El Gobierno envió ayer al Congreso un proyecto de ley para reformar la normativa del mercado de capitales. El documento sería tratado mañana en comisión del Congreso. Lleva un nombre distinto al que se presentó en 2016 y no consiguió apoyó para ser aprobado. En esta oportunidad la propuesta se denominó Ley de Financiamiento Productivo e introduce cambios sobre la creación de Fondos Comunes de Inversión, los descuentos de facturas electrónicas de las pequeñas y medianas empresas, la posibilidad de indexar por inflación la póliza de los seguros y se avalará el uso de letras hipotecarias, que le permitirá a los grandes inversores privados comprar en forma de instrumento financiero los créditos para la vivienda que se entregan a través de los bancos. Se trata de un mecanismo similar al que generó en 2008 el estallido de la crisis financiera en Estados Unidos con las hipotecas subprime.

El proyecto de mercado de capitales armado en el Ministerio de Finanzas a cargo de Luis Caputo se revisaría mañana en las comisiones de Finanzas, Presupuesto y Hacienda y Legislación General de la Cámara de Diputados. El miércoles de la próxima semana se tratará en el recinto y habría acuerdo político entre el Gobierno y un sector de la oposición para que consiga media sanción en Diputados y se remita al Senado. En contraste con la propuesta enviada en 2016, en esta oportunidad se redactó un capítulo especial para que las Pymes puedan tener nuevos instrumentos de financiamiento y se agregaron algunos elementos para el mercado de crédito hipotecario.

Una de las modificaciones relevantes de la normativa es la habilitación para armar fondos comunes de inversión que replican rendimientos de otros activos (ETF) y de fondos para inversores calificados. A su vez, le permitirá a los fondos cerrados tener la condición de transparencia impositiva, que eliminará una doble imposición de tributos para los administradores de estos fondos. En lo que refiere a la Comisión Nacional de Valores, la normativa limita las facultades de esta entidad de intervenir en empresas, de remover miembros del directorio de una sociedad y de nombrar veedores. Si se aprueba la ley, se deberá solicitar una intervención judicial previa, al tiempo que la sociedad tendrá derecho a presentar su estrategia de defensa. 

Otro punto que cambia con la nueva ley se vincula con el mercado hipotecario. En el proyecto se lanzan nuevas condiciones para emitir una letra hipotecaria, cuya emisión estará a cargo de los bancos y llevará el respaldo de las hipotecas otorgadas. Estas letras podrán ser compradas por inversores institucionales como los fondos comunes y las compañías de seguro. No es el único negocio nuevo para las firmas del sector asegurador. Tendrán además la posibilidad de emitir pólizas que se ajustarán por inflación. Este ajuste por precio también lo podrán hacer con los seguros de vida, de retiro y de capitalización. Los ajustes por inflación habían sido prohibidos en la convertibilidad para evitar la indexación de los precios y avanzar en un mecanismo que permitiera mantener bajo control el proceso inflacionario.

El proyecto de mercado de capitales había intentando aprobarse en el Congreso el año pasado sin éxito. En ese momento el blanqueo de capitales ganó protagonismo y esta normativa no pudo conseguir acuerdos para ser aprobada. Ahora el Gobierno considera que a más tardar en diciembre se aprobará el proyecto y será ley. Pese a que todavía no se conoce cómo terminará de definirse la propuesta, entre algunos analistas del mercado financiero critican que la normativa llegó tarde y que debería haberse anunciado antes de los impuestos a la renta financiera incluidos en la reforma tributaria.

Uno de los cambios se vincula a las pequeñas y medianas empresas. La normativa crea una factura de crédito electrónico para que las Pymes puedan reemplazar los comprobantes de ventas y las facturas de crédito. Estas empresas podrán financiarse descontando estas facturas en el mercado y lanzando en forma más sencillas la emisión de obligaciones negociables simples. En lo que refiere al descuento de las facturas, se aplicará un plazo legal de pago, de la misma forma que ocurre con un cheque. Uno de los principales objetivos de la ley es que las firmas encuentren nuevas formas de financiamiento en el mercado de capitales en lugar de continuar con los créditos tradicionales de la banca.