El dirigente social y referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) Juan Grabois fue sancionado por el Tribunal Oral Federal N° 6, que alegando un decreto de la dictadura, consideró ofensivas contra los jueces sus palabras en el alegato en el juicio por la toma de la comisaría 24 de La Boca, tras el asesinato del "Oso" Cisneros. En su exposición final en ese juicio Grabois denunció la persecución política contra los líderes sociales y criticó duramente al Poder Judicial por ser la “bancarrota moral servida al poder público, oficialista al poder de turno”.

En el juicio por la toma de la comisaría, Grabois representó a Lito Borello, imputado junto a Luis D’Elía. Por su alegato final, el tribunal le impuso una multa equivalente al 15 por ciento del salario mensual de un juez de primera instancia. Para hacerlo, los magistrados usaron el decreto 1285/1958, firmado por el gobierno de facto de la Revolución Libertadora.

“Desde el punto de vista del derecho, de la Justicia y del debido proceso este juicio deja mucho tela para cortar”, comenzó sus palabras finales el dirigente, que calificó al juicio como un “juicio evidentemente político” ya que no se estaban juzgando hechos sino “culturas organizativas, clases sociales y nacionalidades que hoy resultan antipáticas”.

El discurso de Grabois siguió y apuntó directamente contra las actitudes de los jueces que con sus manifestaciones dejaron en evidencia “un prejuicio que ni siquiera se disimuló”. También denunció el nuevo “clima de época” en el que los pasillos de Comodoro Py se convirtieron en “las pasarelas de los opositores” y remarcó “la bancarrota moral de una Justicia servida al poder público, oficialista al poder de turno”.

“Cuando se preocupan mucho por los atributos externos es porque los internos están en crisis: que se hable de usted, que no se tome mate, que se pare cuando entran tres señores que parecieran pertenecer a una casta privilegiada que encima no paga impuestos. El Poder Judicial debería avergonzarse por su ciclotimia y su desapego a los principios del Estado de Derecho y por tener entre sus filas a magistrados que han convalidado el terrorismo de Estado o, como pasa acá, convalidado apropiaciones de niños durante la dictadura militar”, lanzó el dirigente social y abogado.

Por úlitmo, Grabois criticó también a la fiscal por “dar a entender” que los integrantes de las organizaciones sociales “por ser pobres no tienen uso de su voluntad y son llevados de las narices” a lo cual el dirigente le respondió que “cualquiera de esos pobres tiene un sentido mucho más hondo de la Justicia que muchos de los que están acá”.

El decreto esgrimido por los jueces para condenar las palabras de Grabois sostiene que se puede sancionar con  “prevención, apercibimiento, multa y arresto de hasta cinco (5) días” a quienes “obstruyeren el curso de la justicia o cometieran faltas en las audiencias, escritos o comunicaciones de cualquier índole, contra su autoridad, dignidad o decoro”.

La diputada Myriam Bregman junto al Centro de Profesionales por los Derechos Humanos y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos consideraron la sanción como "un feroz ataque a los abogados defensores de causas eminentemente políticas" y apelaron la medida.