Siete integrantes de la Policía de Rosario fueron detenidos por una denuncia de apremios ilegales a dos personas alojadas en la comisaría 2da de Rosario, a quienes habrían golpeado en esa dependencia estatal el viernes pasado. El fiscal que investiga el caso, José Luis Caterina, evaluaba al cierre de esta edición la posibilidad de liberar a dos los uniformados aprehendidos y llevar a audiencia hoy a los cinco restantes, aunque no se conocieron detalles acerca de la posible imputación. 

Según el informe de gestión 2024 del Ministerio Público de la Acusación (MPA), presentado semanas atrás en la Legislatura, el año pasado se iniciaron más de 10 legajos diarios contra miembros de la fuerza de seguridad por “delitos cometidos por funcionarios policiales o penitenciarios”, según los agrupa esa estadística. A pesar de que pasó la mitad del año, el Servicio Público Provincial de Defensa Penal aún no publicó las estadísticas sobre violencia institucional del año pasado.

Los policías detenidos durante el fin de semana, por intervención de Asuntos Internos de la propia fuerza, fueron denunciados por presuntos apremios ilegales. Seis de ellos pertenecen a la Brigada Motorizada –que este año tuvo otros miembros imputados por delitos en su función- y el restante es un sumariante de la seccional 2da, ubicada en calle Paraguay entre San Juan y Mendoza, en el centro de la ciudad.

Según dijeron a Rosario/12 voceros de la investigación, las víctimas son dos varones: uno de 40 años y un menor de 17, que está a disposición de la Justicia de Menores. Aparentemente, el chico estaba alojado en la comisaría 2da porque no había lugar en el Centro Especializado de Responsabilidad Penal Juvenil (ex IRAR).

“Están detenidos siete agentes policiales por el momento. Se está analizando datos recabados durante el fin de semana”, precisó la fuente antes mencionada, y agregó que “el hecho de apremios denunciado ocurrió el viernes 6”.

Juego de roles

Ese mismo día fueron aprehendidos los policías señalados en la denuncia por la presunta golpiza y durante la jornada de ayer el fiscal Caterina “está determinando lo sucedido y los roles” de cada uno de los implicados. Al cierre de esta edición, fuentes de la investigación indicaron a este diario que el representante del MPA evaluaba liberar a dos de los policías detenidos el fin de semana y llevar a audiencia al resto, en la jornada de hoy.

A través de un comunicado, el Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia señaló que la detención de los policías por parte de personal de Asuntos Internos “se adoptó en el marco de una investigación en curso, a raíz de hechos ocurridos en dicha seccional, donde por causas que se encuentran bajo investigación, los efectivos mencionados son acusados de golpear a internos alojados en celdas transitorias, resultando uno de ellos menor de edad”.

También informa que “por instrucción del doctor Caterina, se dispuso el secuestro de los teléfonos celulares de los empleados involucrados, la toma de actas de entrevistas a los internos que oficiaron como testigos presenciales, la citación a declaración del subjefe de la seccional y la convocatoria de un médico legista para constatar las lesiones de las víctimas”.

La cartera al mando del ministro Pablo Cococcioni señaló además que el área ratifica su "compromiso con la transparencia y la defensa del trabajo de aquellos efectivos que realizan su labor dentro de la ley”, a la vez que “ponemos todas nuestras herramientas y recursos a disposición del requerimiento de la Fiscalía para esclarecer la situación”.

Violencia selectiva

El último informe del Servicio Público de la Defensa, correspondiente a los datos de 2023, indica que ese año se registraron un total de 348 víctimas de malos tratos, abusos y torturas por parte de la policía, de los cuales en el primer contacto con las fuerzas de seguridad hubo un total de 654 abusos.

Los mismos estuvieron “distribuidos en: 520 agresiones físicas, 45 armado de causas, 34 amenazas, 55 requisas vejatorias y 24 robos/ hurtos de pertenencias”. Además, resalta que “estas prácticas de abusos, malos tratos y torturas se sostienen con discursos que fomentan y justifican el ejercicio de la violencia y el encierro como alternativa para resolver la conflictividad social”.

Y no sólo eso. “Desde el año 2015 hasta la actualidad, todos los informes anuales reafirman la hipótesis de que las fuerzas de seguridad persiguen y encierran a los sectores más vulnerables de la sociedad: jóvenes, pobres, de barrios materialmente postergados”. Es significativo recordar que aún no se le había devuelto por ley a la policía la facultad de detener por averiguación de antecedentes, una licencia de la portación de cara.

“Las políticas de seguridad se basan mayoritariamente en la saturación policial de los territorios, persiguiendo a los sectores más vulnerables de la sociedad. El despliegue policial en el territorio es violento y conlleva el ejercicio sistemático de torturas y malos tratos y prácticas de corrupción en diferentes grados”, decía el informe sobre violencia institucional de 2023.