La batalla Vicentin tuvo ayer otro capítulo, y fue adverso para los directores: el juez del concurso de acreedores, Fabián Lorenzini, los emplazó a que la semana próxima, en tres días a más tardar, expongan un estado de situación de la empresa, y un plan de pagos para regularizar sueldos adeudados a los trabajadores, hoy por hoy en ascuas tras la decisión del directorio de cesar la actividad en las plantas de Ricardone, Avellaneda y San Lorenzo.

Fue de lo más concurrida la audiencia pública ayer en el tribunal de la Perla del Norte. De manera presencial y virtual. Más doscientas personas siguieron las explicaciones que ensayó el director de Vicentin, Estanislao Bourgain, uno de los ejecutivos imputados por administración fraudulenta, y las réplicas airadas de delegados gremiales de Aceiteros y acreedores que intuyen una intencionalidad velada de la conducción por inducir a la quiebra.

La audiencia permitió ventilar nuevas revelaciones sobre las derivaciones del mega default que Vicentin declaró a fines de 2019, y del concurso de acreedores que transcurre desde marzo de 2020. Los veedores que el juzgado puso como seguidores del proceso informaron ayer que después de la apertura del concurso preventivo, Vicentin siguió acumulando deudas que a esta altura alcanzan los 38 millones de dólares, que al personal y servicios tercerizados le adeuda 3 millones de dólares, y que debe alrededor de 5 mil millones de pesos en facturas de energía eléctrica y gas.

El juez Lorenzini ordenó al directorio que en tres días informe sobre el dinero disponible y el que atesora en cuentas bancarias de Uruguay y Paraguay. Los veedores descubrieron que hay por lo menos 200.000 dólares que Vicentin depositó fuera del país. Con todo eso, el magistrado impuso que presenten un plan de pagos para salarios y los servicios que adeuda y cuyo corte complicaría la posibilidad de que reanude la actividad de molienda y almacenaje.

La posición de la empresa concursada traslució en lo dicho por Bourgain, que compareció en la audiencia pero no de manera presencial sino a través de teleconferencia. Los otros miembros del directorio, ni siquiera eso. 

Bourgain atribuyó la cuesta abajo de la cerealera a la Corte Suprema provincial, por haber rechazado el acuerdo con acreedores para salir del concurso pagando de manera parcial. La Corte, vale decir, no homologó ese acuerdo, que también había rechazado Lorenzini en primera instancia, por considerarlo perjudicial para toda la masa de acreedores.

Por lo tanto, el director que compareció hasta llegó a advertir lo inexorable de una quiebra si la Justicia persiste en no autorizar su acuerdo con las acreedoras que tienen interés en quedarse con todo: Viterra (actual accionista mayoritaria de Renova, el mejor activo del grupo Vicentin), Bunge y ACA. 

El auditorio interpretó ese comentario de Bourgain como una amenaza, y como la tácita confesión de que ese es el fin que persigue el directorio residual, luego de que los ejecutivos originales fueran corridos e imputados. Días atrás resultaron imputados y con prisión preventiva sin caución los cabecillas, Daniel Buyatti, Alberto Gazze, Omar Scarel y Alberto Macua.

Bourgain, además, negó que la agonía actual de Vicentin SAIC tenga relación con los dineros que aquellos cuatro siguieron sonsacando de esa y de otras empresas del grupo aún después de abierto el concurso de acreedores. Fueron más de 6 mil millones de pesos desviados en gastos particulares de esos directores, incluso para pagar los honorarios de sus abogados personales que los defienden en la causa penal. Además de eso, se descubrió que cuando el juez concursal los separó de funciones, estos cuatro se autodeclararon despedidos y se pagaron a sí mismos una indemnización por más de 1.800 millones de pesos.

Para el directivo que declaró ayer, nada de eso incide en la crisis actual. La culpa, dijo, es de la Justicia y de los acreedores que se oponen al acuerdo que empujan Viterra, ACA y Bunge.

"Resulta claro que lo que queda del Directorio títere está buscando la quiebra. Tal como dijo el colega apoderado del Sindicato, deben irse y ya nunca volver. Ya no corren ni los intentos de apriete ni las operaciones de prensa. Son una sarta de payasos en retirada, con los que nadie quiere saber nada", tradujo en criollo el abogado Gustavo Feldman, patrocinante de uno de los principales acreedores, la corredora Commodities. 

Desde la Federación de trabajadores aceiteros, que dirige Daniel Yofra, se reclamó al tribunal que desplace de una vez por todas a los directores de la empresa y decrete la intervención judicial. "El directorio no está capacitado para seguir adelante", marcó el abogado del gremio, Sebastián Spiller.

Durante la extensa audiencia, el titular del sindicato de Aceiteros de San Lorenzo, Daniel Succi, denunció que la paralización actual que impera en las plantas de Vicentin en esa ciudad y en Ricardone fue ordenada por Pedro Vicentin. Al respecto, alertó sobre el peligro de incendio y explosión que incuban esas celdas gigantescas con grano almacenado sin aireación ni otra tarea de control.

Vicentin venía trabajando a fason, es decir cediendo instalaciones para operaciones de terceros. Pero esos contratos cesaron el mes pasado y el panorama se tornó sombrío.

"Resulta llamativo que al borde de la quiebra y durante cinco años de concurso de acreedores recién ahora se repare en la necesidad de saber cuánto dinero tienen los integrantes del viejo y del actual directorio en cuentas bancarias del exterior. En julio de 2020 el fiscal federal Pollicita había demostrado la fuga de 788 millones de dólares que eran del Banco Nación a paraísos fiscales. Aquel dinero fugado es fundamental para mantener las fuentes laborales de Vicentin", observó el diputado provincial Carlos Del Frade, presente en la audiencia en Reconquista.