En Tucumán, la justicia federal condenó a Rubén “la Chancha” y Adolfo “el Mono” Ale a pasar diez años en prisión y pagar, cada uno de ellos, una multa de ocho millones de pesos por considerar debidamente acreditado que ambos fueron jefes de una asociación ilícita dedicada al lavado de activos generados por otros crímenes. El dinero que los hermanos, señalados jefes del Clan Ale, ingresaron al circuito legal, señaló la resolución del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán, provino “de ilícitos penales descriptos en la normativa vigente, como delitos de usura, extorsión, explotación económica del ejercicio de la prostitución (ajena) y comercio de estupefacientes”. El dinero que deben pagar como multa los hermanos, indicó ayer el veredicto, es “equivalente a dos veces el monto de la operación”, según consideró el tribunal.

Fuertemente conocidos –y temidos– en Tucumán desde hace décadas, los Ale, al igual que las personas consideradas judicialmente parte de su Clan, conocieron cierta celebridad a nivel nacional a medida que Susana Trimarco, en busca de su hija, Marita Verón, comenzara a mentar a “la mafia de los Ale” como responsable del secuestro y la explotación sexual de la joven cuya desaparición llevó a destapar la existencia de redes de trata en Argentina. Ayer, de hecho, la Chancha aprovechó el momento de pronunciar sus últimas palabras antes de la sentencia para declararse como inocente y decir ante el tribunal que sus problemas comenzaron cuando Trimarco empezó a acusarlo por el secuestro de su hija. 

Once de los demás catorce imputados recibieron también condenas de entre siete y tres años; otros tres resultaron absueltos, entre ellos un ex policía a quien se consideraba responsable de pasar información clave para las operaciones del Clan. “Celebramos el fallo, que nos deja conformes. Advertimos que el tribunal debe haber recogido mucho de lo que las acusaciones particulares y la pública sostuvieron”, dijo a este diario el fiscal ad hoc Agustín Chit, quien acompañó a Pablo Camuña en la representación del Ministerio Público Fiscal durante el juicio. Fuentes de los organismos querellantes, la Unidad de Información Financiera (UIF) y la AFIP, indicaron también su conformidad con las condenas, aunque evaluaban la posibilidad de presentar recursos de Casación (maneras de recurrir la sentencia) una vez que los jueces Alicia Noli, Domingo Batule y Gabriel Casas den a conocer los fundamentos del fallo, el 16 de marzo. 

Ni los hermanos Ale ni los otros once condenados fueron detenidos ayer, aunque en nueve casos sobre ellos sigue vigente la detención domiciliaria revalidada por el mismo tribunal el viernes pasado (luego de que Casación considerara como “arbitrario” el que las hubiera revocado).

La lectura de la sentencia transcurrió en silencio, en presencia de los dieciséis imputados y bajo una fuerte custodia que combinó integrantes de Gendarmería Nacional y Policía Federal Argentina. Además de los hermanos Ale, fueron condenados a prisión por asociación ilícita y lavado –aunque con distintos grados de responsabilidad– Fabián González (siete años de prisión), Víctor Alberto Suárez (seis años), María Jesús Rivero (ex mujer de la Chancha, absuelta en el juicio por Marita Verón; seis años) y  Ernesto Catulo (cuatro años). Exclusivamente por lavado, el tribunal condenó a María Florencia Cuño, Valeria Bestán y Julia Piccone a tres años de prisión. Finalmente, por asociación ilícita, César Marcelo Manca y Carlos Rolando Ocampos fueron condenados a seis años de prisión. Enrique Chanampa y José Lucero, por venta de estupefacientes en concurso real con el delito de asociación ilícita, recibieron condenas de cuatro años de prisión y cada uno de ellos debe pagar una multa de cinco mil pesos.

Los tres imputados absuelltos fueron Roberto Dilascio, Hernán Lazarte y Sergio Parrado. Las querellas habían sostenido que el primero de ellos había tenido un rol destacado en la gestión del Clan Ale en el Club Atlético San Martín –cuestionada por manejos de fondos, entre otras cosas–; por su parte, Lazarte es un ex policía a quien las querellas señalaban como responsable de incumplimiento de deberes de funcionario público, por aprovechar su cargo a favor de las operaciones del Clan.

Las condenas dictadas al Clan fueron menores a las que habían solicitado los organismos querellantes, que en ambos casos habían considerado a los hermanos Ale responsables del delito de lavado agravado por haber sido cometido en banda. La UIF, representada por los abogados Martín Olari y Gabriel Merola, había pedido que la Chancha y el Mono fueran condenados a 20 años de prisión y multas por diez veces el monto de la operación de lavado que imputó a cada uno de ellos. El organismo había considerado al primero responsable de haber ingresado más de 10 millones de pesos al circuito legal, por lo que había solicitado una multa de 106.644.810 pesos; para el segundo, en función de un monto calculado en más de 12 millones de pesos, había pedido multa de 124.830.372. A su turno, la AFIP, representada por Lucía Trabadelo y Daniela Artaza, había solicitado prisión de 18 años para cada uno de ellos e idéntica multa económica.