“Después que todo este conflicto termine, ustedes van a pasar de ser poseedores a propietarios y yo voy a tener algunos amigos más”. Esa profecía, prometida por Yamil Abadal, terrateniente de Santiago del Estero, terminó por cumplirse en el año 2014. Sus ahora amigos son 21 familias campesinas que viven, desde hace décadas, en el paraje del kilómetro 25, ubicado en el departamento de San Martín en esa provincia. Pero, durante varios años, los intereses de uno y de otros se enfrentaron: Abadal llegó a esa zona con un título de propiedad, mientras que los campesinos luchaban por sus derechos territoriales.

En el Foro sobre Acceso de Poblaciones Rurales a la Tierra y al Agua, María Valencia se sentó a la derecha de Abadal. A su izquierda estaba Miguel Arias, el primero en tomar el micrófono. “En 2009, el señor Abadal llegó al paraje Km. 25 y se presentó como el dueño de estas tierras. No sabíamos quién era y por eso, rápidamente nos pusimos en contacto con Fundapaz, con el cura del pueblo y con el Comité de Dirigencia de la provincia para que intervengan en el conflicto”, explicó Arias. Abadal lo observa desde su silla y después agregó. “A mí también me costó procesarlo. Ellos estaban con un temor a perder las tierras y con malas experiencias anteriores. En ese entonces, a mis 40 años, nunca me había marcado tanto el hecho de no saber cómo es la mirada del otro”.

Las dos posiciones sólo consiguieron acercarse cuando ambos aceptaron compartir un espacio en común. Un pizarrón con pocas tizas y el aula de la única escuela rural de la zona fueron las primeras herramientas que luego, con el apoyo de ONG y organismos estatales, se convirtieron en mapas digitalizados, seguimientos satélites, agrimensores y comisiones de vigilancia. “En estos procesos participativos siempre hay problemas, diferencias entre lo que uno quiere y lo que el otro reclama. En algunas cuestiones nos pusimos rápidamente de acuerdo”, contó la campesina Valencia. El terrateniente, por su parte, destaca el compromiso y predisposición de los campesinos. “Hubo momento donde daba por concluida la reunión y me volvía a mi camioneta. Ellos mismos me buscan. ´Jefe, no se enoje, sigamos charlando´, me decían. La verdad, son gente maravillosa”, sostuvo Abadal.

“Luego de varias reuniones, llegamos a un acuerdo: de un total de 4200 hectáreas, las familias íbamos a ser propietarias de 1400, mientras que el señor Abadal se quedaba con 2400 hectáreas”, sostuvo Arias. Además, la firma consistió en un compromiso donde el terrateniente se hacía cargo de los trámites para firmar las escrituras.

El acuerdo entre las 21 familias campesinas y el terrateniente se firmó en 2014. Pero esa firma ni siquiera pudo ponerle fin a las disputas. Es que la división tenía que pasarse del papel a la tierra y, por ende, un agrimensor debía delimitar los límites del suelo. El propio gobierno provincial propuso una comisión de vigilancia para que se genere el acuerdo sin ningún reclamo. Abadal se negó a poner un veedor de su parte y, en cambio, decidió que las propias familias sean las encargadas de la división.

Justamente un 21 de abril, las 21 familias campesinas fueron citadas a la Casa de Gobierno de Santiago del Estero, donde la gobernadora Claudia Ledesma de Zamora entregó las escrituras públicas –inscriptas en el Registro de la Propiedad– a la comunidad campesina. La profecía se cumplía.

Informe: J. B.