Rosario fue una de las cajas de resonancia de una jornada en la que el descontento popular se expresó organizado frente al Congreso de la Nación, donde el gobierno de La Libertad Avanza no pudo bloquear la sesión que sacó a flote dos temas incómodos para sí: el incremento del bono a jubilados y la ley de emergencia en discapacidad.
Desde la mañana y hasta la tarde, la plaza San Martín se hizo eco de lo que pasaba en Diputados, en Buenos Aires. Primero con una masiva movilización de personas con discapacidad, sus familiares y todas aquellas prestadoras de servicios e instituciones que atienden a esta población, hoy vulnerada en sus derechos de manera inédita.
Luego, por la tarde, el colectivo de jubilados y jubiladas de Rosario sumó otras voces de adhesión y engrosó su reclamo habitual de cada miércoles.
Lo que pasa en el ámbito de la discapacidad, a nivel país, asombra por la inhumanidad del ajuste, tal como describieron tantas de las voces reunidas ayer en la plaza frente a Gobernación, delante de una pantalla gigante conectada directa al recinto de Diputados. Niños, niñas, jóvenes, adultos con cualquier clase de incapacidad física o intelectual padecen el deterioro de su calidad de vida porque el gobierno nacional pisó los aranceles de prestaciones, solo ajustó 0,8% en diciembre y no más. Por lo tanto los servicios se retraen: menos transporte, menos terapia, menos rehabilitación.
De acuerdo a los múltiples relatos recogidos en la plaza, el sector –en tanto generador de puestos laborales– está achicándose, produciendo despidos y deserción de profesionales abocados a atender a cientos de pacientes en Rosario y región.
Por caso, ejemplificaron con los $3.200 por hora que cobra desde diciembre un acompañante terapéutico. O los transportistas que llevaron sus vehículos adaptados hasta colmar la cuadra de Santa Fe al 1900 y expresar que ya acumulan deudas y se ven forzados a restringir servicio porque el arancel estipulado no cubre sus costos.
Y los carteles, harto elocuentes: "Necesito transporte para poder ir a rehabilitación", la leyenda en manos de un adolescente con síndrome de Down. "No es un paro, es un límite", "La vocación no paga el alquiler", "Por cada prestación que no se paga, hay un derecho que se vulnera", y muchas consignas más elevadas en torno al monumento ecuestre a San Martín.
"¿Ningún chico merece todo esto que estamos pasando. Hace años que venimos con dificultades, pero nunca se agravó tanto como en estos meses. ¿Por qué hace esto el gobierno? ¡Cuánta crueldad!", se horrorizó una terapista convocada.
El testimonio de una madre ante las cámaras sintetizó dos de los reclamos que ayer coincidieron ante el ajuste libertario: se llama Gabriela, y cría a su hijo de 5 años con una cardiopatía congénita severa sin la ayuda de nadie, porque el padre los abandonó. "Lo operararon cuatro veces en el Garrahan, sin esos médicos mi hijo no estaría acá", contó. La tarea de cuidar a su niño le resta tiempo y fuerzas para ejercer su profesión, por lo que sobrevive a duras penas y endeudándose. "Al supermercado lo tarjeteo. Y como no pude seguir pagando la prepaga, estamos muy complicados para sostener las terapias. Solo accedemos a la asistencia pública, mínima. Un año esperé a poder darle una fonoaudióloga, y le faltan otras terapias pero que en el sistema pública hoy no están", agregó la mujer.
A su lado, otra madre repudió los dichos del director de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo. "Todos somos personas con discapacidad en potencia, nadie está exento de sufrir un ACV o un accidente que le deje una lesión grave. Las personas con discapacidad tienen derechos. Es increíble la insensibilidad de esa persona, de este Gobierno, sin empatía, indiferente al otro".
Otro clamor, el mismo destino
A media tarde cambiaron las banderas y los manifestantes, pero el reclamo expresó el mismo destino: el Congreso donde los diputados ya discutían el aumento a la clase pasiva y afuera las imágenes mostraban escarceos de represión por parte de las fuerzas de seguridad. La ministra Patricia Bullrich fue destinataria del repudio en Rosario, mientras distintas organizaciones de jubilados elevaban el reclamo de aumento de haberes, restitución del 100% de descuento en medicamentos del PAMI y una nueva moratoria previsional para garantizar que los trabajadores que están llegando al ocaso de su vida laboral puedan acceder a una jubilación digna.
"Hemos llegado a la indignidad de tener que elegir entre comer o comprar los remedios, o pagar el alquiler. En esa estamos hoy, después de una vida de trabajo", protestó Maia Guiú, del Frente de Jubilados en Lucha (Frejel). "El Estado se presenta para reprimir, para destruir lo público, para empobrecer al pueblo trabajador", agregó.
También sumaron trabajadores de Pami Rosario, que denunciaron el desmantelamiento de servicios en los dos policlínicos que la obra social tiene en la ciudad. "Los están desguazando, y además caen prestaciones, se quita la medicación. Hay un vaciamiento del Pami porque vemos que se desvían cápitas hacia el sector privado. Y los jubilados, con haberes mínimos, de pobre, no pueden ni acercarse a esos sanatorios a atenderse", denunció Melina Gutiérrez, delegada de ATE en el Pami 2.
