Una vez más, el Gobierno de Javier Milei busca beneficiar a los represores de la última dictadura militar. En esta ocasión, con el pedido de autorización del Servicio Penitenciario Federal a cargo de Patricia Bullrich para trasladar a Campo de Mayo a 19 genocidas detenidos en Ezeiza.
Consultado por la 750, el fiscal de Derechos Humanos de la Procuración General de la Nación, Félix Crous, salió al cruce de esta decisión y aseguró que se trata de “mejorar condiciones de detención que ya son de privilegio”.
Ante la pregunta de Escuchá Página|12, Crous sostuvo que se trata de una reversión de una medida adoptada en mayo de 2014, donde se afectó a la Unidad 31 del Servicio Penitenciario Federal, "que es una unidad polivalente –es una unidad como deberían ser todas, muy respetuosa del derecho de los internos– a los detenidos por lesa humanidad”.
Y explicó sobre esta decisión: “Digo polivalente porque estaba previsto para adultos mayores y mujeres con niños muy chiquitos. Tenía un jardín maternal y de infantes. En 2014, cuando se estaba definiendo el sistema de alojamiento de los represores, se usó esa unidad porque las personas empezaban a volverse añosas”.
“Se dedicó ese sector a una cantidad de imputados por delitos de lesa humanidad. Ahora lo que se hace es trasladar una cantidad de represores que están allí a la unidad 34 que está en Campo de Mayo que se convirtió en una cárcel administrada por el SPF”, afirmó.
Esto se traduce en una mejora relativa en las condiciones de detención para los genocidas: “Yo entiendo que tanto esa como la de Ezeiza son cárceles donde los alojados por delitos de lesa humanidad están en muchas mejores condiciones que un preso promedio”.
“Y si bien la cárcel de Campo de Mayo tiene un espacio verde y un confort que la unidad 31 no tiene, la 31 es también una cárcel muy digna, muy respetuosa. No vería yo aquí, más allá de que hay una política general de beneficiar a los represores, una razón no verosímil”, afirmó.
Tras lo que defendió: “Hace falta tener plazas disponibles para mujeres con niños. La verdad es que más allá de las suspicacias razonables que generan medidas como estas, lo que se alega es defendible por parte del Estado”.
“Esa resolución del 2014 decía que era transitorio y lleva una década. Imagino que muchos de los represores querrán estar en la unidad 24 porque tienen huerta, tienen espacios verdes. Es mejorar las condiciones de detención que ya son buenas. Ya arrancan de un umbral de privilegio”, finalizó.
