La secretaria de Industria de Tierra del Fuego, Alejandra Man, salió al cruce de la eliminación de aranceles para la importación de celulares y artículos electrónicos que se fabrican parcialmente en la provincia y alertó que la medida pone en riesgo miles de puestos de trabajo.
Man dijo que el anuncio del Gobierno desató una enorme preocupación en el sector industrial y a nivel político, por el impacto que la medida provocará en la provincia, donde desde hace años existe un régimen especial de la promoción industrial que establece un sistema de beneficios económicos para fomentar el desarrollo de la zona insular y extremadamente austral del país.
“Todo lo relacionado con la fabricación y manufactura no deja de ser algo sumamente inquietante, porque se empieza a competir directamente. Al reducir estos aranceles, se pone en igualdad de condiciones a la producción nacional con el producto importado”, advirtió la ministra en una entrevista con la AM 750.
Según la funcionaria provincial, hay mucho desconocimiento alrededor del régimen industrial de Tierra del Fuego –que otorga una serie especial de beneficios fiscales y aduaneros para el territorio– por parte de la gestión libertaria.
“Mucha gente opina sin tener conocimiento real ni números para dimensionar qué significa. Hay mucho —no sé si odio—, pero sí un ataque continuo. Y creo que hay que pensarlo de otra forma”. afirmó.
Y dijo con precisión: “Se impuso este discurso del costo fiscal que representa el régimen y su supuesto impacto en todos los argentinos. No creo que sea así. Tierra del Fuego es territorio nacional, y la gente también hace soberanía”.
Además, sostuvo, las empresas generan fuentes de trabajo. “No hay manera de poblar estos lugares tan inhóspitos si no es así. Digo: entiendo por qué el régimen se sostuvo todos estos años y por qué sigue existiendo hoy”, afirmó Man.
En concreto, afirmó, la quita de impuestos afecta directamente a 7.045 puestos de trabajo vinculados a la producción de celulares. Y haría que se vean afectadas las condiciones de vida de casi 30 mil personas.
“La verdad es que no hubo mesas de trabajo, no hubo consultas. No con el Gobierno provincial. No sé si con el sector privado, con los empresarios —que también hay que decir que quienes fabrican en Tierra del Fuego también importan—. Por lo tanto, es una situación aún más compleja y endeble”, finalizó.
