La justicia tardó en llegar y llegó a medias: después de una década, el pasado viernes un hombre fue encontrado culpable de intentar asesinar a Laura Moyano, una mujer trans que fue brutalmente agredida en La Plata, en diciembre de 2015. Sin embargo, de los dos agresores involucrados en el crimen, las autoridades solo dieron con el paradero de uno de ellos, Agustín Bermúnez, quien pese a la abundante evidencia de que atacó a Moyano motivado por el odio a su identidad de género, fue condenado solamente por lesiones agravadas en un juicio por jurado. La condena por este delito ronda entre seis y 10 años.

Moyano fue representada por las abogadas Silvina Perugino y Valeria Monett, que celebraron la condenada porque consideraron que los casos de violencias hacia las personas LGBTIQ y, particularmente, las violencias que enfrentan el colectivo travesti y trans suelen quedar impunes. “Históricamente, la comunidad travesti trans, cuando es víctima, no ha llegado a estas etapas del proceso. En los últimos años sólo han llegado (algunos) juicios por travesticidios y transfemicidios; sin embargo, las tentativas, las lesiones, los abusos parecen no ser delitos cuando es la comunidad LGTBI+ la víctima de los mismos”, señalaron las abogadas a través de un comunicado.

Durante el juicio realizado en el Tribunal Oral en lo Criminal II de La Plata, las abogadas y la Fiscalía aportaron pruebas y testimonios técnicos del ataque recibido por Moyano en 2015, entre ellos estudios médicos que determinaron que, a partir de un puntazo a la altura del pulmón izquierdo, Moyano sufrió un neumotórax, una patología que fue tratada con un drenaje; además, que producto de la golpiza, la víctima también fue lesionada en la cabeza, donde sufrió una herida que tuvo que ser saturada con 25 puntos, perdió parcialmente la visión en uno de sus ojos y piezas dentales.

Aunque inicialmente la causa de Moyano fue calificada como un intento de homicidio, en la etapa de instrucción, en 2018, el fiscal a cargo del caso cambió el delito por lesiones agravadas. En la etapa de juicio, un nuevo fiscal volvió a la tipificación delictiva de homicidio agravado por el odio a la identidad de Moyano.

Bermúdez, el condenado, solicitó que el juicio fuese a través de la modalidad de jurado que, de acuerdo con las abogadas de la víctima, es por la que optan imputados de violencia de género, lo cual, indicaron, es un punto a considerar en que bajo esta modalidad ocurren más sentencias absolutorias. El jurado estuvo conformado por 12 personas de la sociedad civil elegidas de entre el padrón electoral.

“A pesar de ser un fallo insuficiente, la condena es un logro en un contexto donde los discursos de odio por parte del presidente Javier Milei se profundizan y acrecientan las violencias sistemáticas a nuestro colectivo travesti trans. Este proceso de aprendizaje colectivo, nos obliga a repensar estrategias para exigir a la justicia que juzgue teniendo en cuenta que a Laura intentaron matarla por su identidad de género, es decir, por ser una persona trans”, expresó en Instagram la organización Otrans Argentina, que acompañó a Moyano durante en el proceso judicial.

Una justicia sin perspectiva de género

Argentina cuenta con un amplio marco legal de protección a los derechos de las personas LGBTIQ+ y por esto actualmente aún es considerado un “oasis” para las disidencias sexuales. No solamente cuenta con una Ley de Identidad de Género que es un modelo mundial, sino que en 2012 reformó el Código Penal para incorporar el agravante en los crímenes motivados por el odio a la identidad de género, identidad y expresión de género, y orientación sexual de las víctimas. Sin embargo, la reticencia para procesar estos agravantes delictivos en instancias judiciales, porque las partes encargadas de las investigaciones no razonan las circunstancias en las cuales ocurren los crímenes de odio, es una constante.

Por ejemplo: en el proceso judicial que enfrenta un grupo de policías de la Comistaría 5ta. de Derqui, en Pilar, acusados de asesinar a Sofía Fernández, una mujer trans que fue detenida en abril de 2023 y dos días después fue encontrada sin vida y con signos de tortura en la celda en la que estaba presa, la familia de Fernández viene denunciando que el juez del proceso está renuente a la petición de la Fiscalía de calificar este crimen como un hecho motivado por odio a la identidad de la víctima. 

De igual forma, el triple asesinato de las mujeres lesbianas en el caso de Barracas fue caratulado como homicidio doblemente agravado por alevosía y peligro común por el juez Edmundo Rabbione, quien no tomó en cuenta el agravante de odio que presuntamente motivó al vecino Fernando Barrientos para prenderles fuego a las víctimas en la madrugada del 6 de mayo de 2024. Barrientos, según investigaciones periodísticas, ya había amenazado de muerte a las víctimas por ser mujeres lesbianas.

“Los procesos que nos llevan a tener una legislación de género y diversidad son hitos que plasman una lucha colectiva por el reconocimiento de derechos, pero no reflejan el estado de las instituciones. Las instituciones muchas veces no están a la altura de los marcos normativos que tenemos”, opina Eugenia Ghiotto, psicóloga forense especializada en criminología, quien también tiene experiencia capacitando al sector justicia con la Ley Micaela, la ley que obliga al personal judicial a capacitarse en géneros. 

Para Ghiotto, no basta con enseñar normativas de género y diversidad sexual, sino que también debe haber una sensibilización de las personas con el tema, lo cual se vuelve complejo cuando en el medio hay una “cultura patriarcal” instalada desde hace siglos en las sociedades.

La condena de Bermúdez ocurrió días después de que la Corte Suprema de Justicia desconociera, a través de una resolución que tenía pendiente de resolver desde hace cinco años: no avaló considerar al crimen de la activista Diana Sacayán (2015) como un travesticidio. Este fallo fue seguido de la modificación exprés a la Ley de Identidad de Género para prohibir las terapias de hormonización en las y los adolescentes trans menores de 18 años, en febrero pasado.

Todo es parte de una campaña de desinformación también emprendida desde el oficialismo, que ha redoblado su arremetida anti woke luego del discurso del presidente Javier Milei en el Foro Económico de Davos, Suiza, y la multitudinaria marcha organizada por las disidencias sexuales en contra de los ataques sistemáticos de Milei al colectivo LGBTIQ. El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, ya adelantó que el Gobierno Nacional eliminará la Ley del Cupo Laboral Travesti-Trans, sancionada en 2021; y que modificará la Ley Micaela.