Veintidós veces más barato le sale al Estado tener políticas públicas pensadas para la prevención y la atención de personas en situación de violencias por razones de género. Así lo sostuvo la integrante del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) Agustina Rossi, tras los dichos del ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona.
"Eliminamos trece programas ideológicos creados por el kirchnerismo, que eran financiados por todos los argentinos", comunicó este viernes Cúneo Libarona desde su cuenta de X. Además, el funcionario listó una serie de políticas públicas a las que tildó de "insólitas" y de "despilfarro".
"Estos programas ya tenían nula ejecución, ya no contaban con financiamiento y no estaban activos", desmintió Agustina Rossi en la 750. "Lo que están haciendo es oficializar esa política de desmantelamiento que ya venían haciendo en los hechos", agregó.
Quizás la cercanía con las elecciones legislativas en la Ciudad de Buenos Aires tenga algo que ver con la decisión del ministro de anunciar que las políticas públicas destinadas a mujeres y diversidades en situación de vulnerabilidad no están entre las prioridades del gobierno nacional.
"¿Qué les vamos a decir a estas personas que hoy están en sus casas, que están sufriendo violencia y que desde el Estado sólo escuchan que la violencia no existe, que no es un problema y que no se va a hacer nada al respecto?, se preguntó la integrante del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) en Escuchá Página/12.
Aún queda disponible la línea 144, que funciona las 24 horas, los siete días de la semana durante todo el año, y que brinda apoyo, seguimiento y acompañamiento profesional a personas que atraviesan una situación de violencia de género o, incluso, para quienes quieren saber cómo proporcionar ayuda a otra persona. "Quiero mencionar que esa línea perdió más de la mitad de sus trabajadores y trabajadoras durante 2024", denunció Rossi.
Otras iniciativas tampoco son implementadas por el Ejecutivo, como en el caso del AcompañAR, un programa de apoyo económico para quienes transitan una situación de alto riesgo en la que peligra su vida, para que puedan acceder a un alquiler que les permita salir de la situación de violencia. "La violencia contra las mujeres, contra las personas LGTBIQ, existe por más de que se lo quiera negar", subrayó Rossi.
"Todos los gobiernos que han pasado en estas cuatro décadas de democracia entienderon que era fundamental pensar las políticas para ayudar y acompañar a las mujeres y diversidades, para garantizar su derecho a una vida libre de violencia. No es una cuestión de ideología, es una cuestión de derechos humanos. Las vidas valen y el Estado tiene que garantizar que las personas que estén sufriendo violencia puedan reconstruir sus proyectos de vida", cerró.
