Una “prueba” que inventó un policía para acusar a los manifestantes por Maldonado
El cuento del cuadernito
Un policía lo encontró tirado después de la represión de la marcha y lo interpretó como “anarquista”. El juez, que ni lo vio, lo aceptó como prueba aunque no se sabe de quién era y no contiene nada delictivo.

En medio de la primera marcha por Santiago Maldonado, entre la multitud alguien perdió un cuaderno de hojas rayadas, con frases, poemas y dibujos a mano alzada hechos en birome. Un policía lo metió en la bolsa de las supuestas pruebas contra los manifestantes que fueron detenidos aquel día,      1 de septiembre, a un mes de la desaparición del joven. En la resolución en la que el juez Marcelo Martínez de Giorgi procesó a 22 de los 31 manifestantes que habían sido arrestados, ese cuaderno aparece citado como si fuera una evidencia clave de los delitos de “intimidación pública” y “resistencia a la autoridad”. El agente que lo encontró, interpretó que contenía propaganda anarquista y un croquis con una planificación para derribar el vallado de la Casa Rosada. En realidad, vistos con atención, eran los trazos de un dormitorio, con sus puertas y muebles, incluidos dos gatos recostados y un cochecito de bebé. La frase que la policía encontró sospechosa –más allá de que obviamente la militancia anarquista no es un delito– decía “El Estado y el sistema, es un estado de guerra”. El ejemplo fue invocado durante una audiencia que se hizo en la Cámara Federal el martes último por las apelaciones de los implicados, para ilustrar la arbitrariedad con que, plantearon los defensores, el juzgado justificó los procesamientos: el cuaderno, que quedó siempre en la comisaría, no pertenece a ninguno de los imputados e imputadas, no acredita ninguna violación de la ley y nunca estuvo en poder del juez quien, sin embargo, lo consideró como si lo hubiera visto y analizado.    

Uno de los planteos centrales de los abogados defensores en la audiencia ante la Sala II de la Cámara fue la falta de pruebas que justificaran las detenciones y luego los procesamientos. Advirtieron que a todos los imputados se les formuló una acusación genérica e imprecisa. Por ejemplo, hacer pintadas, incendiar tachos, tirar molotov. Pero incluso las supuestas evidencias invocadas por el juzgado, también son vagas. A ninguno de los detenidos se les encontraron bulones, pero se los responsabiliza por todos los bulones que la policía levantó del suelo, en una marcha de más de cien mil personas. Lo mismo con las bombas molotov: a nadie se le encontró una ni aparece en contacto con ellas en alguna foto, pero es usado como otro elemento de cargo. Tampoco tenían aerosoles ni las manos con pintura. Y en esa lógica es donde entra el cuadernito, que según la interpretación policial, contiene una exaltación ilegal del anarquismo. Parece pertenecer a una persona joven, que escribe con sentimiento y le gusta dibujar letras con formas particulares y gatos de distinto tipo. Otras frases en sus páginas decían: “Si todos activamos más, ni una menos será”; “Callar el abuso laboral, familiar, social, es complicado”.

El cuaderno aparece citado entre las pruebas en las que se apoya el juzgado. El abogado de Demián Tutaglio, un joven que trabaja ofreciendo servicio de mensajería en su moto, fue a buscarlo en el expediente y no lo encontró. El letrado, que es Aníbal Ibarra, ex jefe de gobierno porteño, detectó el cuadernito que nunca había salido de la comisaría y que el supuesto valor incriminatorio fue resultado de la libre interpretación de la policía porteña. En esa fuerza se apoyó el juez para sacar conclusiones, a pesar de que desde el inicio los detenidos denunciaron los atropellos y la falsedad de las actas de detención que indicaban los arrestos en lugares que no reflejaban donde estaban realmente al ser apresados (algunos fueron detenidos a más de cinco cuadras del lugar de los incidentes, un hombre incluso en la puerta de una pizzería donde cenaba). La policía fue auxiliar y los efectivos que estuvieron en la marcha declararon como testigos. “Luego el juez dictó un fallo con prejuicio político. De la inquisición”, dijo Ibarra a los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah.

