La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) allanó ayer el domicilio particular del financista Fernando Whpei y el de la Fundación para la Democracia que, junto a su hermano Guillermo, poseen en la esquina de Sarmiento y Santa Fe, donde además están situadas las oficinas de los empresarios que lideran, entre otras firmas, el Grupo Unión. Los procedimientos fueron ordenados por la Justicia Federal rosarina en la causa que investiga por presunto prevaricato e incumplimiento de los deberes de funcionario público al titular del juzgado federal N°4 de la ciudad, Marcelo Bailaque. La hipótesis del caso, cuya investigación está a cargo del fiscal Federico Reynares Solari, es que el magistrado favoreció con dineros de una cooperativa portuaria bloqueados en un expediente judicial, a la financiera de su amigo Fernando Whpei.

Si bien son tres los fiscales federales que intervienen en la investigación que tiene como centro al juez Bailaque, Matías Scilabra, Juan Argibay Molina y Federico Reynares Solari, el caso del destino del dinero de la Cooperativa de Trabajadores Portuarios de Puerto San Martín lo instruye el último de los tres, quien ayer solicitó los allanamientos.

Las medidas de requisa se llevaron adelante en Santiago al 800 de Rosario, domicilio particular de Fernando Whpei, y en las oficinas del grupo financiero, en Sarmiento y Santa Fe. También hubo un procedimiento en un estudio de abogados especialistas en derecho tributario de la ciudad de Rafaela, confiaron a Rosario/12 fuentes de la investigación.

Hacete amigo del juez

La causa que ahora derivó en la acusación contra el juez Bailaque se inició en 2019, cuando el gobierno de Mauricio Macri decidió quitarle el negocio de la prestación de servicios portuarios que desde hacía años tenía el veterano Herme Juárez, conocido como “Vino Caliente”, en las terminales de Puerto General San Martín y San Lorenzo.

El Gobierno impulsó una causa judicial no en Rosario sino en el juzgado federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay, quien detuvo a Juárez y luego lo procesó por los delitos de asociación ilícita, administración fraudulenta, coacción agravada y lavado de activos. Además, el magistrado bonaerense intervino la Cooperativa y bloqueó sus cuentas bancarias, depósitos y otros activos financieros que estaban en poder de la entidad.

Por un conflicto de competencia, la causa fue derivada a la Justicia Federal rosarina y recayó en el juzgado de Bailaque. Según la acusación del fiscal Reynares, el magistrado derivó los millonarios fondos bloqueados de la cooperativa –más de mil millones de pesos- al Grupo Unión y a la Mutual de Jubilados, Retirados y Pensionados Provinciales, de Fernando Whpei. Que, además de un hombre de negocios, es amigo personal del juez.

Un grupo de asociados a la cooperativa solicitó ser querellante en la causa, pero el planteo fue rechazado por Bailaque, aunque más tarde les otorgó ese estatus la Cámara de Apelaciones. También recusaron en 2021 al magistrado por parcialidad, atento la relación amistosa que lo unía a Whpei, el destinatario de los millonarios fondos de la cooperativa, que hasta entonces estaban depositados en el Banco Nación.

En su planteo judicial, los asociados a la entidad habían señalado que el propio Whpei los había contactado para ofrecerles destrabar los fondos, atento a que vínculo con el juez federal.

En ese contexto, el interventor de la cooperativa solicitó al juzgado que se liberen los fondos inmovilizados, por lo que en diciembre de 2020, Bailaque dispuso la autorización para liberar, primero 150 millones de pesos y luego, en abril de 2021, otros mil millones, a los fines de operar financieramente con el Grupo Unión SA y con la Mutual de Jubilados, Retirados y Pensionados Provinciales, cuyo referente es Whpei, sostuvo el fiscal al acusar al magistrado, en noviembre del año pasado.

“Frente a la recusación, Bailaque presentó un informe alegando su imparcialidad en relación con las distintas circunstancias del caso, sin abordar específicamente el eje troncal de la recusación, es decir, si tenía o no algún vínculo con el empresario Whpei”, remarcó Reynares Solari.

A los amigos, todo

La Cámara Federal de Apelaciones resolvió rechazar el planteo de los querellantes, pero la de Casación Penal advirtió irregularidades, al remarcar que el juez había omitido toda referencia al objeto del litigio, es decir, su relación con el empresario.

 

A partir de ello, se le solicitó a Bailaque que efectúe un nuevo informe indicando expresamente su vínculo con el financista. En esta oportunidad, sostuvo de manera explícita que efectivamente tiene una relación de amistad con Fernando Whpei. A partir de ese informe, la Cámara Federal dispuso su apartamiento del caso.

El 7 de julio de aquél año, el tribunal de alzada ordenó que el dinero depositado en la Mutual de Jubilados, Retirados y Pensionados Provinciales sea retirado y depositado en un plazo fijo del Banco de la Nación Argentina (BNA).

La fiscalía remarcó que el juez, “en ejercicio de sus funciones, autorizó la liberación de fondos que se encontraban judicialmente inmovilizados, los cuales fueron girados a una entidad financiera perteneciente a su amigo Fernando Whpei, situación que desconoció en un principio y que, luego de la intervención de la Cámara Federal de Casación Penal, reconoció como cierta”.

Y agregó que “si bien Bailaque fue el juez del caso durante todo el período detallado en que se incorporó una modalidad de administración financiera riesgosa, nunca se excusó como magistrado ni admitió la recusación articulada por la querella, pese a haber tomado conocimiento con precisión que su amigo era favorecido por sus decisiones judiciales”.