El oficialismo tratará de que todas las reformas sean aprobadas durante diciembre
Macri quiere todo antes de fin de año
Todas las iniciativas impulsadas por el Gobierno figuran en el temario de sesiones extraordinarias, incluso la reforma laboral frenada por ahora en el Senado. El oficialismo intentará avanzar esta semana en Diputados con los cambios al sistema previsional.
La Cámara de Diputados concentrará buena parte de la actividad en el arranque de las extraordinarias.La Cámara de Diputados concentrará buena parte de la actividad en el arranque de las extraordinarias.La Cámara de Diputados concentrará buena parte de la actividad en el arranque de las extraordinarias.La Cámara de Diputados concentrará buena parte de la actividad en el arranque de las extraordinarias.La Cámara de Diputados concentrará buena parte de la actividad en el arranque de las extraordinarias.
La Cámara de Diputados concentrará buena parte de la actividad en el arranque de las extraordinarias. 

El anticipo de la convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso que se extenderán hasta fin de diciembre –que será publicada este lunes en el Boletín Oficial– muestra que Mauricio Macri está dispuesto a ir por todas las reformas que pergeñó su equipo de gobierno, incluida la hasta ahora frenada reforma laboral. El pacto con los gobernadores peronistas le allanó al oficialismo el camino para las aprobaciones del Presupuesto 2018, la reforma tributaria y las leyes de Consenso y de Responsabilidad Fiscal, aunque hay otros obstáculos. El Gobierno apura ahora –lo intentará esta semana– convertir en ley la Reforma Previsional, preocupado por la creciente resistencia que genera en la Cámara baja la iniciativa que forma parte del mismo paquete concebido con las provincias: al rechazo del grueso del arco opositor se suma que los peronistas “dialoguistas” no pueden garantizar el alineamiento de toda su tropa y algunas divergencias dentro de Cambiemos. En la alianza oficialista no quieren que el tiempo licue la exigua diferencia con la que dicen contar par aprobarla. Aunque también irán a la carga por destrabar la reforma laboral en la Cámara alta, la apuesta no resulta fácil: los senadores peronistas aún se niegan a pagar el costo político de una ley que la cúpula cegetista selló con el Gobierno pero a la cuya defensa ahora sus popes le sacan el cuerpo. 

El extenso temario para las extraordinarias demuestra que el Gobierno no abandonará sus planes, aún los que generan mayor resistencia. En el oficialismo están convencidos que hay que aprovechar al máximo la inercia del triunfo electoral de octubre para ir por todo. También por la trabada reforma laboral, más allá de que algunos opositores consideran que la inclusión de la reforma laboral es parte de una nueva “estrategia distractiva”, de las que es afecto el Gobierno, para ir en busca de sus “verdaderas prioridades”. Otros, en cambio, afirman que no hay que perder de vista ninguna de las propuestas del Gobierno para “estar preparados para dar todas las batallas”.     

El Gobierno ha demostrado que tampoco descuida ningún frente a la hora de imponer sus proyectos. La negociación con los gobernadores le abrió oportunidades inesperadas. El acuerdo se destrabó cuando apareció de dónde sacar la plata que todos pretendían: el cambio de la fórmula para calcular de movilidad jubilatoria a la baja aportaría (según los cálculos de expertos) 75 mil millones de pesos anuales que taparían agujeros del Gobierno central y las provincias. 

El cambio de la fórmula para calcular los aumentos en jubilaciones y pensiones era una exigencia del FMI y estaba en la agenda del Gobierno, que intentó ponerla en práctica en silencio violando la ley pero que frenó la airada protesta opositora. En los planes del oficialismo, la reforma provisional aún más profunda (con imposición de la suba de la edad para acceder a la jubilación y el regreso a un sistema mixto privado-estatal) estaba prevista recién para el año próximo. Ahora ya daría un paso importante en esa dirección, que incluye la opción por parte del trabajador formal de jubilarse a los 70 años en busca de no perder más poder adquisitivo en sus ingresos.

Pero la Cámara baja no resulta un camino despejado para el rápido tránsito que tuvo la reforma por el Senado con el respaldo de los senadores y gobernadores peronistas. El Gobierno primero quiere alinear su propia tropa. Este lunes irán a la Casa Rosada los jefes de las bancadas que integran el interbloque oficialista: Nicolás Massot (PRO). Mario Negri (UCR) y Elisa Carrió (CC). Allí, el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el titular de Anses, Emilio Basavilbaso, expondrán la postura de Macri, que quiere que la reforma previsional se apruebe sin modificaciones para que no tenga que regresar al Senado.

