Pablo Galfré, el excavador de las granjas de rehabilitación
“Las intenciones terapéuticas ocultan negocios y estafas”
A casi una década del comienzo de su investigación para un artículo en THC, el periodista Pablo Galfré publicó via Sudestada un cojudo tomo que explora uno de los ámbitos más siniestros de la salud argentina.
Imagen: Cecilia Salas

Para Pablo Galfré no debería ser escalofriante descubrir uno de los submundos más tenebrosos del Universo –el de las “granjas de rehabilitación”–, porque antes ya se había sumergido en la espesa impunidad policial develando la verdad del famoso Caso Carrera: todo el aparato represivo puesto al servicio de una causa armada a un tipo que nada tenía que ver con el delito por el cuál estuvo preso diez años. “Sin embargo, de ninguna salí inmune, porque la violencia excedía mi capacidad de entendimiento”, jura el periodista. “A veces, a la noche, me despertaba entre pesadillas.”

En La Comunidad. Viaje al abismo de una granja de rehabilitación, Galfré se introduce en un infraespacio siniestro de la salud mental argentina: los tratamientos privados de personas con problemas de adicciones judicializados por el Estado. O, en otro sentido, el fenomenal negocio de tener la facultad para expedir “certificados de recuperación” porque la Justicia así lo exige, sin importar realmente si la persona en cuestión logró ese propósito. “Detrás de sus intenciones terapéuticas se ocultan un negocio millonario y una larga lista de estafadores vinculados estrechamente con obras sociales, prepagas y sectores del Poder Judicial”, denuncia Galfré.

Como muchas grandes obras, ésta (publicada por Sudestada) tampoco comenzó como un proyecto de libro. En 2008, Galfré publicó en la revista THC una insuperable investigación sobre jóvenes que lograron escapar de estas comunidades terapéuticas violentas, titulada “Rebelión en la granja”. Pero sucedió que, después de la nota, se enteró de dos extrañas muertes ocurridas en la Fundación San Camilo de Pilar y luego otra en la de San Antonio, granja creada por Nicolás Perrone, quien había entrado como adicto a la de Pilar y mutó extrañamente en “emprendedor terapéutico”, sin ningún tipo de preparación académica y encima secundado por un séquito de guardias violentos y abusivos.

En este tipo de granjas carcelarias se aplica una psiquiatría cavernaria en la que conviven desde muchachos judicializados que se pasaron al otro lado del portal hasta hijos de beneficiarios con OSDE. Como la chica que estuvo casi dos años, después de darse vuelta con pastillas en un after, y padeció castigos como el confinamiento en celdas de aislamientos, desbordada de ansiolíticos, o el amarre a colchones rociados de gas pimienta. Facundo tuvo la suerte de que su madre le creyera y lo sacara. No le sucedió lo mismo a Mauro, quien supuestamente se suicidó el 14 de junio de 2013.

El libro de Galfré estimuló acciones de organismos como la Comisión Provincial por la Memoria (conocida, entre tantas cosas, por sus informes sobre torturas en cárceles y comisarías), que realizó una inspección en San Camilo y certificó la existencia de “torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes”. Una acusación que, naturalmente, exige la inmediata clausura de estos lugares que contradicen la Ley de Salud Mental, la cual establece para 2020 el fin del sistema manicomial. Una normativa de avanzada en el mundo que ahora corre el riesgo de ser derogada, beneficiando el siniestro sistema de estas granjas donde, tal como indica su nombre, sus habitantes son revolcados en el chiquero y tratados como animales.