La censura explícita de la que fue objeto Víctor Hugo Morales, al ser echado de C5N, revela la baja calidad de nuestra democracia y la necesidad de volver a discutir el lugar de la comunicación pública.

Estamos frente a un gobierno que ha utilizado la concentración de medios en favor de un modelo económico de exclusión, basado en la transferencia de recursos de los asalariados en favor de los grandes grupos económicos, vía tarifazos, disminución del salario real y de las jubilaciones, devaluación y endeudamiento. Para sostener la pos verdad necesita de la uniformidad del mensaje en los medios de comunicación, y contra este plan atenta la pluralidad, por eso la elimina.

A Víctor Hugo lo echaron por pensar diferente y esto es lo grave.

Pero, ¿qué es la libertad de expresión? ¿Es sólo la posibilidad del que acceda a un medio hable sin censura previa? Si fuera así, con limitar el acceso al medio cumpliríamos con las pautas decimonónicas de la libertad de expresión.

Si no atendemos a la diversidad de miradas que garantizan la pluralidad de voces, no podremos estar hablando de libertad de expresión, sino simplemente (y no siempre) de libertad de empresa.

Una de las primeras medidas del Gobierno de Macri fue la de amputar una parte importante de la ley de Medios, la que se refería a la desmonopolización. Sin entrar en polémicas acerca de la aplicación lenta que tuvimos de la ley después de 26 años de lucha, queda claro que la Ley procuraba garantizar la pluralidad y la diversidad frente a la concentración y que el gobierno de Macri, aplicando las reglas de mercado, concentró como nunca los medios en pocas manos.

Aquí está el centro del debate: la comunicación como bien de mercado o la comunicación como un derecho humano básico.

La elección no es inocente y su legalidad tampoco.

Si la comunicación la determina el “mercado”, entonces son los dueños de los medios los que determinan los parámetros de libertad de expresión. Cualquier despido obedece a cuestiones entre “privados” y el oyente, lector o televidente es de palo y carece de derechos. Con esta concepción, el pez grande se devora al más pequeño y la libertad se reduce al poder económico. Esta concepción es antigua y fue modificada por todas las convenciones de Derechos Humanos que se incorporaron a nuestra Constitución.

Obviamente que el gobierno de Macri desconoce las Convenciones, sobre todo la Convención Americana y las recomendaciones de la Relatoría, que sentaron las bases de la ley 26.522.

La garantía de libertad de expresión requiere de mecanismos estatales que garanticen diversidad y pluralidad, con acciones legales positivas, que pongan límites a la concentración en función de ampliar las distintas miradas. Cuando echan a Víctor Hugo o cuando presionan con la pauta a Páginai12, atentan contra la libertad y lesionan el derecho del televidente o del lector, porque se cercena su derecho a dar, buscar y recibir información plural.

La libre circulación de las ideas es determinante en las democracias del siglo XXI. Garantizarla, es una obligación de la política y no hacerlo, es volver a subordinar el sistema democrático al interés de un grupo de empresas. Antes lo subordinaban con los golpes militares, después con los golpes de mercado y ahora con los carpetazos mediáticos.

La libertad de expresión define la calidad de nuestra democracia, subordinada a intereses económicos o conformados por hombres y mujeres libres.

* Presidente de Forja.