización social siempre creyeron además que Duarte tuvo una zona liberada para actuar. 

En los seis meses previos, los dirigentes  habían presentado denuncias tanto al Ministerio de Justicia como al de Seguridad sobre que estaban recibiendo aprietes que vinculaban al mundo narco. Uno de ellos consistió en un robo a la misma casa donde luego fue asesinado Cisneros; como autor del robo había sido denunciado el mismo Duarte. Tras ese hecho, Duarte dejó de ser visto por un tiempo, pero reapareció a los tres o cuatro meses. Otra vez lo volvieron a denunciar... En Seguridad fue abierto incluso un expediente interno, con las denuncias sobre la presunta relación que tenía el dealer con la comisaría 24ª. Así se llegó a la toma.

Unas horas después de iniciada la ocupación, en medio de sus repercusiones institucionales, efectivos de la comisaría detuvieron a Duarte. El hombre fue llevado a juicio y condenado por el homicidio a 18 años de cárcel. Es decir que todos los elementos se enmarcaron dentro de un caso de protesta social. Al hacer su defensa, el abogado de D’Elía, Adrián Albor, planteó que en los últimos veinte años, en muchísimas ciudades del interior hubo puebladas contra las comisarías por asesinatos o delitos ante los que los efectivos policiales no hicieron nada o brindaban cobertura a los delincuentes. Hubo hasta casos de quema de comisarías y nunca hubo ningún condenado por esas protestas populares. 

Sobre el punto, ayer Borello recordó que “a la protesta la llevamos adelante unas cincuenta personas del Comedor Los Pibes. Luis (D’Elía) nos acompañó y se lo vamos a agradecer toda la vida, porque si no lo hubiéramos hecho, tal vez el de Martín habría quedado como tantos asesinatos impunes. Sobre esto ahora montaron todo un circo en el que a nosotros nos absuelven y a él lo demonizan, para convertirlo en un hito más. Es una condena antojadiza, en un juicio que reactivaron después de 14 años”.

A lo largo de las audiencias hubo dos testimonios que llamaron la atención. En primer lugar el de José María Campagnoli, ahora fiscal –a quien no se puede sindicar como simpatizante de D’Elía– quien señaló que no vio nada roto en la comisaría y que el papel de D’Elía fue el de calmar a los vecinos. El segundo testimonio llamativo fue el del presidente de la Comisión de Amigos de la comisaría 22, vecina de la número 24 donde ocurrieron los hechos: contó que los policías buscaron a otros uniformados para entrar a la 24 y romper todo, ni bien se hubieran ido los vecinos que encabezaba D’Elía. 

También quedó desmentido que en la comisaría haya habido una pintura de Benito Quinquela Martín, sobre la que se dijo que había sido robada por los manifestantes. El TOF 6 dará a conocer los fundamentos de la condena el 6 de diciembre, a las 18. Sólo después empezarán a correr los plazos para presentar la apelación de la sentencia ante Casación. El antecedente inmediato es que la Cámara revocó la prescripción de los hechos, habilitando que la causa llegara a juicio oral.