Desde Santa Fe
La Legislatura cree que el que puede lo más, puede lo menos. Ya tenía el poder de investigar y remover de sus cargos a los fiscales y defensores generales y regionales. Pero ahora amplió esa potestad para controlar y echar a los fiscales y defensores de grado y provocó un remezón en el Poder Judicial. La reforma express salió el jueves sobre tablas en ambas Cámaras, sin debate y en medio de un canje de más de 50 leyes que se votaron en tiempo récord, en el último día de sesiones ordinarias. El presidente de la Corte Suprema para el período 2018 Rafael Gutiérrez admitió que el cambio lo "sorprendió". "En este país, yo ya perdí mi capacidad de asombro", dijo. Mientras que la Asociación de Fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA) denunció que la norma "afecta la independencia de poderes" y deja a los fiscales "completamente vulnerables" ante los políticos porque si alguno de ellos cumple su deber de investigar a ministros, funcionarios, legisladores o "personas con incidencia política" corre el riesgo de ser "destituido". Esto ya ocurrió en Santa Fe.
La reforma comenzó a gestarse en agosto cuando 16 senadores del PJ y el Frente Progresista pidieron a la Legislatura que investigue a los fiscales de Rosario Sebastián Narvaja y Adrián Mac Cormack por "presunta comisión de delitos". Pero cuando el asunto pasó a la comisión de Acuerdos, los denunciantes y sus colegas se dieron cuenta que las leyes los habilitan para investigar y remover a los jefes del MPA y del Servicio Público de la Defensa Penal, pero no a los fiscales y defensores de grado porque esa es facultad de los auditores, entre ellas la del MPA, María Cecilia Vranicich. Así que el jueves se otorgaron el poder que no tenían: investigar y remover de sus cargos a los fiscales y defensores y despojaron de esa competencia a Vranicich.
La Asociación de Fiscales del MPA denunció que la reforma impulsada por los senadores del Frente Progresista y el PJ, pero con el visto bueno de los diputados, "afecta la independencia de poderes" y dejará a los fiscales "completamente vulnerables" ante el poder político.
El hecho provocó una "profunda preocupación" entre los fiscales porque "se ha reemplazado un modelo de régimen disciplinario legal, previsible y transparente por un sistema de dudosa constitucionalidad, que afecta la independencia de poderes, propia de un modelo republicano de gobierno". Y los deja "en una posición completamente vulnerable frente a los factores de poder de la provincia", agregó la asociación.
Esto "genera un riesgo cierto de menoscabo de la calidad institucional, dado que la nueva ley condiciona a los fiscales que pretendan impulsar una investigación contra personas con incidencia política" porque corren el riesgo de "ser destituidos a través de una simple votación en la Legislatura", finalizó.
Más allá del caso Narvaja‑Mac Cormack, que es el que impulsó la reforma, la ley salió en medio de otro escándalo: la ofensiva contra los fiscales Roberto Apullán y María Laura Martí, quienes investigaban causas sensibles que involucraban al ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro y al intendente de Santa Fe José Corral y fueron separados de ambas pesquisas.
Ayer, Gutiérrez dijo que "la reforma express lo sorprendió" y expresó sus dudas si no limita la "autonomía" del Ministerio Público y de la Defensa.
