La justicia penal santafesina ordenó ayer mantener inmovilizadas las cuentas en criptomonedas en las que se acumulan alrededor de 1,3 millones de dólares, que se presume, provienen de lo recaudado en plataformas digitales de juego no autorizado en la provincia. Los representantes del Gobierno santafesino apuntaron contra 273 páginas de juego ilegal, lista que fue ampliada el 19 de junio. En cuanto a la causa penal, se inició en mayo de 2024, con una denuncia de los ministros de Igualdad y Desarrollo Humano, Victoria Tejeda y de Educación, José Goity además del vicepresidente ejecutivo de la Caja de Asistencia Social y Lotería de Santa Fe, Daniel Di Lena.