Opinión
La descomposición institucional y los Injusticieros

Es cada vez más peligroso el avance del Gobierno sobre la Justicia. Desde que se inventaron por decreto una Corte Suprema adicta, afinaron un sistema de sometimiento a la judicatura tal que ya a esta altura semeja rompimiento de la institucionalidad.

Mientras La Nación y Clarín y sus más notorios articulistas les marcan el paso a jueces y fiscales, muchos de ellos con oscuros antecedentes, el Ejecutivo decide la orientación política que debe imprimirse a la Justicia con un descaro y soberbia asombrosos. Y todo frente al silencio ahora cómplice de los -y sobre todo las- hasta hace un par de años cacareantes paladines de un republicanismo de opereta.

Sin disimulo ni vergüenza, los Injusticieros del macrismo-radicalismo forzaron la renuncia de la Procuradora Alejandra Gils Carbó, y en la misma línea de condenas mediáticas manipuladas, y copado también el Consejo de la Magistratura, destituyeron al camarista Eduardo Freiler -acaso difícil de defender, pero no por eso destituible mediante farsa- y tras cartón iniciaron juicio político al respetable juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata, Luis Federico Arias. 

Enseguida, sobrados de canibalismo judicial, iniciaron el proceso, desde ese mismo Consejo, para destituir a uno de los jueces más probos y honestos de todo el Poder Judicial argentino: el Dr. Daniel Rafecas. ¿Razones y fundamentos? Ninguno, más que el desacuerdo gubernamental con sus sentencias en general, y particularmente por haber desestimado la denuncia de Nisman contra CFK y no haberla procesado por supuesto enriquecimiento ilícito. Pero fundamentalmente el afán es castigar a un juez que se caracterizó por su lucha a favor de los derechos humanos, por la elevación a juicio de responsables de crímenes de lesa humanidad y por dictar siempre resoluciones de acuerdo a Derecho y no siguiendo órdenes de los grupos de poder que eternamente conspiran contra la democracia y hoy rodean al Presidente beneficiándose escandalosamente de sus favores. 

Jurídicamente, el caso Rafecas constituye un hecho inédito en nuestra historia democrática desde 1984, y esta movida autoritaria del Gobierno significa en sí misma un gravísimo retroceso de los derechos humanos en general, situación agravada por el accionar de grupos minoritarios que ponen en duda la magnitud del horror de la última dictadura cívico-militar-religiosa-empresarial que este magistrado contribuyó a juzgar. 

Las barbaridades jurídicas se suman, y la semana cerró con la amenaza -no es otra cosa- de destituir ahora a otro camarista, Jorge Ballestero, quien junto con Freiler confirmó hace un año la decisión de Rafecas.

Está claro que la política judicial oficial –por llamarla de algún modo– no sólo es contraria a toda razonabilidad jurídica, sino que subraya la peligrosidad antidemocrática del gobierno macrista-radical. Esa política se basa en acusaciones y amenazas mediáticas, seguidas de nada sutiles persecuciones. Verdadero sistema de venganzas basado en sembrar odio y revanchismo, es tan feroz, veloz y eficaz que, hay que reconocerlo, con el apoyo mentimediático incondicional que tienen han logrado atontar a la sociedad, a la que mantienen grogui golpe a golpe y mentira tras mentira.

Lo que evidencia y delata una patología social todavía inexplicada: el silencio generalizado de gran parte de la ciudadanía, muchísimos de cuyos miembros consienten pasivamente todos los avances sobre los restos de justicia democrática que aún perduran. 

No sólo es ominoso en este sentido el apoyo del radicalismo oficial y de algún senador que hasta ahora mantenía conductas respetables. Lo que más asombra y duele -verdaderamente, y hay que decirlo- es el silencio, seguramente por miedo a represalias, de prácticamente todo el poder judicial de la Argentina, de las facultades de derecho de todas las universidades, y hasta de las más diversas instituciones religiosas, culturales y científicas. 

Eso hace de algún modo un consenso, aunque nos disguste. Pero entonces si hay consenso por parte de las burguesías urbanas y especialmente la porteña en tolerar el arrasamiento de la Constitución Nacional, parecería cierto nomás que la República -como ha puntualizado El Manifiesto Argentino este fin de semana- “estaría entrando en proceso de descomposición”.

Súmesele a todo esto la nueva y gravísima mentira del Gobierno en el caso del submarino San Juan, la muerte de cuyos 44 tripulantes se manipuló con el típico estilo elusivo e infantil del Presidente. E incluso anótense las ya infinitas dudas acerca de la verdadera causa de esta tragedia marina, que incluyen hipotéticos ataques de flotas extranjeras que operarían en el Mar Argentino con posible tolerancia del gobierno, como se ha dicho en radios europeas. Y súmesele también el asesinato anteayer en Bariloche de otro compatriota mapuche, Rafael Nahuel, como nueva expresión del racismo gubernamental, y se obtendrán varias conclusiones. 

Una, que la estupidez gubernamental siempre opta por tapar, negar, mentir y después seguir mintiendo. Dos, que en esencia les importa un pito el dolor ajeno, y menos si es de indígenas o negros, o blancos solidarios como era Santiago Maldonado. Tres, que se pasan las instituciones republicanas por ahí abajo y encima sonriendo. Cuatro, que el problema no es Macri solamente sino los que lo votan: la oligarquía antinacional de siempre y ahora los jodidos ganados por la Antipolítica. Y cinco, que la paz en nuestra Patria peligra porque la Constitución Nacional, que un día habrá que cambiar completamente, está siendo distorsionada por un régimen de odio y revanchismo. 

Ante ello, la hora actual nos exige lucidez, serenidad y militancia pacífica. Que más temprano que tarde, esta ola va a pasar.

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