El pecado original de la política económica de pretender resolver la restricción externa con endeudamiento y altas tasas de interés para atraer capitales especulativos ha generado un círculo vicioso del cual el Gobierno y los economistas que lo acompañan no saben cómo salir. Sin deuda y sin tasas por las nubes no hubiera sido posible el levantamiento del “cepo” cambiario, ni sería posible el boom de compras de argentinos por el mundo –con Chile, Paraguay y Miami en primera línea–, así como tampoco se podrían pagar importaciones que crecen de manera acelerada –con vehículos y bienes de consumo a la cabeza–. La Argentina no genera los 45 mil millones de dólares brutos que se demandarán este año por compras de divisas de particulares y empresas, ni los 11 mil millones que saldrán por turismo al exterior, ni los 65 mil millones para financiar importaciones, ni los 2 mil millones que se irán por remisión de utilidades de las multinacionales a las casas matrices. Los dos primeros rubros se acercan o han superado sus máximos históricos, en tanto el rojo comercial también es récord. Del lado del ingreso de divisas genuinas, las exportaciones están estancadas -a lo sumo crecerán 2 por ciento frente a 2016, para rozar los 60 mil millones- y la inversión extranjera directa no irá mucho más allá de 2 mil millones, muy lejos de la lluvia pronosticada por Mauricio Macri en la campaña de 2015. En conclusión, para cubrir el déficit en moneda dura se apela a un endeudamiento desmesurado -al punto que Standard & Poor’s, aliado del Gobierno, colocó a la Argentina como uno de los cinco países del mundo más vulnerables por su elevada exposición a las corrientes financieras globales- y al arribo de capitales golondrina, cautivados por las elevadas tasas de interés. A su vez, esas altas tasas inhiben una mayor dolarización de carteras por parte de ciudadanos y empresas radicadas en el país. El 60 por ciento del stock de Lebacs está en manos de argentinos. ¿Qué ocurriría si se cortara el flujo de la deuda o se bajaran las tasas? La economía macrista quedaría expuesta a tensiones difíciles de sobrellevar, tal como le sucedió al gobierno de De la Rúa en 2001 cuando se quedó sin financiamiento externo.

  Sin llegar a tales extremos, porque de hecho todavía hay cuerda para la deuda y para seguir con las súper tasas, economistas como Domingo Cavallo, Miguel Angel Broda, Alfonso Prat Gay, Carlos Melconian, Claudio Loser y columnistas como Joaquín Morales Solá han empezado a abrir el paraguas con advertencias sobre las inconsistencias del plan. Se aprecia en ello una doble intención. Loser, ex funcionario del FMI, sostuvo por ejemplo esta semana que el país se encuentra en una “zona amarilla” por la intensidad del endeudamiento y estimó que no quedaría mucho más de un año para sostener el actual ritmo de emisión de títulos públicos. El ministro de Finanzas, Luis Caputo, confirmó que en 2018 se colocarán bonos por 30 mil millones de dólares, algo menos, dijo, que el nivel de este año. El segundo objetivo de esos economistas y periodistas es utilizar las debilidades del modelo como excusa para justificar las reformas estructurales en marcha –jubilatoria, laboral e impositiva–, que cristalizarán una distribución del ingreso cada vez más regresiva. 

  El razonamiento de Cavallo, Broda y compañía es que la necesidad de tomar tanta deuda y subir tanto las tasas es consecuencia del alto déficit fiscal. La solución que postulan, por lo tanto, es profundizar el ajuste para equilibrar las cuentas públicas. Los tarifazos, los recortes sobre jubilaciones y pensiones y los despidos en el Estado serían en su lógica medidas virtuosas que habría que instrumentar sin tanto gradualismo. Evitan mencionar las consecuencias de esas decisiones sobre las mayorías populares y no dicen una palabra sobre que la baja de retenciones al agro, la industria y la minería y la disminución de impuestos a sectores acomodados castigaron la recaudación. Pero más allá de ese debate, la cuestión central es que la principal razón para el endeudamiento en moneda dura y las tasas al 30 por ciento no es la brecha fiscal, sino el déficit externo. En esta línea, la ex presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, lo explica en el último informe de la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo (FIDE): “Es notable advertir –señala– cómo el crítico y creciente desequilibrio macroeconómico sigue siendo evaluado por la visión económica convencional como un problema que se resuelve bajando el déficit fiscal. Desde nuestro punto de vista, aún en el hipotético caso de que se lograra reducir drásticamente el déficit del sector público (posibilidad ciertamente cuestionada por la reforma fiscal propuesta por el Gobierno), la insuficiencia estructural de dólares que aqueja a la economía argentina continuaría siendo el factor desestabilizador más potente”. En función de ello, agrega, “los grados de libertad para una convergencia virtuosa en el actual marco de desregulación de la cuenta capital y apertura comercial son básicamente inexistentes”.

  La imposibilidad del Banco Central de reducir en forma sostenida las tasas de interés es una prueba de esa falta de libertad o, dicho de otro modo, de la dependencia del capital especulativo. Hasta octubre, la liquidación de divisas para realizar operaciones de carry trade (bicicleta) con las Lebacs ascendió a 34 mil millones de dólares. El 60 por ciento de ese monto fue aportado por inversores residentes y el 40 por ciento por extranjeros. “De no verificarse esa oferta de dólares especulativos, la colocación de deuda pública y privada sería claramente insuficiente para mantener la gobernabilidad del mercado de cambios”, advierte el documento de FIDE. Es decir, un shock devaluatorio con severas repercusiones para la actividad económica. Sin el incentivo de tasas ofrecidas por Federico Sturzenegger desde el BCRA, esa corriente de divisas podría contraerse y desatar una ola de inestabilidad. Los argentinos posicionados en Lebacs saben mejor que nadie que el paseo en bicicleta es muy rentable en este momento, pero también tienen claro que no será para siempre y están atentos para saltar al dólar en cuanto empiecen a aparecer los baches.

  El costo sobre la economía real de mantener tasas tan elevadas es un desincentivo a la inversión productiva, mientras que el aumento de la deuda genera una carga de intereses que conspira contra las metas fiscales y obliga –en el razonamiento oficial– a profundizar el ajuste de otros gastos. Eso también tira para abajo las posibilidades de crecimiento económico. A dos años del inicio del mandato de Macri, ni la actividad, ni el empleo, ni el poder adquisitivo de salarios y jubilaciones, ni la inflación, ni las cuentas fiscales y mucho menos las del sector externo han mejorado respecto del nivel con que Cambiemos tomó la posta en 2015, en tanto que el endeudamiento y las tasas de interés escalaron de modo alarmante. Tal vez esa situación explique por qué el Gobierno se ha lanzado de un modo tan temerario a la caza de opositores y a perseguir a quienes ofrecen resistencia a sus políticas.