Buscarán vencer los cuestionamientos de Carrió sobre la retroactividad de la ley, que de aprobarse así barrería en marzo con 8,5 puntos de aumento que se calcula –de acuerdo con la fórmula anterior– con índices acumulados en el segundo semestre de 2017. A Carrió no le preocupa la poda a jubilados y pensionados, sino la ola de juicios que desataría la aplicación de la ley en el aumento de marzo. Allí también avanzarán con aplacar la incipiente rebeldía de algunos radicales díscolos.

El movimiento de pinzas del Gobierno también alcanzará a los gobernadores peronistas que sellaron el pacto. El interbloque Argentina Federal, que responde a los mandatarios provinciales, aún no puede garantizar el voto favorable de sus 35 diputados. 

No son pocos los diputados alineados con los gobernadores que no quieren llevar a cuestas la marca indeleble de tapar las necesidades económicas del gobierno central y las provincias con la plata que se sacarán a los sectores más vulnerables de la población: jubilados, pensionados y los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y Embarazo. Los mandatarios presionarán para que los rebeldes al menos se ausenten para facilitarle la mayoría al oficialismo.

El Gobierno sabe que enfrente tendrá un núcleo duro de resistencia: la principal bancada opositora, el FpV-PJ; el massista Frente Renovador, el Frente de Izquierda, el Movimiento Evita y otros bloques menores.

Tras el debate del Presupuesto y las reformas tributaria y fiscal (entre un abultado paquete de medidas económicas) el lunes en comisión, con la presencia del ministro Dujovne, el oficialismo hará el martes un primer intento con la reforma previsional: convocaría a la comisión de Previsión Social, de cuya presidencia desplazará a la massista Mirta Tundis, para intentar sacar el dictamen favorable. Si lo logra, en un trámite súper exprés convocaría a una sesión al día siguiente o el jueves para aprobarlo en el recinto. El Gobierno evalúa que el paso del tiempo va en contra de sus aspiraciones. Si no lo logra, se tomará una semana más para aplastar rebeldías.

En el Ejecutivo, en tanto, confían que el Senado no será un obstáculo para las numerosas iniciativas económicas que están aún en trámite en la Cámara baja y que busca convertir en ley antes de fin de año. Incluso otros proyectos políticos que incorporó al temario de extraordinarias, como la modificación a la ley del Ministerio Público Fiscal, que anula (entre otras cosas) el cargo vitalicio del procurador. Con la renuncia de Alejandra Gils Carbó, el Gobierno aflojó el acelerador sobre la iniciativa que tenía como prioridad desplazar a la procuradora y tampoco tendría inconvenientes en esperar hasta el año próximo para aprobarla.

En cambio, irá por el único proyecto que el Senado puso en stand by: la reforma laboral. El entonces jefe de la bancada de senadores del FpV-PJ, Miguel Angel Pichetto, postergó el tratamiento los últimos días de noviembre –el Gobierno quería avanzar entonces– porque aspiraba a que el triunvirato de la CGT que avaló la reforma la ratificara ante el Congreso, pero entonces la mayoría de ellos estaba en el Vaticano en un encuentro internacional de trabajadores que promovió el papa Francisco.

Con la resistencia que demostraron en la calle las dos CTA; la Corriente Federal de Trabajadores, que integra la CGT; el camionero Pablo Moyano y muchas de las regionales cegetistas del interior del país, Pichetto ratificó su postura: “Vamos a hacer lo que proponga la CGT.”

Pero los popes cegetistas le esquivan al reclamo de concurrir al Congreso para revalidar el acuerdo con el Gobierno. Trabajaban en un documento, que podría convertirse en solicitada para hacerlo, pero finalmente lo postergaron. 

Ahora el Gobierno presionará sobre el interbloque Argentina Federal, que Pichetto armó junto a la mayoría de los gobernadores peronistas “dialoguistas” para buscar aprobar la reforma en la Cámara alta. Aunque muchos transitarán el camino que propone el oficialismo, la mayoría de los senadores peronistas todavía sostienen que ese es un tema que tiene que definir la cúpula cegetista.

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