De los 31 detenidos, liberados cerca de veinticuatro horas después, 22 fueron los que terminaron procesados. Lo que tienen en común estos últimos y que los diferencia de los desvinculados es que aparecen en alguna imagen (foto o filmación) de la manifestación de las que analizó la policía de la Ciudad. Ninguno de ellos está en actitud violenta o delictiva. A la mayoría se los ve parados, o gritando. Sólo uno aparece con el gesto de quien levanta una piedra como para arrojarla, algo que en otras ocasiones comparables la propia Cámara descartó como delito. En una ocasión hasta rechazó imputar intimidación a una persona que volvía de una marcha y en cuya mochila la policía encontró piedras y bombas de estruendo. Pero más allá de todo eso, hay un detalle: el trabajo de análisis de las imágenes lo hizo la propia policía cuando las personas ya estaban imputadas. Es decir, se pusieron a buscar las caras de los detenidos en las imágenes tomada por cámaras de la vía pública. La prueba se elaboró después de las detenciones y para colmo la armó la fuerza policial cuestionada por su accionar aquel día, tal como planteó la Procuraduría de Violencia Institucional, pero es un dato sin la menor incidencia en la causa pese a que parece sustancial. Más aún teniendo en cuenta que tras ese “exhaustivo análisis”, no fueron identificadas las personas que verdaderamente ejercieron violencia y generaron incidentes, varios de ellos con la cara tapada.

Si no fuera porque quedaron implicadas penalmente, y en un delito grave como es el de intimidación (con hasta seis años de prisión), personas que no tenían ni la menor idea de qué se trataba el mundo de tribunales, y menos una celda en Comodoro Py, algunos de los fundamentos de la resolución de Martínez de Giorgi sonarían absurdos.   De hecho, en la audiencia algunos de los abogados tenían que hacer esfuerzos para no reírse. El juez, por caso, había evaluado al dictar el procesamiento que ciertos imputados cambiaron su ropa para que no los identificaran. Pablo Ferraroti, músico, sikuri, había ido con una camisa a cuadros, una remera blanca, y llevaba un morral. Al final quedó solo con la remera, porque cuando ingresó detenido a la comisaría, le incautaron la camisa y el morral. Los policías que declararon describieron, a la vez, grupos de personas que actuaron con violencia y que estaban vestidas de negro. Los detenidos estaban vestidos de todos los colores habidos y por haber. A una chica se la incriminó por flamear una bandera negra. En su resolución, el juez concluyó que algunos de los detenidos estaban relacionados entre sí por celular: lo que sucedió fue que entre los que fueron trasladados en un mismo camión a la comisaría armaron un grupo de whatsapp antes de que les secuestraran los teléfonos y cuando una policía comenzó a amenazarlos con que terminarían como Maldonado.

El punto de vista policial se sincera, según hizo notar la abogada Claudia Cesaroni, en el acta inicial que dio comienzo a la causa: “En el día de la fecha (…) con motivo de haberse disputado la marcha” por aparición con vida de Santiago Maldonado. Es decir, usaron un modelo de los partidos de fútbol, que transforma la marcha en una pelea.

La Cámara deberá resolver si confirma los procesamientos dictados por Martínez de Giorgi y los increíbles embargos que impuso, que van de uno a tres millones de pesos. En la audiencia expusieron en forma oral cinco abogados, el resto presentó escritos. Dos de los procesados estuvieron presentes. Uno es Tutaglio y el otro es Cristian Vázquez, un joven que trabajaba cerca de Plaza de Mayo, que no había ido a la manifestación pero que al pasar por el lugar antes de volver a su casa se paró cerca del vallado de la casa de gobierno y terminó arrestado cuando decidió filmar lo que estaba sucediendo.

Los abogados pidieron la nulidad de las indagatorias y procesamientos por basarse en una acusación indeterminada; la nulidad del cotejo de fotos, que hizo la policía sin participación de las defensas, la arbitrariedad en la valoración de las pruebas, que no ofrecía ninguna prueba de los presuntos hechos, según sintetizó Nicolás Tauber, abogado de Vázquez. La abogada Cesaroni resumió el estado de situación en esta frase: “Nos resulta doloroso que los únicos  procesados de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado sea, los que fueron a pedir su aparición con vida”.


El cuaderno “anarquista”, otra prueba arbitraria del caso.