En la misma semana en que los rosarinos pudieron observar los polémicos claroscuros que tiene una investigación contra una banda ligada al narcotráfico como la del clan Cantero, un grupo de senadores expresaba su apoyo a la desfederalización del narcomenudeo. La iniciativa -repetida en rigor- nació del senador radical Lisandro Enrico, secundado en la ocasión por los senadores justicialistas Joaquín Gramajo y Eduardo Rosconi, y los radicales Germán Giacomino y Hugo Rasetto. Sin embargo, la mixtura no logró convencer a todos: en la votación se abstuvieron los peronistas Armando Traferri, Rubén Pirola, Alcides Calvo, Danilo Capitani y el radical Emilio Jatón. Pero por si quedaban dudas, para el flamante presidente de la Corte santafesina Rafael Gutiérrez, la aprobación de esta ley abriría la puerta a la corrupción.
"Estoy totalmente en contra". "El primer paso de la investigación para la lucha contra la droga es el narcomenudeo. Creo que lo que hay que hacer es fortalecer a la justicia federal. En Santa Fe hay dos jueces federales, pero tienen competencia civil, comercial, tributaria, contrabando" dijo el presidente del máximo tribunal.
En esa misma línea, Gutiérrez evocó que el Ricardo Lorenzetti (presidente de la Corte Suprema de la Nación) creó la Comisión de Lucha contra el Narcotráfico y observó en tal ocasión pudo ver "la escasez de los jueces federales en las provincias limítrofes con Uruguay, Bolivia y Paraguay. En esa oportunidad se habían comprometido a crear jueces federales en las provincias limítrofes para poder dar una cobertura cierta". Y citó como ejemplo de la situación planteada que en Rafaela se constituyó un juzgado federal, sin embargo allí no hay presencia de Policía Federal.
Asimismo, planteó que trasladar a la justicia provincial el delito de narcomenudeo favorecerá la corrupción porque eso "está en lo diario". "Con el nuevo Código de Procedimientos, ahora te detienen y tienen que comunicar al fiscal. Pero a veces no lo comunican. Y acá pasaría lo mismo", adujo.
El proyecto de ley de 12 artículos impulsa el ampuloso objetivo de "desbaratamiento de los kioscos de venta de drogas". Para ello, propone una "herramienta procesal" que permita que la justicia ordinaria provincial intervenga en hechos delictivos relacionados con el narcotráfico, sin necesidad de "esperar por una justicia de excepción como es la justicia federal que no tiene ni la extensión ni los recursos funcionales para tal fin", en atención a que "se ha masificado en todas las localidades santafesinas, con locales que se presentan como simples comercios o en casas comunes".
Entre los argumentos señalan que "la actual gestión judicial de los delitos de tráfico de drogas en el ámbito federal conduce a la impunidad del llamado narcomenudeo o microtráfico", que es el vínculo de las organizaciones dedicadas al narcotráfico con la comunidad, ya que "la justicia federal se ha visto imposibilitada de abordar esta clase de delitos".
"Resulta insostenible que un delito tan común, difundido y desplegado en todos los territorios provinciales, siga siendo competencia de la Justicia Federal". Santa Fe es una provincia con una población de 3.300.000 habitantes en sus 363 localidades, y 7 jueces y 6 fiscales federales tienen que investigar todas las causas de droga en el territorio, mientras que el sistema provincial tiene 147 fiscales y 42 jueces que podrían asumir competencias de venta de drogas que se dan en sus propias jurisdicciones.
